Los datos lo revelan: el sistema de pensiones impuesto en República Dominicana es la estafa del siglo, construido para el lucro de los más poderosos de la sociedad y no para garantizar protección social.
Siendo así, resulta inquietante por qué el Poder Ejecutivo se apresuró en presentar un proyecto de ley para modificarlo, cuando la Comisión senatorial a cargo del tema está aún en el proceso de crear los consensos básicos sobre el tema.
¿Con quién y mediante qué proceso de diálogo se ha elaborado un proyecto que, sin aviso previo, se anuncia ante la Asamblea Nacional?
Se debería tomar en cuenta qué papel están jugando en este escenario las AFP, que ya administran una cantidad de recursos superior al 11% del PIB y son acreedores de deuda pública superior a los 320 mil millones de pesos (a marzo de 2018). Esto ciertamente les da un inmenso poder económico y político. Podría también haber incentivos a que el Gobierno busque con afán reducir lo que las AFP cobran y se ganan producto del endeudamiento público, que en total ya ronda el 50% del PIB.
Haciendo una estimación en base a la comisión de 1.4% sobre los fondos de pensiones, propuesta por el Presidente, considerando los fondos existentes y suponiendo que el fondo crezca como en los últimos 4 años (19.6%), en 2019 el ingreso por comisión que verían las AFP llegaría a los 8,168.6 millones, superior en 1,127.6 de pesos a lo obtenido por las AFP en 2017. Así las cosas, entre 2019 y 2030, los ingresos por comisión crecerían a razón de 14.3% promedio anual, pasando de 8,168.6 millones en 2019 a 35,520.7 millones en 2030, logrando ingresos aún más descomunales ¿Cuál sería el gran avance de esta medida? Por esto es que varios expertos, de distintas posiciones, han dicho lo mismo: esto será un salvavidas para las AFP y los grupos financieros que ahora van a ganar aún más.
Esto supone un negocio aún más seguro y libre de riesgo para las AFP que no resolverá para nada la crisis del sistema de pensiones. Frente a los montos que se seguirán ganando las AFP, el ofrecido para las “pensiones solidarias” resulta pírrico.
Las AFP y la élite del país está empeñada en buscar subterfugios para no cambiar en nada sustancial el cuadro que se ha pronosticado por distintos organismos nacionales e internacionales: mantener las ganancias exorbitantes de las AFP, una sangría de cuantiosos recursos públicos a costa de los impuestos, pensiones de miseria para la gente, y un modelo mercantilista en lugar de verdadera protección social. Esto perpetuará la vulneración de los Derechos Fundamentales, de la Constitución, y seguirá atentando contra el bienestar y la paz social.
La solución a las pensiones no es hacer cambios superficiales, sino empezar con un debate serio, basado en el análisis científico y en los principios democráticos de participación abierta, plural e igualitaria, no entre cuatro paredes.
Casi todos los países que han padecido este modelo lo han revertido y transformado a fondo, tal y como recomienda el último informe de la OIT.
El camino debe ser desprivatizar, cambiar el esquema de capitalización individual por la solidaridad, y dar cobertura a la mayor población posible con estos inmensos recursos, universalizando la protección como han hecho la mayoría de los países a los que se les aplicó esta receta históricamente fracasada.