Inspirado en la reciente crisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el editorial de un periódico nacional retoma una vieja tesis sobre el financiamiento de la educación superior.
Según la misma, en vez de proporcionar recursos económicos a las universidades, especialmente a la UASD, lo que debe hacer el Estado dominicano es financiar al estudiantado, esto es, entregar los fondos al individuo que desea realizar una carrera de grado para estudiar en la institución de educación superior de su preferencia.
De acuerdo con este planteamiento el financiamiento al individuo:
1- Estimula a la competencia entre las instituciones de educación superior.
2- Contribuye a eficientizar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
3- Permite al Estado dominicano priorizar las carreras de prioridad nacional.
4- Promueve el ejercicio de la libertad del estudiantado.
Reflexionemos sobre estos cuatro argumentos. El primero incurre en una simplificación. El problema de la competitividad no es meramente una cuestión económica. Implica un marco legal y una atmósfera cultural favorable para ella. Reorientar el mecanismo del financiamiento hacia el individuo no hará la educación superior más competitiva, porque en este país el ciudadano común no ha interiorizado los principios de una cultura competitiva.
Por ejemplo, en Estados Unidos se encuentra muy arraigada la cultura de la competencia académica. Las universidades compiten por ser las mejores contratando a quienes consideran son los principales investigadores, luchando por los fondos de investigación, por la captación del estudiantado, por obtener los principales premios académicos, por estar entre las instituciones de educación superior mejor rankeadas. Por su parte, el estudiantado participa de esta competencia eligiendo las mejores universidades para estudiar y seleccionando los programas académicos considerados como los mejor calificados.
Por el contrario, en nuestra sociedad existe una cultura de evadir la competencia académica y aspirar a los títulos con el menor esfuerzo posible. El financiamiento individual en una cultura donde no está arraigado el espíritu de competencia académica promueve aquellas instituciones menos exigentes y más dispuestas a proporcionar un título con sólo estar al día en el pago, en detrimento de aquellas instituciones que aspiran a establecer un mínimo de exigencias.
El segundo argumento se refiere a la cuestión de la eficientizacion de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El problema al que se alude aquí es que la principal institución de educación pública de la nación muestra signos constantes de evidente incompetencia en la administración de los recursos, en la dirección de los procesos académico-administrativos -como la inscripción y la selección de las asignaturas por parte de su estudiantado que contribuye muchas veces a que permanezca más del tiempo estipulado estudiando en la universidad-, así como en todo lo concerniente con la gestión académica.
Este argumento contiene dos errores conceptuales implícitos: Por una parte, supone que una simple reorientación del presupuesto resolverá los problemas señalados en el párrafo anterior. Por la otra, exonera al Estado dominicano de su responsabilidad histórica en los problemas estructurales de la UASD.
Si bien es cierto que la ineficiencia de los procesos académico-administrativos responde a un modelo clientelista y carente de profesionalidad que elige con bastante frecuencia a los menos idóneos para dirigir a la primera universidad de América, lo cierto es que en nombre de una visión distorsionada del concepto de autonomía universitaria el Estado dominicano se ha hecho de la vista gorda, careciendo de una política académica que implique la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de la UASD, de unos criterios claros de hacia dónde debe proyectarse la misma y de una política de seguimiento y fiscalización de la administración de los recursos asignados.
El tercer argumento contiene implícito uno de los supuestos ideológicos más peligrosos para nuestra civilización: el dogma neoliberal de que la educación debe dirigirse con fines meramente productivos. La idea de “priorizar carreras de interés nacional” es un eufemismo para justificar que el Estado concentre su inversión en “carreras productivas”, es decir, aquellas que entrenan para formar mano de obra barata para el mercado. En este modelo no hay lugar para las disciplinas humanísticas, porque la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, la literatura, la crítica de arte y todas aquellas áreas del saber dirigidas a la formación de las personas no son “productivas”, no aumentan de modo directo la riqueza material de las naciones, por tanto son desde este esquema “no prioritarias”.
En un sistema de financiamiento individual el estudiantado seguiría escogiendo las profesiones que escogen hoy, las que considera económicamente rentables para su futuro. Si no existe la institución académica financiada desaparecerían las disciplinas dirigidas a la formación humana, al pensamiento reflexivo, a la sensibilidad social y artística. La necesidad del apoyo económico a las disciplinas no viables en el mercado justifica por sí solo el financiamiento estatal de la institución académica.
Finalmente, el último argumento parece ser el más convincente, porque parece más acorde con una sociedad democrática. Se dice que el financiamiento al individuo promueve la libre elección del estudiantado. Este argumento esconde de modo consciente o inconsciente unos compromisos perversos con la injusticia social.
Como se ha mostrado en naciones donde se ha implementado el sistema del financiamiento al individuo –el ejemplo último más destacado es Chile- las consecuencias de este modelo es el encarecimiento de la educación superior y su contribución al ensanchamiento de la brecha social. Cuando distribuimos los fondos limitados del Estado entre la población estudiantil activa, los recursos no alcanzan para que cada estudiante pueda costear la matrícula de una universidad, especialmente si es privada. Entonces, el estudiante tiene que lidiar con un déficit personal que se va acrecentando en la medida que las instituciones de educación superior aumentan cada año la inscripción o los créditos. La consecuencia es el endeudamiento estudiantil asfixiante con el sistema bancario para poder cubrir los estudios universitarios.
Otra consecuencia nefasta es que debido a la restringida capacidad de infraestructura de las principales universidades dominicanas, no habría acceso para cubrir la demanda estudiantil. Ante esta situación, estas instituciones tendrían que establecer exámenes de admisión con un cierto rigor. ¿Quienes estarían en mejores condiciones para aprobar estos exámenes? Los jóvenes que tuvieron acceso a la mejor educación secundaria. En este país sabemos muy bien quiénes son estos estudiantes: los hijos e hijas de la clase media y la clase media alta.
Por tanto, el sistema de financiamiento al individuo tiene como consecuencia última generar la paradójica situación de que el Estado, llamado a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y a estrechar la brecha social entre ricos y pobres contribuye a la exclusión e injusticia social al financiar a los hijos de los sectores más pudientes de la nación en detrimento de los individuos más necesitados.
Por consiguiente, no es el abandono del financiamiento a la institución la solución a los problemas de la educación superior de la nación dominicana, sino la asunción seria de una política de Estado en esta temática que lleve al establecimiento y aplicación clara de unos criterios de calidad internacional.
La pregunta de si el compromiso estatal es con el individuo o con la institución es una trampa. La obligación del Estado es con el individuo, pero a través de sus instituciones.