Hace exactamente un año en este mismo periódico y con el mismo motivo: recordar que el trabajo infantil es una realidad latente en nuestro país, compartíamos las cifras que desde 2014 nos cuantifican el trabajo infantil. Más de 360,000 niños y niñas, un 12.6% de la población infantil y adolescente, esto sobre datos del Censo de 2010.
Pero 12 meses después siguen siendo cifras, probablemente con un subregistro importante, pero números y tasas. En este tiempo no se han identificado desde el Estado esfuerzos adicionales por mitigar esta realidad, que además de ser una violación a los Derechos de la Niñez, es el producto directo de una pobreza con sólidas raíces instalada como normalidad en una buena parte de nuestra población. Ninguna medida adicional de política pública o de protección social a las familias con mayor presión de necesidades económicas, a pesar del compromiso del Estado plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo de eliminar el trabajo infantil para 2030 y reducirlo considerablemente para 2020.
Niños y niñas que además no han tenido docencia virtual que simplemente han perdido estos meses de aprendizaje, algo crítico si partimos de la base de que estos niños y niñas ya traen consigo un fuerte déficit de aprendizaje por un sistema que no ha primado la calidad frente a la cantidad.
De la misma forma la sociedad en general parece ajena a este drama, quien se considere que vive en un país de progreso y abundancia porque tiene acceso a bienes y servicios de pago de calidad vive sin duda en una completa negación social, de país y de bien común. Niños y niñas se pasean por las calles limpiando zapatos, vendiendo o pidiendo, lo que para muchos de nuestros conciudadanos es un estorbo visual. Pero también los vemos, si queremos mirar, en los campos y conucos, en los talleres de vehículos o en los colmados.
Para los que en nuestra sociedad consideran que la desescalada iniciada el 20 de mayo es la vuelta, no a la normalidad, pero si a la cotidianidad, donde aparentemente la recuperación nacional se dará cuando los negocios de ocio vuelvan a abrir sus puertas, están de nuevo frente a la ceguera social.
El mayor impacto del COVID-19 en el país es de tipo económico, solo como ejemplo cientos de miles de familias han perdido sus medios de vida, no de manera coyuntural, sino definitiva. Estas familias como siempre pertenecen a economías de supervivencia donde niños y niñas van a pasar a jugar un rol fundamental para su particular proceso de recuperación. Niños y niñas que además no han tenido docencia virtual que simplemente han perdido estos meses de aprendizaje, algo crítico si partimos de la base de que estos niños y niñas ya traen consigo un fuerte déficit de aprendizaje por un sistema que no ha primado la calidad frente a la cantidad.
Estos niños y niñas serán en esta recuperación las nuevas víctimas de esta crisis, porque las tasas de trabajo infantil aumentarán, aunque el subregistro se mantenga, porque aportar en a la economía del hogar será prioritario, avalado además por la pérdida del proceso educativo y la supervivencia diaria.
Cualquiera que sea el Gobierno que el conjunto de la sociedad elija en el próximo mes, este ha de enfrentar los retos y efectos de la crisis en la niñez o la violencia contra esta seguirá una escalada de aumento. La sociedad seguirá siendo parte activa y pasiva de la deuda que acumulamos con cientos de miles de niños y niñas en nuestro país, en tanto no sea capaz de mirar y ver nuestra verdadera realidad y actuar en consecuencia.