El presidente de la república anunció el fin de semana pasado el inicio de la construcción de tres mil habitaciones hoteleras y un aeropuerto en Pedernales (EL Día, 31/8/20). Asimismo, confirmó que esa inversión pública se llevaría a cabo mediante asociaciones público-privadas (APPs). Aunque el presidente no anunció el tipo de contrato APP con el sector privado, sí confirmó que serían administradas por un fideicomiso.
La historia de la inversión pública en el país ha sido fundamentalmente en construcciones de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, caminos vecinales, monumentos, etc. Han sido pocos los proyectos de inversión pública que han perseguido potenciar el progreso técnico y la innovación del sector privado dominicano. Los pasados gobiernos no han estimulado la investigación y desarrollo en las firmas con el fin de lograr patentes; tampoco la inversión pública ha incentivado la mejoría de procesos de producción existentes en el sector privado, de la misma manera que no ha impulsado el logro de patentes con aplicaciones novedosas a partir del aprendizaje y su aplicación en procesos de producción.
Sólo algunos empresarios dominicanos, por su cuenta, han logrado avances importantes en la producción de bienes agrícolas; tal es el caso del cacao, cuya calidad y avances tecnológicos, logrados en su proceso de producción, merece el reconocimiento europeo, así como de los Estados Unidos, en cuyos mercados ha penetrado sin tratamientos arancelarios especiales, sino a fuerza de productividad, calidad y de competencia.
El progreso técnico del sector privado dominicano, en general, se concentra en lograr exenciones fiscales y obtener contratos especiales, entre otros beneficios. En cambio, en otros países de la región latinoamericana se han construido capacidades productivas que hoy posibilitan el acompañamiento de laboratorios internacionales en la producción de vacunas. Algunos países han desarrollado laboratorios domésticos capaces de integrarse a la cadena de valor de la producción mundial de vacunas contra el COVID-19.
República Dominicana es un país predominantemente formado por comerciantes, cuya riqueza proviene del intercambio comercial y, por eso, somos un país netamente importador de bienes y servicios, componente fundamental del déficit anual de la balanza corriente que a junio de este año es casi de US$3,000 millones a junio del 2020. El sector exportador de bienes industrializados es altamente protegido por las leyes impositivas y, sobretodo, desconectado productivamente del resto de los sectores productivos del país.
En materia legal, la tradición dominicana hasta ahora nos ha enseñado que a todo se le busca una salida y, en el caso extremo de que se llegare a los tribunales, el sistema político se ha encargado de tener sus jueces para lograr sentencias que aseguren los negocios y beneficios.
La experiencia acumulada por el gobierno en la administración financiera de proyectos de inversión pública (llevada a cabo por lo que era la Oficina Nacional de Planificación ⎯ONAPLAN, perteneciente al Secretariado Técnico de la Presidencia, luego convertido en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo⎯MEPYD), se desecha por la utilización de las APPs y, por supuesto, elimina competencias del sector público. En contraste, con la experiencia pública en la administración de proyectos, valdría la pena referirse a la experiencia internacional de las APPs en su rol de administradoras de proyectos de inversión pública.
En el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebradas en el mes de octubre del 2018, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Eurodad y Latinidadd, presentaron un informe sobre las APPs en todo el mundo, escrito por expertos de cuatro continentes y que exponen los impactos de las APPs: “…los impactos negativos de las APPs, que con demasiada frecuencia causan miseria para las comunidades locales, además de verse envueltas en casos de connivencia política-corporativa”[sic], de altos costos y poco transparentes revelan una larga historia de fracasos en el mundo (https://www.cadtm.org/Historia-Repetida-como-fracasan-las-asociaciones-publico-privadas).
Este reporte analiza 10 proyectos llevados a cabo en Colombia, Francia, India, Lesoto, Liberia, Perú, España y Suecia. Los sectores investigados corresponden a educación, salud, agua, saneamiento, energía e infraestructura y estos son algunos de los principales hallazgos en esos proyectos: a) “Todos los proyectos tuvieron un alto coste para el presupuesto público y un nivel de riesgo excesivo para el sector público y, por lo tanto, resultaron en una pesada carga para los ciudadanos”, b) “Nueve de los 10 proyectos carecían de transparencia y/o no consultaron con las comunidades afectadas, socavando la responsabilidad democrática”, c) “Cinco de los 10 proyectos impactaron negativamente en la población pobre, y contribuyeron a un aumento en la división entre ricos y pobres” y d) “Tres de los 10 proyectos APPs resultaron en graves impactos sociales y ambientales”.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha financiado en dos ocasiones el proyecto Castor en España, un proyecto de gas natural en altamar, por incumplir la realización de la diligencia debida (due diligence) para identificar los posibles impactos del proyecto; por ejemplo, las inyecciones de gas ocasionaron más de 1,000 terremotos y lo que es peor la planta nunca entró en operación. El público pagó a la empresa privada 3.28 millones de euros para su construcción.
El BEI también financió otra APP fracasada en Suecia. El hospital Nya Karolinska Solna (NKS) originalmente costaría a los suecos unos 1,400 millones de euros, pero terminó costando unos 2,400 millones debido a vicios de construcción de la empresa privada encargada de la obra. Asimismo, la empresa Bridge International Academies Ltd (BIA) a través del fondo Novastar y el BEI contribuyeron con el financiamiento de la construcción de un proyecto educativo en Liberia. BIA subcontrató la construcción de las escuelas primarias y guarderías en un proceso no competitivo, sin transparencia y sin consultar a la comunidad.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado recientemente un informe (http://www.counter-balance.org/auditors-expose-the-failure-of-public-private-partnerships-ppps-and-slam-eus-support/) en el que solicita al BM y al FMI que detengan la agresiva promoción e incentivo de las APPs, que ayuden a los países a encontrar un mejor método de financiamiento para los servicios públicos en infraestructura social y económica, que aseguren la gobernabilidad democrática antes de desarrollar los proyectos de inversión y que velen por la aplicación de los estándares rigurosos de transparencia.
Al sistema dominicano de adjudicación de la construcción de obras de infra-estructura le falta mucho para lograr transparencia y eficiencia. Se sabe que el sector privado ha participado en varios de los proyectos de construcción pública más escandalosos de la historia reciente del país y se sabe también que las empresas privadas aportan a las campañas políticas; por tanto, el país no está listo institucionalmente para colocar la inversión pública en manos del sector privado a pesar de la Ley 47-20; sobretodo sabiendo que su administración estará en manos de un fideicomiso, que es un mecanismo legal más opaco, que esconde el activo que administra de los accionistas, de las cuentas públicas y de las instituciones judiciales.
Las APPs son contratos que impiden el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, sobre todo cuando se administran a través de fideicomisos. Por eso, es preciso saber manejar las presiones políticas y los intereses particulares, para tomar decisiones que sean eficientes y transparentes que beneficien a la población.