Hay disyuntivas infames que, por sus implicaciones, solo permiten una alternativa. Ese es el caso de la elección obligada entre seguir teniendo una educación mediocre y, en contraste, apostar por la excelencia a toda costa. Puesto que nuestros resultados educativos se han polarizado hacia la mediocridad, la política pública esta llamada a desterrar las practicas que han procreado ese vergonzoso fango. Hoy día deberá prevenir la indulgencia del MESCYT respecto a los requisitos de la formación de los docentes, evitando que se impongan los intereses mercuriales.
Ya somos conscientes de que nuestro sistema educativo figura entre los peores del mundo a pesar del descomunal aumento del gasto en educación hasta el 4% del PIB. Un veterano economista advirtió que entre 2013 y 2019 ese gasto, equivalente a RD$800,000 millones, no ha producido los resultados esperados en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Así lo demuestran los pobres resultados de las pruebas PISA, un estándar internacional de mucho prestigio en círculos académicos. Tal vez el ISFODOSU y el INAFOCAM no han tenido suficiente tiempo para impedirlo, pero es bien sabido que la calidad de los docentes es un factor clave para mejorar y que en la actualidad nuestros maestros dejan mucho que desear.
El reto de la calidad enfrenta hoy una declinante captación de estudiantes interesados en la carrera docente ofertada por 33 de las 46 universidades existentes. Frente a esta lúgubre realidad, resulta contraproducente que el MESCYT pretenda 1) impedir nuevos programas universitarios para futuros docentes y 2) rebajar los requisitos de las pruebas universitarias de admisión o eliminarlas por completo. Tales medidas van en contra el Pacto Nacional para la Reforma Educativa del 2014, el cual tuvo el apoyo de 190 organizaciones de la sociedad, incluyendo todos los partidos, los rectores universitarios y el MINERD. Esas medidas inclinarían la formación del docente hacia la mediocridad al neutralizar la Normativa 09-15 correspondiente.
El logro de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje implica y exige la mejoría de la calidad de los docentes. Eso no se puede pasar por alto, aunque muchas de nuestras universidades vean su financiamiento constreñido porque los aspirantes a la carrera no puedan pasar la prueba de admisión. Resultaría un mayúsculo absurdo que el remedio sea bajar la rigurosidad del examen de admisión o eliminarlo. EDUCA, la ong empresarial sobre educación, se ha opuesto tajantemente a que se cambie la Normativa 09-15 que establece los requisitos correspondientes. Lo mismo ha hecho Foro Socioeducativo y otras entidades concernidas.
En un reciente artículo, el exrector del INTEC Rolando Guzman señala que “la eliminación de un mecanismo de exigencia de entrada equivaldría a renunciar a la aspiración de calidad en la nueva generación de profesores que tendrán a su cargo la misión de contribuir a la mejora del sistema educativo. La intención debe ser, por el contrario, fortalecer las exigencias a lo largo del tiempo, con la esperanza de alcanzar un momento en que los aspirantes a profesores sean de los cerebros más brillantes en la población estudiantil.” El requisito de que las pruebas sean conformes con los estándares internacionales permitiría, además, la comparabilidad de los resultados.
El exrector sigue diciendo: “¿Cómo podemos proceder? Empecemos por reconocer que la prueba vigente no es necesariamente inasequible a nuestros estudiantes. La misma se aplica desde hace años como criterio de admisión a todas las carreras del INTEC y los resultados promedios no se apartan de los patrones de otros países o entidades donde también se usa. En el caso particular de los estudiantes de Educación, esa institución ya ha recibido varias cohortes, cuyas evaluaciones promedio en la prueba no se apartan de los resultados que obtienen los aspirantes a carreras como Medicina o Ingeniería.” De ahí que eliminar la prueba o bajar sus requisitos equivaldría a introducir una excepcionalidad contraproducente para la carrera docente, una inaceptable tolerancia que militaría perversamente en contra de los objetivos de la calidad educativa.
Según EDUCA existen formas de reconfigurar –de ser necesario– la formación de los docentes para lograr los objetivos del Pacto, pero las mismas deben resultar de una amplia discusión de las nuevas opciones. Esa misma posición la han externado muchas otras instituciones de la sociedad civil, incluyendo la ADP. Para revertir esa situación tanto el MINERD como la ADP deben colaborar estrechamente, asumiendo la ADP un rol mas proactivo del que hasta ahora ha tenido. El más interesado en cambiar la situación de mediocridad de los resultados educativos debería ser el gremio de los docentes en tanto esos resultados denigran su credibilidad y prestigio.
Felizmente, el MESCYT ha escuchado la preocupación de la comunidad educativa y ha convocado un dialogo para debatir los posibles cambios que serian introducidos a la Normativa 09-15. “La decisión fue adoptada luego de una reunión celebrada con las organizaciones universitarias, donde se acordó crear una comisión interinstitucional que realice el estudio necesario para crear las políticas del sector basadas en el espíritu de justicia y ejecutar las mejoras necesarias.” Es previsible que el dialogo sea polémico y acrimonioso, tal y como lo ha sido el debate sobre el tema de la equidad en las pruebas de admisión universitaria en todo el mundo.
Perseguir la excelencia de los resultados educativos demandara la adopción de una estrategia creativa que incluya la diferenciación de los requisitos para los aspirantes a una carrera educativa para que sean más exigentes que los aplicables a otras carreras. Son múltiples las políticas que deberán introducirse, pero basta con identificar aquí algunas intervenciones que, articuladas y aplicadas con inteligencia y tesón, podría propiciar el desarrollo de un perfil académico adecuado para lograr la calidad de la docencia. Aunque los costos sean mayores a los actuales, el supremo objetivo de la calidad de la docencia amerita reconfigurar el gasto educativo para que se concentre en la superación de la mediocridad de los resultados educativos. Ya la prioridad no es la construcción de nuevas escuelas sino la calidad de la enseñanza y en eso es que debe concentrarse una gran proporción del gasto.
Una primera medida debería ser el incremento de la compensación salarial y los otros beneficios de los docentes. Por si sola esa “dignificación de la profesión” no garantiza que se puedan conseguir “los cerebros más brillantes” para someterse a la preparación más rigurosa, pero ciertamente atraería la atención de la masa estudiantil. Por otro lado, la preparación más rigurosa podría comenzar por la educación secundaria a fin de preparar mejor a los aspirantes a la carrera universitaria. Podría, por ejemplo, pedírsele a los estudiantes de ese nivel que manifestaran su vocación docente y estuvieran dispuestos a cursar un propedéutico especial durante su último año de secundaria. Alternativamente, el mismo podría cursarse después de la graduación y durante los tres meses subsiguientes de las vacaciones del verano, aun si durante ese tiempo deban cubrirse los gastos de los aspirantes.
El propedéutico, por supuesto, debe estar orientado a la prueba de admisión universitaria. Pero no serian las universidades sino la ADRU y la ADOU las que asumirían la responsabilidad por su diseño e implementación. Una vez superada la prueba se puede pensar en que las universidades ofrezcan, con financiamiento estatal, un ciclo básico remedial para favorecer a los estudiantes más desventajados. Las universidades tendrán tambien que diseñar un programa para que sus propios docentes se esfuercen en conseguir buenos resultados entre los estudiantes de la carrera docente. Los incentivos que se le ofrezcan podrían estar sujetos a los resultados de una prueba de calificación administrada al final de la carrera, además del Concurso de Oposición Docente que ha estatuido el MINERD. Finalmente, los graduados deberán insertarse en un programa de mejora continua del magisterio a ser cursado durante toda su carrera profesional.
Los pros y los contras de estas y otras medidas deberán ser debatidos en el dialogo ya convocado por el MESCYT. La nueva estrategia de formación docente costará mucho más porque las mayores exigencias comportan mayores costos. Pero sus resultados deberán responder mejor al escurridizo logro de la calidad educativa.