La desigualdad y la pobreza son características fundamentales de las economías capitalistas modernas, lo que resulta inconsistente con la teoría convencional de los mercados eficientes que pregona un estado de bienestar que beneficia a todos los individuos. El desarrollo económico liderado por el capitalismo ha producido una polarización económica, social y política en economías desarrolladas y emergentes, polarizando la desigualdad no solamente en toda la sociedad sino también entre grupos de ingresos y al interior de los mimos.
Por ejemplo, una de las formas de medir tal desigualdad es a través del cociente conocido como 10/90, que mide la renta anual acumulada por el 10% más rico respecto del restante 90% de la población. Para el 2011, por ejemplo, el 10% más rico de la población de Estados Unidos concentraba una renta, antes de impuestos, del 48%, Piketty y Sáez (2013). Considerando ese mismo indicador, se advierten también polarizaciones entre países desarrollados; tal es el caso de la concentración del ingreso en los Estados Unidos y la Unión Europea, que resulta más elevada en los Estados Unidos que en Europa durante 1980-2010, Piketty, (2013).
En el caso dominicano, la desigualdad se mide por la concentración del ingreso del segmento más rico de la población dominicana respecto del más pobre. En 1998, el 10% más rico de la población dominicana tuvo una participación en el ingreso de 37.4% y el 10% más pobre de un 2%, BCRD (1998), es decir 18.5 veces superior al decil más pobre de la población, BCRD (1998). Veinte años más tarde, la relación del ingreso medio del 10% más rico de la población era 10 veces mayor que los primeros cuatro deciles de la población dominicana, CEPAL (2018).
Estos resultados son evidentemente inconsistentes con la teoría económica convencional que proclama que los individuos, persiguiendo su propio interés, logran un estado de bienestar para toda la sociedad y contradicen la declaración del gobierno de que ha reducido los niveles de desigualdad en la sociedad dominicana. La desigualdad es mayormente posible si el sistema jurídico-político-institucional respalda el status quo y se adhiere al cliché de que la democracia garantiza la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley.
Con desigualdad, pobreza y concentración del ingreso no hay derechos garantizados para los ciudadanos y estos estados de la población se reproducen con el sistema capitalista de producción. La concentración de las firmas y el ingreso constituyen señales inequívocas de que los mercados están imposibilitados de generar bienestar para todos los ciudadanos. En el lapso comprendido entre 1980-2017, las economías del mundo mostraron una tendencia a la concentración de los negocios y los beneficios, Costas y Arias (2016).
El mayor poder político de las firmas frente a los gobiernos resultó de la derogación de leyes que favorecían la competencia. Por ejemplo, luego de varios años de la derogación de la ley Glass-Steagall (vigente desde 1933) que reguló los mercados financieros hasta mediados de los años noventas en los Estados Unidos, sobrevino la crisis financiera del 2008. En el caso dominicano, entre 2005-2019, se han flexibilizado excesivamente los requisitos para la capitalización bancaria, a pesar de que la crisis bancaria del 2003 se produjo justamente por la inobservancia de una capitalización efectiva de los bancos, entre otros elementos.
Estos hechos formulan interrogantes a los profesionales del derecho y la economía en torno a la naturaleza del capital. Los primeros argumentan que el capital se fundamenta en su código legal. Reconocen además que el capital está compuesto por dos elementos, el primero que corresponde al activo (que puede ser una idea, un objeto, un reclamo o destreza) y el segundo corresponde al código legal, Pistor (2019). Por consiguiente, el sistema legal que regula los negocios de cualquier país certifica lo que es capital y lo protege jurídicamente. Capitalizar un banco utilizando la revaloración de un activo fijo, resulta ser una capitalización ficticia, pero la ley lo tipifica como capital. Pero ese mismo sistema judicial protege y avala los derechos de los bancos y de todos los ciudadanos, tal y como se estila en una democracia.
Los economistas convencionales afirman que el capital es un factor de producción y que se remunera de acuerdo a su productividad. La corriente de pensamiento marxista, establece que éste tiene su origen en la acumulación originaria que es un proceso turbio de la formación del capital. Independientemente de lo que se considere capital, el régimen legal del capitalismo avala el estatus legal del capital, sin importar su origen.
Otro ejemplo de la inconsistencia entre la teoría económica convencional y la democracia es que los salarios nominales de los trabajadores dominicanos han permanecido estancados durante los últimos quince años, mientras que la productividad del trabajador ha aumentado durante el mismo período. Este resultado proviene de la conformación legal del Comité Nacional de Salarios, dominado, legalmente, por los acuerdos entre el gobierno y el empresariado en perjuicio de los trabajadores, violando uno de los principios de los mercados eficientes que establece que, en competencia perfecta, el salario real debe ser igual a la productividad. Esta es una de las razones de la concentración del ingreso, la desigualdad y la pobreza que avala una entidad legal que tiene por objeto ventilar los reclamos de trabajadores y empresarios. Este círculo vicioso imposibilita la formación y mejora del capital humano de los trabajadores, de aquí los exiguos progresos que presentan la mayoría de las firmas dominicanas en sus esfuerzos por competir.
En la democracia capitalista dominicana no existe competencia; en cambio, sí se produce una competencia entre empresarios por asociarse al gobierno para lograr una participación privilegiada en los proyectos de inversión pública. Esta simbiosis empresarios-gobierno posibilita el apoyo político correspondiente para participar en proyectos de inversión pública y, en algunos casos, facilita la captura de los reguladores en ciertos mercados. Por lo que algunas firmas, lejos de operar con la bendición natural de la mano invisible pregonada por Adam Smith, compiten en nuestros mercados a través del visible control del aparato jurídico-político-institucional en favor de sus negocios, generándoles enormes beneficios al obviar la competencia.
De manera que la democracia, tanto económica como política, en lugar de defender y preservar los derechos de los ciudadanos, mas bien cuida y protege los intereses pecuniarios de un grupo de empresas, al mismo tiempo que mantienen el status quo de la desigualdad y la pobreza. Las leyes, reglamentos y decretos en la sociedad dominicana que deberían normar las actividades privadas, contrariamente protegen el beneficio y la incompetencia, colidiendo con los fundamentos de la doctrina económica que sustentan la democracia.
Durante décadas de prevalencia de la “democracia” en el país, el desarrollo no toca las puertas de la mayoría de los hogares dominicanos, pero sí beneficia a muchos negocios con la aprobación de leyes que otorgan exenciones, protección y promoción especial, que se financian con el 67% de los impuestos indirectos que recaen sobre los consumidores dominicanos.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el mejor artífice de las distorsiones institucionales y de mercado que deliberadamente se haya propuesto gobierno alguno en el país. Esta organización política, en aras de su permanencia en el gobierno, ha convenido en reformas legales que facilitan la ganancia de las empresas; en cambio para mitigar la pobreza y la desigualdad que eso produce el gobierno puso en marcha un amplio plan clientelar, cuyo objetivo no era solamente reducir los niveles de pobreza sino mantener políticamente cautiva a las familias pobres que no pueden ejercer libremente su derecho al voto, tal y como ocurre en cualquier democracia verdadera.
Al mismo tiempo, el PLD ha limitado las instituciones públicas, circunscribiéndolas a la promoción de firmas carentes de perfil competitivo, permitiendo una regulación mala e incompleta de algunos mercados (eléctrico, financiero, trabajo, etc.). Las acciones de un gobierno que se ha distinguido por corromper todo lo que ha tocado, han complacido las exigencias de un segmento del sector privado a cambio de beneficios exclusivos y ha colocado la democracia en favor de unos pocos.
Cabe preguntarse si la democracia dominicana, tal y como existe actualmente, respalda y garantiza derechos, al tiempo que potencia la concentración de la renta, el empobrecimiento y la desigualdad de los dominicanos, amén de los números que inventan las instituciones públicas para mantener entretenidos a un puñado de dominicanos que sufren el progreso económico peledeísta.