Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo “al normal rendimiento de la economía”, lo cual no es originado siempre por la extensión del patrimonio privado, en interés del bien común, el Estado “puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante “la conveniente indemnización”.
La sentencia no es hija de un discurso populista ni proviene de un líder comunista. Formó parte del mensaje radial de Pío XII, uno de los papas más conservadores de la historia, de septiembre de 1944, que citáramos en nuestra entrega de ayer. En Octagesima Advenies, años después, Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. El Evangelio, escribió, “al enseñarnos la caridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deberán renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”.
Surgía así el fundamento de lo que ha sido llamado después “opción por los pobres”, concepto que adquirió categoría importante en la Doctrina Social de la Iglesia en la reunión de obispos latinoamericanos de Puebla, México, y que Juan Pablo II delineara más detalladamente en su viaje posterior a Brasil. Opción que a juicio de ese Papa, es “una llamada a tener una abertura especial con el pequeño y el débil, aquéllos que sufren y lloran, aquéllos que son humillados y dejados de lado en la sociedad, para así ayudarlos a ganar su dignidad como personas humanas”.
Los temas sociales relacionados con la doctrina oficial de la Iglesia Católica dejan un campo muy amplio para el debate, a propósito de las demandas recientes de rompimiento del Concordato suscrito hace más de medio siglo entre el Vaticano y la tiranía de Trujillo, que entonces controlaba todos los aspectos de la vida nacional.