(Activación económica, movilización pija y la reforma laboral de 2012)
¡España es diferente! Ese lema publicitario político pretendía dar un sentido de orgullo a que en la Europa democrática, España fuera aún una dictadura, junto a la vecina Portugal.
Más de cuarenta años después de aprobarse la Constitución democrática de 1978, España está homologada política y económicamente a los Estados miembros de la UE, aunque sea de los países con más desigualdad social, teniendo apenas tres o cuatro estados comunitarios aún más desiguales.
España es diferente, de nuevo, en tiempos del covid-19, porque mientras gobierno y oposición en buena parte de los Estados miembros de la UE, se han puesto de acuerdo en aprobar las medidas de confinamiento, en España el principal partido de la oposición, el PP, y su escisión de extrema derecha, VOX, se oponen a apoyar la medida de confinamiento y prolongar el Estado de Emergencia, que permite evitar la libertad de circulación en todo el territorio del estado.
Trump desde los inicios de la pandemia mostró su desacuerdo con el confinamiento y sólo forzado por las circunstancias ha accedido a tomar medidas en ese sentido. Trump y sus partidarios están convencidos que la actividad económica no debe detenerse. América son los negocios, según ellos. Y en definitiva, los datos por muertes del virus indican que un alto porcentaje son negros pobres, latinos y ancianos (estos últimos una población no productiva que vive de pensiones públicas o privadas), o sea, gente prescindible.
Ese mismo punto de vista parece compartirlo la derecha española del PP y VOX y están reclamando, allí donde gobiernan, que les dejen reactivar la economía, abrir las empresas, los hoteles bares y restaurantes, permitir el transporte de personas, abrir las playas. O sea, regresar a la normalidad de la vida laboral y ciudadana. Hacen suyo, quizá sin saberlo, ese viejo lema de Mussolini, que sintetizaba la actitud fascista ante la vida: ¡vivere pericolosamente!
Para dar un apoyo de “masas” a su reivindicación se han movilizado en las calle y desde sus balcones del exclusivo barrio de Salamanca al grito de “Libertad, abajo la dictadura”, y con cacerolas meten ruido para protestar contra el gobierno.
La renta de ese barrio es de las más altas de Madrid, el triple que la de Getafe o Móstoles. Por eso se ha dicho que son movilizaciones de pijos, o sea, de gente bien, entendiendo por tal tener un alto nivel de vida. No en vano más del 80 % del voto del barrio fue para las derechas, de los cuales, más del 25% para VOX.
El 20 de mayo se cometió un desliz por los partidos de la coalición, se firmó un acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos (UP), y el vasco EHB, donde se preveía derogar “íntegra” la reforma laboral de 2012, que hizo el PP cuando era gobierno, antes de que finalicen las medidas extraordinarias tomadas por el covid-19.
Las organizaciones empresariales y algunos partidos que suelen dar su voto al gobierno en el parlamento, como el PNV, además claro está que los partidos de la derecha (PP, VOX, Cs), se oponen a la derogación de esa reforma que permite contrataciones temporales sucesivas, posterga los contratos fijos de asalariados y permite despidos más baratos.
Hoy las partes firmantes del acuerdo han acordado que derogar la reforma íntegramente exige elaborar una norma que la sustituya y eso no se puede festinar sino que requiere estudios jurídicos rigurosos para hacer un encaje legal que no entre en contradicción o conflicto con otras normas. Hay que decir que rápidamente los partidos firmantes del acuerdo de marras han mostrado madurez y agilidad para salir del trance.
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, resumió el punto de vista más técnico-administrativo sobre el asunto con las palabras siguientes: “con la realidad que tenemos sobre la mesa, sería absurdo y contraproducente generar la más mínima inseguridad jurídica… las reformas se harán con un diálogo con los agentes sociales”. Problema resuelto…mientras tanto.
Torrelodones, 21 de mayo de 2020