Como vimos en el artículo anterior, Trump ganó los mayores porcentajes del voto religioso -tanto católico como evangélico- jamás logrados por un candidato republicano en elecciones presidenciales, lo que significa que el nuevo presidente de EEUU tiene una deuda política enorme con ese sector. Esos grandes márgenes fueron en parte producto del pavor suscitado por las posiciones de Hillary Clinton entre los conservadores religiosos, pero también fueron producto de las múltiples promesas electorales de Trump –tanto a los líderes evangélicos que lo apoyaron abiertamente durante la campaña, como a los obispos católicos a los que en junio pasado dirigió una carta repleta de promesas electorales.
A los obispos hubo que cortejarlos con algo más de discreción –y su apoyo a Trump fue también más disimulado- debido al conflicto de interés que les generaba el radicalismo anti-hispano y anti-inmigrante del entonces candidato presidencial. Después de todo, su jefe, el Papa Francisco, es un gran defensor de los migrantes y refugiados, amén de que los hispanos –tanto nativos como migrantes- se están convirtiendo en la columna vertebral de la Iglesia estadounidense, cuya crisis actual ha llevado a una pérdida acelerada de feligresía blanca.
¿Y qué fue lo que les ofreció Trump? En primer lugar se comprometió a nombrar en la Suprema Corte a jueces dispuestos a derogar las sentencias que legalizan el aborto y el matrimonio igualitario, los dos temas que obsesionan a los conservadores religiosos. Ya existe una vacante en la Corte que Trump y los republicanos llenarán de inmediato, pero la avanzada edad de varios otros jueces abre la posibilidad de que el nuevo presidente pueda nombrar una Corte plenamente dominada por reaccionarios ansiosos de revertir la jurisprudencia en éstas y otras cuestiones constitucionales, como son las referidas a los derechos de las minorías raciales, los migrantes, etc.
Trump también le prometió a la derecha religiosa apoyar las iniciativas dirigidas a proteger la supuesta “libertad religiosa” de quienes desean discriminar a las personas LGBT -o negar servicios médicos y anticonceptivos a las mujeres- sin las molestosas restricciones legales actualmente en vigor. La “libertad religiosa” es un concepto engañoso y difuso, promovido por la conferencia de obispos católicos de EEUU como estrategia política para evadir la cobertura anticonceptiva incluida por ley en los seguros de salud de sus miles de empleadas (en parroquias, escuelas, universidades, hospitales, etc.). También sirve de pretexto para seguir negando abortos terapéuticos, esterilizaciones quirúrgicas y otros servicios médicos en sus hospitales, que actualmente representan una sexta parte de todos los centros de salud del país.
Los prestadores de servicios de los hospitales católicos tienen prohibido realizar estos procedimientos, aún cuando los consideren necesarios para salvar la vida de la mujer –como por ejemplo, cuando por razones médicas ésta no debe embarazarse de nuevo, o cuando se requiere un legrado para extraer un feto muerto o que no va a sobrevivir, o cuando el embarazo amenaza la vida de la mujer, etc. Las normas católicas tampoco permiten que los prestadores de servicio refieran estas mujeres a otros hospitales para recibir las atenciones requeridas, aún cuando sus vidas dependan de ello.
Si la reciente designación del congresista Tom Price como Ministro de Salud es indicativo del camino que transitará el nuevo gobierno en materia de salud y derechos reproductivos, el panorama pinta lúgubre. Este opositor acérrimo de la reforma de salud del actual gobierno (Obamacare) ha manifestado públicamente su desacuerdo con que la cobertura de los seguros de salud incluya cualquier servicio anticonceptivo porque, a su juicio, en los EEUU no hay mujer alguna que no los pueda cubrir de su propio bolsillo. Hace algunos meses, este miembro del Tea Party sometió al Congreso un proyecto de ley que permitiría a los empleadores despedir a cualquier empleada que utilice anticonceptivos o se realice un aborto, si estas prácticas personales y privadas “ofenden” las convicciones religiosas del empleador. Los obispos católicos y sus colegas evangélicos de seguro estarán de plácemes con la designación de Price, cuyas propuestas llevan la noción de “libertad religiosa” a niveles francamente demenciales.
Además de eliminar el sistema de seguros de salud de Obama y prohibir la cobertura anticonceptiva a las aseguradoras en sentido general, la derecha religiosa está presionando a Trump para que elimine los subsidios federales a la ONG Planned Parenhood, actualmente la principal proveedora de servicios de salud reproductiva para mujeres pobres en los EEUU (esta ONG se concentra en la provisión de métodos anticonceptivos, la atención de infecciones de transmisión sexual y la detección de cánceres ginecológicos, representando el aborto menos del 5% de los casos atendidos). La derecha también pide la promulgación de las diversas leyes de “libertad religiosa” introducidas en los últimos años al Congreso por los republicanos, incluyendo una que permite a cualquier proveedor de salud, en cualquier institución pública o privada, negarle a las mujeres cualquier procedimiento médico “que ofenda sus convicciones religiosas”.
En lo que respecta a los derechos de las personas LGTB, además de eliminar el matrimonio igualitario y las restricciones legales a cualquier forma de discriminación en nombre de la “libertad religiosa”, la derecha espera que, hasta donde le sea posible, Trump revoque todas las medidas promovidas por el gobierno de Obama a favor de ese sector. Esto incluye, de manera particular pero no exclusiva, las normas federales que obligan a las escuelas públicas a permitir que los estudiantes transgénero utilicen el baño que corresponde a su identidad de género y no a su sexo biológico.
La agenda de la derecha religiosa no se limita al ámbito nacional sino que se espera también tenga un impacto significativo a nivel internacional. En lo que respecta a los derechos de las mujeres, los líderes religiosos confían en el retorno de la “Ley Mordaza”, aplicada por los gobiernos republicanos desde la época de Reagan. Esta medida prohíbe al gobierno federal prestar asistencia económica a cualquier entidad fuera del territorio de EEUU que, en el contexto de los servicios de salud para las mujeres, siquiera mencione la palabra aborto, aún en aquellos países donde el procedimiento sea legal. Igualmente harán lo posible por revertir los avances logrados por los gobiernos de Obama en la promoción de servicios anticonceptivos, educación sexual escolar y otras medidas que ofendan la sensibilidad religiosa de la ultraderecha.
Pero sin duda el principal objetivo, tanto de los católicos como de los evangélicos, son las normas internacionales de derechos humanos que protegen tanto los derechos de mujeres y niñas como de personas LGBT. Hace apenas unos días fracasó por estrecho margen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el intento de gobiernos africanos, integristas islámicos, el Vaticano y Rusia de revocar el nombramiento de un Relator Internacional para monitorear las agresiones y las violaciones de derechos a personas LGBT. Cuando Trump asuma el poder y el gobierno de EEUU cese su vigilancia y abogacía internacional a favor de las mujeres y los LGBT, los fanáticos religiosos de todo el mundo redoblarán sus esfuerzos represivos, ya sin temor a las críticas o represalias –y probablemente con el apoyo decidido- de la nueva administración.
Todo lo anterior permite entender la euforia que embargó a la ultraderecha local cuando se conoció el resultado de las elecciones estadounidenses. Empoderados por la reacción conservadora que llevó a Trump al poder y fortalecidos con el apoyo de sus socios estadounidenses, sin duda veremos una intensificación de los esfuerzos por detener o hasta revertir los escasos avances logrados por los movimientos de mujeres y LGBT en la República Dominicana. Que dios nos agarre confesaos.