Invasión, es el término que usaremos para identificar la Operación Power Pack, que fue el nombre dado por los planificadores estratégicos a la maniobra militar puesta en ejecución para invadir la República Dominicana el 28 de abril de 1965.
El 29 de abril, pero de 1963, se había promulgado en Santo Domingo la Constitución que según gran parte del pueblo, incluidos juristas, versados, y legos; ha sido una de las más progresistas que ha tenido la República.
Esta moderna Constitución fue impulsada por el Profesor Juan Bosch que había regresado de su exilio y ganado las primeras elecciones democráticas luego de ajusticiado el Dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bosch, era visto con ojeriza por los norteamericanos y las fuerzas remanentes del régimen recién decapitado, debido a su orientación izquierdista. Se sumaban a estas fuerzas adversas, una gran parte de los militares de la época, de la oligarquía, y de la cabeza eclesiástica. Es así como, parte de los disgustados con las nuevas ejecutorias de este gobierno, en conjunto, traman y ponen en ejecución un golpe de estado, que termina con la imposición de un gobierno provisional compuesto por un triunvirato civil.
A partir de entonces en todo el territorio nacional comienza a vivirse un clima de gran inestabilidad política por las disputas entre los rebeldes pro Bosch contra los pro golpistas y el sector militar de San Isidro. Estos hechos originan la guerra civil que se conoce como La Revolución de Abril de 1965.
Los hechos son historia, ahora nos concierne recordar los acontecimientos que marcan la invasión norteamericana y el papel jugado por la Organización de Estados Americanos (OEA), viniendo a cuento en ocasión de “la compensación” que a pedido del Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina, fuera aprobada a unanimidad, en el escenario del Cuadragésimo Sexto Período de Sesiones del organismo, celebrado en la capital dominicana. Al Presidente Medina le queda el lauro (independientemente del móvil) de haber sacado la cara por nuestro país, al solicitar y obtener el reconocimiento del organismo internacional de que República Dominicana, con su anuencia y patrocinio, fue victima de una agresión flagrante y abusadora a su soberanía.
La Junta Militar del sector de San Isidro, el día 28 de Abril solicita la intervención militar de los Estados Unidos, alertando sobre un posible triunfo de “los comunistas” . Esto no puede haber sido más que una treta planificada que sería excusa para llevar a cabo la invasión, pues de manera increíblemente rápida, ese mismo día se encontraba ya desembarcando en Santo Domingo el primer grupo de 42 mil marines estadounidenses encabezando las tropas de invasión, una fuerza que no se toma horas para conformarla. Se llegó más lejos, y, al Coronel Benoit, que encabezaba la mencionada Junta Militar, se le hizo rectificar la solicitud anterior, esta vez informando el peligro que corrían los ciudadanos estadounidenses en el país, lo que sería tomado como justificación para la acción bélica. Qué nos deja entrever esto? Pues que la invasión es ideada y liderada por los Estados Unidos de Norteamérica y nadie más.
¿Cuando y cómo entra al escenario la OEA? La respuesta, para entonces, estaba al discernimiento y vista de la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, pues la gran Comunidad Internacional reprobaba tales acciones. Por esto, a solicitud de los Estados Unidos se conforma en la OEA (ya con las fuerzas invasoras en Santo Domingo) una llamada “Fuerza Interamericana de Paz”, que sólo agregaba a las tropas estadounidenses unos pocos soldados de cada uno de los países que aprobaron tal solicitud. Como se puede advertir, se buscaba dar “legalidad” a la acción en contra de la soberanía dominicana.
Aún quedan rastros de retama en el paladar del pueblo dominicano, aún queda dolor por los miles de dominicanos muertos, por el desconocimiento de la Carta de la propia organización que legitima la invasión, por su historial de poca credibilidad en su accionar; y convencidos de que es exigua la compensación que hace la OEA. Pero nos queda la esperanza de que hechos como estos no se repitan, pues la soberanía es suprema, inalienable, y un derecho fundamental de los Estados de la Comunidad Internacional.