El gobernador del Banco Central Héctor Valdez, convertido en principal promotor de las “bondades” del modelo de crecimiento económico, durante este año ha realizado declaraciones relativas al eficaz desempeño de las actividades económicas sustentándose en “aumentos” progresivos del Producto Bruto Interno que inicio con 3.2 %, luego por un cambio de base en el método de calculo ascendió a 5.3 %, y reciente señalo que el crecimiento estaba en 7.2 %. El record es de 12.9 % a principio de la década 1970, para superarlo recordamos a la Dirección de Cuentas Nacionales del Banco Central, que la tasa debe llegar o superar el 13.0 %.
Recientemente el gobernador señaló “La economía va bien”. El mensaje subliminal es, pueblo no existen problemas importantes que afecten el mejor desempeño del proceso económico. Obviamente que esa conclusión es el resultado de un análisis muy parcial, debido a que seleccionaron los elementos macro económicos convenientes para que conjuntamente con el “notable” aumento de producto se estableciera un escenario que permitió justificar la positiva calificación. El gobernador “olvidó” incluir en el análisis los aumentos del desempleo, la deuda, el empeoramiento en la distribución del ingreso, irracionalidad del gasto publico y los déficits en la formulación y ejecución de los presupuestos públicos, elementos macro económicos de mucha importancia que cambian totalmente su planteamiento.
Además, un eficiente desempeño macro económico requiere que la política monetaria-cambiaria (Banco Central) este coordinada con la fiscal (Ministerio de Hacienda), y que ambas constituyan mecanismos para la consecución metas de un plan de desarrollo elaborado por el Ministerio de Economía. Para lograr esta adecuada articulación es necesario la existencia funcional de un Gabinete económico. La dispersión anárquica y la ausencia de planes con que operan las entidades gubernamentales no permiten esta necesaria coordinación, por lo cual el logro positivo expuesto por el gobernador es una utopía
La exactitud de algunas proyecciones del Banco Central con las realizaciones macro económicas, no resuelven problemas básicos económicos-sociales como: ausencia absoluta de planificación, desempleo, corrupción, desastre eléctrico, precariedades del recurso agua, deficientes servicios de; salud, seguridad socia y vivienda, confusión del sector educativo, pocos estímulos bancarios al ahorro y a las inversiones, entre otros.
Hace poco el gobernador sorprendió al señalar que “ese enorme crecimiento económico se concentraba en unos pocos sin beneficiar a la mayoría“. Esta afirmación es una realidad debido a que el modelo económico opera fundamentado en actividades altamente concentradoras del Ingreso Nacional, hermano gemelo del Producto Interno Bruto (PIB). El gobernador siempre llama la atención con respecto al crecimiento del producto pero calla con respecto a la proporción de pagos que ese crecimiento transfiere a los factores que lo originaron, siempre altamente favorables al factor capital, propiedad de pocos, en desmedro de los pagos al factor trabajo del cual depende el 99 % de las familias dominicanas.
Esta concentración del ingreso origina desigualdades económicas, sociales y rurales, que el gobernador no plantea, aumentando considerablemente la pobreza traducida para la población en: desempleados, desnutridos, insalubres, analfabetos funcionales, hacinados, criminalidad, sicariato, drogadictos, narcos, terrorismo generalizado. En definitiva la concentración del ingreso, es causa económica de la problemática social, por lo cual es imposible calificar que “la economía va bien” cuando la población esta muy mal, grave indicador para la estabilidad democrática.
René Descartes, filosofo del siglo 17 decía, “pienso, luego existo”. Nuestro sistema educativo no enseña a pensar, por esto somos fácil presa del engaño. “La autoridad” del Banco Central en lugar hacer calificaciones sobre bonanzas ficticias, debería influenciar e introducir en sus programas operativos acciones para que las gestiones gubernamentales no prosigan incumpliendo con la materialización del Estado de Derechos que la Constitución y la leyes asignan para convertir a los dominicanos en ciudadanos.