En el año 2013 se creó muchas y positivas expectativas en el sistema educativo, no sólo para los estudiantes sino también para sus administradores – autoridades y sindicato (ADP). Y ello así por buenas razones, en primer lugar, porque la lucha por el 4% es una realidad presupuestaria; el plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, se lleva acabo exitosamente; la construcción de 10 mil aulas suplirá parte de las necesidades físicas requeridas en el período; la concienciación colectiva opera a favor del sistema educativo y apoya sus actores. Entonces, superar los malos índices de la educación dominicana, es un imperativo y las condiciones están dadas.
Sin embargo, incomprensiblemente la ADP está poniendo en riesgo el año escolar con una posición tozuda, en justos reclamos salariales, pero con métodos y magnitud desproporcionados. Al reclamar solo derechos, la ADP erosiona su liderazgo y responsabilidad, dejando a un lado sus deberes. Creemos que la mejora salarial debe ser escalonada, al tiempo de que se aplique un programa de evaluación que tome en cuenta la preparación académica, experiencia docente, distancias a los lugares de enseñanza y responsabilidad en el estricto cumplimiento de los horarios de clases. No es posible que de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), la ADP reclame “engullirse” el 2% PIB solo en sus demandas salariales. En realidad, debieran reclamar mejora de las condiciones docentes: salarios, materiales educativos adecuados y suficientes, seguro médico, aulas adecuadas, pupitres, desayuno escolar, intercambios y visitas a otros lugares, atenciones de salud para los estudiantes, rutas de transporte, y sobre todo, un buen programa de educación continuada.
Si las autoridades educativas tienen la obligación de atender razonablemente los reclamos salariales de los maestros, también tienen la responsabilidad de exigir que, la satisfacción de esas demandas, deba traducirse en mejorar la calidad de la enseñanza, que los beneficiarios respondan a los estándares de calidad establecido por el Ministerio y que estén sujeto a evaluación continua.
Ahora bien, las discrepancias entre los actores del sistema educativo, solo perjudican a nuestros hijos, mientras se envía una mala señal al Presidente de la República Lic. Danilo Medina, que bien pudiera argüir que por la mala gerencia, se truncan los planes educativos del Gobierno no obstante el haber asignados los recursos reclamados.
El Gobierno no puede permitir que el año escolar fracase por la intransigencia de la ADP y ésta, a su vez, no puede dejar escapar la brillante oportunidad de mejorar la calidad educativa.
Da pena ver, como señaláramos en nuestro artículo del 7 de febrero pasado del cursante año que: en la “educación, los asuntos administrativos trastornan la visión”.