En las últimas semanas, los hechos de violencia y delincuencia que han destacados las redes sociales y, los medios de comunicación a nivel nacional, nos tienen alarmados y, dejan ver claramente la relación entre las crisis sociales, morales, institucionales y, el nuevo (des)orden social que está afectando a la sociedad dominicana.
Sin dejar de reconocer los avances en el desarrollo económico de algunos sectores, la aparición de nuevos actores políticos, la ampliación de las redes de participación y, la diversidad cultural en la sociedad dominicana, hay que destacar que con la implementación de las políticas económicas neoliberales de los años noventa, se ha estructurado un nuevo (des)orden social: caracterizado por el debilitamiento de las intervenciones del Estado en la sociedad, el aumento de la precariedad y exclusión social de un segmento de la población, por una fragilización de la moral social y, un deterioro institucional.
El Estado neoliberal, ha propiciado un aumento de la libertad del mercado, de elección política, de participación de la sociedad civil y, de un incremento de las expectativas de bienestar y consumo de la población, sin embargo, también ha provocado un deterioro de los soportes institucionales como son los empleos y la educación, estructurando un proceso de individualización.
Cuando falta la solidaridad y seguridad del Estado, se abandona al individuo a su propia suerte y, aparecen las luchas y las competencias para sobrevivir. Los individuos se ven expuesto a las contingencias y, crisis de la vida cotidiana y por tanto construyen estrategias de acción como son la migración, el trabajo informal, pero también son reclutados y movilizados por la delincuencia: atracos, crímenes, robos, narcotráficos, etc.
Esto se expone en evidencia, pues, a pesar del sostenido crecimiento económico que ha experimentado el país en las últimas décadas, la migración ha seguido creciendo de manera significativa, y paso de 446.216 en 1990 a 1,558.668 en el 2019, representando un 15,05 % de la población dominicana que ha tenido que emigrar al exterior para buscar mejores condiciones de vida (https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/republica-dominicana).
Otro indicador que crece, a pesar del crecimiento económico, es el desempleo, de esa manera, los excluidos del trabajo formal, se ven obligados a buscar en la informalidad una forma de subsistencia. En el 2019, el 57.3% de las personas ocupadas en el país, tenían un empleo informal, y estos empleos se han visto afectados por el paro del consumo durante la pandemia del covid-19.
Frente a este escenario de bienestar económico de un sector de la población, de las deficientes políticas públicas del Estado, pero también de un deterioro moral e institucional, no debería sorprender el auge de la delincuencia y las luchas de todos contra todos que se ha instalado en la sociedad dominicana.
Sin embargo, frente a la complejidad del tema de la delincuencia, hay que reconocer que no es suficiente con describir la desigualdad social, el desempleo, falta de educación, el deterioro de la moral social, pues una parte de la responsabilidad está asociada también al detrimento de las reglas y normas institucionales de la justicia y la policía. Para nadie es un secreto que, por muchas décadas, en estas instituciones, se ha venido tejiendo una red de impunidad y complicidad con la delincuencia.
Finalmente hay que reconocer que, por supuesto, el trabajo, la educación y la familia, son factores de integración social de los individuos, pero también hay que tomar en cuentas las instituciones de las comunidades; religiosas, juntas de vecinos, profesionales, deportivas y culturales, pues son recursos asociativos que permiten a los individuos reconstruir sus vínculos sociales y luchar contra la delincuencia.
De manera, que cualquier estrategia de lucha contra la delincuencia debe ser integral y afanarse por reconstruir las redes de apoyo y solidaridad de los individuos. Primero, fortalecer la intervención social del Estado en las comunidades: en las áreas de deporte, recreación, cultura. Segundo, reformar las normas y reglas de la justicia y la policía. Tercero, propiciar la participación y apoyo de las instituciones comunitarias. Pues hace tiempo que ha quedado demostrado que, si realmente queremos mejorar la seguridad ciudadana, no son suficientes las políticas represivas.