Organizando archivos ha caído en mis manos un artículo que publiqué hace 13 años, y volviéndolo a leer llego a la conclusión de que en más de una década hemos avanzado poco, como sociedad, en algunos aspectos fundamentales y elementales y que por el contrario muchos aspectos de nuestra vida institucional han ido en retroceso. Hoy, como en aquel tiempo, sigo creyendo que vivimos una crisis de autoridad y de irresponsabilidad ciudadana que nos coloca bajo una dictadura: La dictadura del padre de familia.
En los últimos dos lustros, se ha puesto muy de moda el término gobernabilidad, para referirse al conjunto de factores conjugados que propician el ejercicio de la dirección del Estado dentro de las normas constitucionales vigentes, y en el marco del debido equilibrio entre el interés general y el interés de cada sector social o individuo particular. Creo, sin temor a equivocarme, que una de las razones determinantes de lo difícil que resulta para el Estado el ejercicio de su mandato, la constituye el escaso grado de educación ciudadana o de conciencia social de una gran masa de nuestra población, que entiende que sus problemas particulares o de grupo, deben ser solucionados aún en detrimento de los intereses de los demás, recurriendo siempre a procurar la salida más fácil, "mediante la intervención del superior gobierno", o del "Honorable Señor Presidente", todo en mérito del inmenso poder que les atribuye su condición de "padres de familia".
Así las cosas, a veces da impresión de que en el país, por encima del ordenamiento constitucional y adjetivo, por encima de los poderes del Estado y de las más elementales normas de convivencia y equidad, impera una férrea dictadura: La dictadura del padre de familia.
El padre de familia instala un taller de mecánica en plena acera, forzando al ciudadano a caminar por las calles, corriendo el riesgo de ser atropellado por otro padre de familia que conduce a exceso de velocidad, sin licencia, sin seguro y sin frenos.
El padre de familia invade propiedad privada en reclamo a su derecho a techo propio para sus hijos; construye en las áreas verdes e instala sus negocios en isletas de parques y avenidas, en entradas de escuelas y hospitales; y fomenta paradas de guaguas, automóviles y motoconchos, puestos de venta de comida, objetos de contrabando y libros y películas pirateadas en cualquier intersección de vías, impidiendo su uso natural y colectivo e infringiendo la Ley ante la mirada indiferente de la ciudadanía y las autoridades.
El padre de familia invade la privacidad y la tranquilidad de los demás con sus pregones amplificados o con su música estridente desde bares, automóviles y colmadones; el padre de familia da sus hijos en alquiler para pedir en los semáforos.
El padre de familia no paga luz ni agua; desforesta, caza y pesca sin respetar veda; odia la palabra salario pero adora los términos "subsidios", "ayuda" y "solidaridad".
Todos somos, a diario, testigos de excepción de que los padres de familia no respetan semáforos ni señales de tránsito.
En fin, el padre de familia desafía la autoridad, incluyendo vías de hecho, y si la autoridad es la víctima, el padre de familia es cargado en hombros y reconocido como "líder comunitario", en trámite de Regidor o Diputado. Si es el caso contrario, sumariamente se crucifica la autoridad por "abuso de poder".
Un Presidente de la República es sólo un mandatario de todos, como de todos y no sólo de él, es la responsabilidad de facilitar la gobernabilidad anteponiendo a los intereses particulares o de grupos, el interés colectivo, lo que nos impone a todos, gobernantes y gobernados, una responsabilidad solidaria que propicie unos mayores niveles de educación y de respeto al orden establecido.