En el año 2017 República Dominicana ingresó a la desafortunada lista del ¨top 10¨ entre los 182 países más afectados por desastres según la evaluación del Índice de Riesgo Climático Global. Durante el citado período el país registró 49 eventos naturales con 2.32 muertos por cada 100,000 habitantes y US$ 243.5 millones en pérdidas anuales promedio.
Estimaciones del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo indican que las pérdidas totales provocadas por las intensas lluvias del período noviembre 2016-abril 2017 y por los huracanes Irma y María de septiembre 2017 en la República Dominicana ascendieron a unos RD$49,837.4 millones, equivalentes a unos US$ 1,044.4 millones. Estos montos representan un 1.5% del PIB del año 2016 y aproximadamente del 8% del gasto público presupuestado del año 2017.
Hoy, Día Internacional de la Reducción de Desastres, este año dedicado a las pérdidas económicas causadas por desastres, Oxfam y el Foro de Gestión de Riesgo de Desastres han lanzado el informe “La deuda eterna de República Dominicana con la prevención de desastres”. El citado informe pone de manifiesto la necesidad de una política fiscal que apueste a la prevención ya que según datos de Naciones Unidas un peso invertido en prevención supone un ahorro de 5 a 9 en la respuesta.
Ante esta realidad, resulta imprescindible en un país altamente vulnerable como la República Dominicana, aumentar la inversión; para el año 2018 el gobierno de República Dominicana apenas está dedicando 10 centavos de cada 100 pesos (0.1%) de su gasto total en programas y medidas que procuren incrementar resiliencia, que no es más que la capacidad de mujeres y hombres para hacer valer sus derechos y mejorar su estado de bienestar a pesar de las crisis y la incertidumbre.
Las políticas fiscales basadas en la respuesta no solamente son ineficientes, sino sumamente caras para la población contribuyente. Solo para enfrentar los daños causados en las zonas afectadas por las lluvias acaecidas en el país entre noviembre 2016 y abril 2017, el Gobierno central tuvo que buscar prestado RD$ 12,000 millones [0.3% del PIB] entre el Banco Central y el Banco de Reservas-. Solo por este concepto, el balance financiero del gobierno central registró un déficit superior en casi un 16% del esperado al cierre de las cuentas fiscales del año 2017. En este sentido, queda demostrado que la ausencia de una adecuada política de reducción de riesgo a desastre contribuye a incrementar los niveles deuda pública que cada vez son más preocupantes en el país.
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para acceder a mecanismos de financiación de contingencia para casos de desastre, ni la Ley 243-17 de Presupuesto General del Estado del año fiscal 2018 ni el proyecto general presupuesto del Estado previsto para el año fiscal 2019 reconocen o asignan recursos para el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre, mecanismo creado por la ley de gestión de riesgos para canalizar las inversiones en reducción de riesgo y que no puede contribuir a alcanzar sus objetivos por ausencia de financiamiento público.
Un país como República Dominicana no puede permitirse esta deuda, hasta hoy eterna, con la prevención de desastres. Los estudios de Oxfam muestran que, si existiese voluntad política, tan solo ajustando partidas como publicidad y propaganda, viáticos y los recursos del ¨5% a disposición¨ del Presidente de la República se podría multiplicar por tres la inversión pública en gestión de riesgos ante desastre, sin tener que recurrir a nuevos préstamos para financiar estas políticas.