Bien es sabido que los sueldos en el sector privado son determinados por criterios de competencia, capacidad, experiencia e importancia del puesto que ocupa el personal contratado. En este contexto el sueldo y los beneficios colaterales que lo acompañan se convierten en un aliciente para que las metas y compromisos atribuibles al cargo se cumplan con suficiencia y eficiencia.
Los criterios de equidad, igualdad, austeridad no son aplicables en este contexto donde predomina la búsqueda de la ganancia por encima de todo, incluso por encima del cumplimiento de la responsabilidad social empresarial con la que algunas empresas tratan de edulcorar su misión existencial.
En la administración privada se acepta sin ningún cuestionamiento el libre juego de la oferta y la demanda en fijación de las políticas salariales. Pero los mismos criterios no deben regir en la administración pública donde se supone que se va a servir y no a servirse. Tan en serio se tomaba esta aseveración que antes teníamos cargos públicos honoríficos que no le costaban nada al contribuyente ni mermaban el presupuesto nacional, como alcaldes y regidores, los mismos que ahora nos cuestan un ojo de la cara y la mitad del otro.
Para muchos ser político significa un pasaporte directo a tener la vida solucionada durante cuatro años o de por vida a través del ejercicio de una función gubernamental, muchas veces sin una preparación que justifique el cargo o una veteranía profesional que los avale
Por tanto, el que quiera vivir súper bien y agigantar en su estilo de vida la brecha personal que lo separe del común de la gente, debe optar por irse al campo privado y acogerse a sus normas de selectividad y competitividad, y así ganarse verdaderamente el sueldo que desean devengar.Pero el que quiera trabajar como servidor público no puede proveerse de privilegios que los demás mortales no tienen.
Para muchos ser político significa un pasaporte directo a tener la vida solucionada durante cuatro años o de por vida a través del ejercicio de una función gubernamental, muchas veces sin una preparación que justifique el cargo o una veteranía profesional que los avale.
Es por eso que los dominicanos menos afortunados viven con una permanente ira contenida que un día explotará en las calles y ciudades, pues mientras observamos un festival de elevadas pensiones vitalicias para los funcionarios de arriba, ex directores de instituciones, ex secretarios, expresidentes de la República, ex funcionarios de la Justicia ex directores de entidades del Estado, la mayoría de servidores públicos de abajo cuando son pensionados no saben qué hacer con la exigua asignación con que son despachados para su casa.
En este contexto, los altos emolumentos que ganan nuestros funcionarios constituyen un agravio y una obscenidad en un entorno en el que el grueso de la poblaciónestá condenado a vivir en situación de grave pobreza con un salario mínimo que es lo máximo en injusticia, desigualdad y precariedades.La ofensa se profundiza hasta la crispación cuando si se considera que tales sueldos premian unmanejo deficiente de muchas de las instituciones de las instituciones públicas. Y si a esto le agregamos las jugosas pensiones vitalicias con que se van a retiro altos funcionarios de las diversas instituciones públicas, la indignación es aún mayor.
Por eso, la reacción de mucha gente tiende a ser airada cuando ven los altos niveles de vida de los sectores privilegiados, fundamentados en altos salarios que contrastan con los grandes abismos sociales que se amplían a partir de la insignificancia económica del salario mínimo.
Además, el pueblo dominicano está sobrerrepresentado por una burocracia institucionalizada que no para de crecer en cada gobierno que hemos tenidoy que carga sobremanera el presupuesto nacional con un gasto excesivo en altos salarios en un país como el nuestro donde muchos criollos apenas cuentan con recursos para pasar el día.
Por todo lo antes dicho, constituye un agravio al país el que se mantengan estos privilegios injustificados, inmorales y onerosos que gozan decenas de funcionarios y ex funcionarios a costa del dinero de todos.
No es justo ni ético que en el sector público dominicano existan estas notables asimetrías salariales entre los puestos de mayor y menor remuneración, y entre cargos parecidos en diferentes instituciones. Esta distorsión de la función pública que se manifiesta en la desigualdad salarial con características abismales, debe corregirse ya.