Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, la segunda, después de África. Las oportunidades sociales para trascender, tanto en el plano material, como filosófico-espiritual, están muy limitadas. Solo unos cuantos, y en base a su poder económico, son los que pueden tener un mejor acceso a condiciones de vida dignas y gratificantes.

Nuestras revoluciones democráticas, luego de intensos periodos dictatoriales, han estado encaminadas precisamente a viabilizar vías más efectivas para la consecución de los derechos humanos de todas y todos.

No obstante, es una realidad el hecho de que no hemos tenido éxito en esta importante lucha, salvo muy pocas excepciones en la región.

Los índices de violencia, por otro lado, son de los más altos. El 42% de los homicidios violentos se cometen en Latinoamérica, en franca violación a lo que establecen muchas de las constituciones políticas de la región: el derecho a vivir en paz y armonía de los ciudadanos.

Algunos ejemplos pueden ponerse, en nuestro caso, en los cuales se demuestra que ha habido un despertar ciudadano, un empoderamiento real para la crítica social y la exigibilidad de los derechos como ejercicio puro de ciudadanía. Solo me referiré, por su gran impacto, a la campaña militante que desde finales de 2010 se viene impulsando, desde todos los sectores sociales, porque se cumpla con lo que establecía la ley general de educación, la cual fue derogada de forma provisional por modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo a la Ley de Presupuesto del 2011, en lo que tiene que ver con el monto de la asignación presupuestaria (4% del PIB). En la actualidad solo se eroga un 1.80% del PIB a educación, en violación a lo que es la ley, y en violación a la Constitución de la República, para la cual el acceso igualitario a educación es un derecho fundamental que no puede ser coartado.

Como puede verse, los derechos, para que tengan real vigencia, deben ser exigidos, y de forma constante. No basta con partir del hecho de que nos han sido reconocidos ciertos derechos en las leyes y constituciones políticas, lo cual es ya de por sí importante, sino que el ciudadano/a debe estar siempre vigilante y exigir que se mantenga la vigencia de estos derechos, por medio de su activismo.

Recordemos que al final de cuentas de lo que se trata es de una lucha de poderes. Una lucha entre los que sustentan el poder político y económico y los "demás". Los que tengan mayor poder, y tengan los medios para ejercerlo, serán los que harán valer sus pretensiones y aspiraciones. Esta es la razón por la que el empoderamiento ciudadano es vital para el buen desenvolvimiento de una democracia. Sin el contrapeso de los ciudadanos/as en el gobierno de la democracia, la balanza se inclina a satisfacer los intereses de esa minoría dominante.

Comparto la visión de que los derechos humanos existen pero como conquistas sociales. Sobre todo porque son producto de esas luchas que se han librado a lo largo de la humanidad por hacer compatibles las pretensiones individuales con las del colectivo. Se han fijado una serie de límites en ese sentido, que el otro no puede traspasar, precisamente porque de no existir estos acuerdos, la vida en sociedad no hubiese podido desarrollarse.

El reto actual que tenemos, consiste en vincular cada vez más la práctica política al respeto por los derechos ciudadanos. Pero este empuje, esta lucha constante, le pertenece a la sociedad en su conjunto, como verdaderos soberanos del poder político. La historia nos ha enseñado que lo escrito en papel, solo escrito en papel está.