Desde Platón hasta nuestro tiempo, cientos de autores han dejado impresas sus definiciones de democracia, algunos de ellos de forma tan sencilla y abarcadora como la de Abraham Lincoln, quien el 19 de noviembre de 1863, en su dedicatoria del Cementerio Nacional de Gettysburg, la definió como “un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”.
A propósito de darle respuesta a la interrogante ¿qué es la democracia? Ronald Dworkin señala lo siguiente: “Las dos concepciones de la democracia que están en pugna son las siguientes: Según la concepción mayoritaria, la democracia es el gobierno de la voluntad de la mayoría, es decir, el gobierno de acuerdo con la voluntad del número mayor de personas expresada en elecciones con sufragio universal o casi universal… Sin embargo, según la concepción opuesta de la democracia, la concepción asociativa, democracia significa que las personas se gobiernan a sí mismas cada cual como asociado de pleno derecho de una empresa política colectiva, de tal manera que las decisiones de una mayoría son democráticas solo si cumplen ciertas otras condiciones que protegen la condición y los intereses de cada ciudadano en tanto asociado de pleno derecho de esa empresa”.
En lo referente a las formaciones políticas dominicanas, podemos afirmar que éstas se alejan cada día más de ambas concepciones, tomando en consideración que desconocen, en muchas ocasiones, la decisión mayoritaria de sus bases y actúan solo para provecho de los intereses de sus cúpulas, en lugar de los de todos sus dirigentes y militantes.
Con su visión realista sobre la práctica de la democracia interna en los partidos políticos, Robert Michels examinó que: “…En la historia de la vida del partido es innegable que el sistema democrático se reduce, en último análisis, al derecho de las masas a elegir, con intervalos preestablecidos, amos a quienes en el ínterin deben obediencia incondicional”.
Para medir el grado de democracia interna en la vida de un partido político se deben tomar en consideración elementos tales como: 1) la libertad de expresión de sus miembros; 2) la libertad de participación en las tomas de decisiones; 3) la celebración de elecciones en períodos pre-establecidos para la escogencia de los cargos de dirección; 4) la libertad de elegir y ser elegido en los cargos de dirección; 5) la libertad de elegir y ser elegido para las candidaturas a los cargos de elección popular a través de procesos competitivos y equitativos; y 6) la reunión de sus organismos dentro de los plazos establecidos en los estatutos y la rendición de cuenta a los miembros, tanto por parte de los directivos como de los funcionarios que ocupen cargos de elección popular.
Como puede apreciarse, ninguna de nuestras organizaciones políticas califican para ser consideradas como democráticas, y para llegar a serlo no es suficiente con aprobar una Ley de Partidos. Si queremos superar el comportamiento antidemocrático de sus élites, en lugar de crearnos falsas expectativas en torno a la esperada legislación, debemos empezar por construir, para evitar su colapso, una cultura democrática a lo interno de los partidos y de toda la sociedad.