El pasado 2 de marzo, el reverendo Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), afirmó que “en la República Dominicana, aunque hay libertad religiosa, no hay equidad, y no existe la igualdad religiosa” (Diario Libre, entrevista en Diálogo Libre, con Yvonny Alcántara y Nikaury Arias).  El presidente del CODUE citó casos concretos de cómo el Estado discrimina a los Evangélicos y demás denominaciones religiosas.

Los principales argumentos del reverendo Lorenzo giran alrededor de dos supuestos fundamentales. Primero.  Las religiones tienen derecho a ser financiadas por el Estado, siempre y cuando representen un número alto de la población.  El CODUE argumenta su derecho al erario público en base a que se dicen representar del 22% al 30% de la población dominicana.

Segundo.  El Concordato del 1954 no es Constitucional.  El SR. Lorenzo asegura que “no les molesta que el Estado haya firmado un acuerdo con el Vaticano, el Concordato”.  Pero dice que “al tener que subsidiar absolutamente a la iglesia católica en todas sus estructuras, programas y jerarquía” perjudica la práctica de otros grupos de fe.  Según el Reverendo, las iglesias deben recibir fondos del Estado, “porque realizan un rol que debe ser responsabilidad del Estado”, enfatizando que “como ciudadanos tenemos derecho…La libertad religiosa debería implicar que a mí también se me den las condiciones óptimas para yo reunirme y practicar mis creencias que no ofenden a la sociedad”.  Además, el Pastor Lorenzo critica el Concordato, y ha escrito al Presidente de la República para que sea revisado, “porque establece un fuero jurídico para los funcionarios de la iglesia católica que cometen algún delito.  Aunque sean encontrados infraganti, no pueden ser juzgados y condenados en el país, tienen que ir al Vaticano".

Si bien coincidimos con el CODUE en que el fuero jurídico para los funcionarios de la Iglesia ha tenido un impacto devastador en la justicia dominicana y que no existe igualdad para las denominaciones religiosas no-católicas, no coincidimos en su solución porque él no considera el conjunto de la población no creyente, o que no se asocia a ninguna religión, o que constituyen grupos minoritarios.   En vez de un Estado Laico, como plantea la Constitución Dominicana, el CODUE quiere establecer un Estado Pluri-religioso.  Aunque los religiosos pueden hacer funciones que debe hacer el Estado, como argumenta el reverendo Lorenzo, también lo hacen todas las ONGs y organizaciones internacionales que buscan un fin social y no tienen derecho para demandar la financiación del Estado.   Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, donde la Constitución le prohíbe al Congreso establecer Iglesias estatales, los grupos religiosos u ONGs con agenda política, pierden su estatus jurídico y deben pagar impuestos.

El reverendo Lorenzo también afirma que existe libertad religiosa pero no igualdad.  De facto, los principios de libertad e igualdad son los dos pilares de los derechos humanos.  Cuando no existe igualdad, se reduce la libertad.  Estos principios son inseparables.  La crítica del CODUE se desnaturaliza porque quieren hacer lo mismo que hace la Iglesia Católica:  violar los derechos de toda la ciudadanía al utilizar el dinero del Tesoro Nacional para actividades proselitistas religiosas.

Los “abusos” del Estado según el CODUE 

1)  Mientras el Estado financia los colegios católicos, no financia los colegios evangélicos.  El reverendo Lorenzo argumenta que el Estado financia con “grandes cantidades” a los centros de enseñanza Católicos.  Añade, que a pesar que estos cobran más que los evangélicos, los 800 centros evangélicos están fuera de la cogestión.  Ignoramos si el Señor Lorenzo se refiere a unos 170 mil estudiantes de colegios católicos, que según declaraciones del Cardenal Cardenal López Rodríguez (Diálogo Libre, 11 de febrero del 2013) participan en un programa “semi-oficial”, según el cual, la iglesia mantiene la dirección, y el estado paga el costo más alto, los docentes.

2)  El Estado se ha negado a establecer una relación Iglesia-Estado como la que existe con la Iglesia Católica a través del Concordato.  El  reverendo describe la relación Estado-iglesia evangélica como “informal”, y según las periodistas que lo entrevistaron, se lamenta que no exista en el país una ley de instituciones religiosas:  “Nosotros hemos sometido al Congreso hace ya mucho tiempo, una ley de instituciones religiosas, para que nos permita tener una normativa sencilla, que también le va a permitir al Estado poder gerenciar lo que es el servicio que hace la comunidad evangélica, y hasta eso da brega aquí, conseguir que en el Congreso se apruebe”—el CODUE está regulado por la Ley 122-05, de Organizaciones No Gubernamentales.

Según el CODUE, La causa de la discriminación de los Evangélicos es porque a los políticos les conviene la relación informal.  “Porque a los políticos les conviene mantener la iglesia bajo esa condición para ofertar pesetas y dádivas a algunos que no están claros de su rol, y así pueden capitalizar políticamente”, explicó el reverendo Lorenzo.  Según las reporteras, el reverendo defendió la labor social de los pastores, y reveló que el 80% no cobra sueldos.

3) El CODUE quiere que el Estado intervenga en sus asuntos internos impidiendo la formación de Iglesias que ellos no autorizan.  "Ninguna iglesia organizada ordena un pastor que no haya pasado por el seminario, por eso es que nosotros empujamos a la legalidad, si tenemos una ley de instituciones religiosas que establece parámetros, hoy no tuviéramos ese problema [que muchas iglesias se forman a vapor y cualquiera se declara "pastor"], pero el Estado no colabora con eso".

Podemos añadir que el Estado no puede intervenir en los asuntos internos de las Iglesias porque violaría la libertad religiosa de cada uno de los evangélicos.  Tampoco puede el Estado de Derecho imponer creencias en sus escuelas, cuyas funciones son las de enseñar a razonar, no adoctrinar; enseñar los derechos y deberes cívicos y ciudadanos, comunes para toda la población, no dogmas de grupos que necesariamente son sectarios.  De aquí que cuando el Estado impone los preceptos y doctrinas de una religión en las escuelas públicas, viola la libertad religiosa del resto de la población viola además los Derechos del Niño, definidos como derechos universales para menores de 18 años de edad de ambos sexo.  Esto así porque la infancia y la juventud tienen personería jurídica, y libertad de conciencia; desde que tienen discernimiento, no pueden ser forzados/as a seguir la religión ni los partidos políticos de sus padres.

La Republica Dominicana ha llegado al extremo de que es prácticamente imposible para las familias seleccionar una educación que no sea dogmática y sectaria.  He recibido correos y comentarios de padres y madres que no quieren educación religiosa para sus hijos/as y no encuentran escuelas laicas.  En mis indagaciones, solamente he podido identificar dos colegios privados laicistas para clase alta, el Colegio Horizon y el Carol Morgan; ambos prohibitivos para el 99% de la población.

La frustración del Reverendo Lorenzo es comprensible, cuando se compara con el trato preferencial que tiene la Iglesia Católica Romana en República Dominicana.  Mi sugerencia es que busque el diálogo con otros evangélicos que promueven la separación de Iglesia y Estado y el respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía, dentro y fuera de la Republica Dominicana.  Mi otra sugerencia, es que no amenace a los políticos con negarles el voto de sus creyentes; déjele los chantajes a los que se creen estar por encima de los poderes del Estado.

El próximo martes continuaré con este tema, enfocando la propuesta del CODUE para modificar el Concordato con el Vaticano.