La institución del Defensor del Pueblo nació en el siglo XIX en Suecia con la finalidad de controlar y supervisar los actos de la administración. Las reformas constitucionales más recientes la consagraron en nuestros países de la región enfocada en la defensa de los derechos y de la instauración de procesos de “accountability” o responsabilidad de la administración. La comprensión de que los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, económicos y culturales, deben ser parte de las políticas públicas.
Un Plan Estratégico acorde con las funciones de la Defensoría del Pueblo estaría encaminado a:
- Fortalecer el rol de salvaguarda de los derechos, mediante el fortalecimiento de la estructura institucional.
- Acompañar de forma permanente a la ciudadanía que lo necesite.
- Defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y la sociedad.
- Dar seguimiento permanente al cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de servicios públicos.
- Modernización, mejora de los servicios y ampliación de la atención legal a la ciudadanía que así lo requiera.
- Afirmación de la lucha anticorrupción como eje prioritario y de forma coordinada con las demás instancias correspondientes.
- Fortalecer las intervenciones de la Defensoría en la prevención y gestión de los conflictos sociales y la protección del ambiente, de forma coordinada con las demás instancias correspondientes.
- Fortalecer la promoción de los derechos y deberes de la ciudadanía, en especial de los grupos en condición de vulnerabilidad.
- Consolidar la gestión de casos que deban ser tramitados en la justicia, para una labor apegada a la ética, con una visión de servicio y con eficiencia legal.
- Actuar de buena fe, sin ánimo, ni intención de crear desencuentros con las instituciones del Estado, pero de forma diligente, eficiente, permanente y firme a favor de los intereses de la ciudadanía.
- Fortalecer la gestión institucional transversalizando el enfoque de derechos e igualdad entre las personas.
- Reconocer la necesidad de enfoques Interseccionales, complejos y holísticos para que, en cada caso, puedan ser consideradas todas las variables posibles que se encaminen a la solución de los casos que se presenten.
- Trabajar con un enfoque de profesionalidad de la gestión, aportando sistemas eficientes, generando modelos que puedan ser replicados en otras instituciones, tecnificando el servicio, en la vía de generar procesos participativos, en la comprensión del servicio público como un deber, y no como un favor.
- Organizar un sistema de denuncia y queja que sea ágil y de respuesta rápida a quien la interponga.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las Determinaciones Defensoriales emitidas.
- Promover la existencia de leyes justas y del cumplimiento a todos los principios de un Estado Constitucional, social, democrático y de derecho.
- El objetivo final es un país que pueda vivir en paz, solidaridad; que reconozca la legitimidad de todas las personas.
Soy resultado de 24 años de servicio en la función pública, a la que entré como Asistente del entonces Senador de mi provincia, a cargo del seguimiento de varios de los proyectos implementados en el marco de la Estrategia Provincial de Desarrollo de la ahora provincia Hermanas Mirabal, a la sazón provincia Salcedo; ocupé posiciones de dirección, como Directora del Proyecto de Descentralización y Desarrollo Local, Secretariado Técnico de la Presidencia y GTZ alemana, primera Encargada del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces de Paz y Defensores Judiciales; Directora de Políticas Públicas del Ministerio de la Mujer, Embajadora de Asuntos Bilaterales de la Cancillería de la República, Directora de Políticas Públicas del Poder Judicial, labor compartida con ser Editora de la Revista Académica Indexada del Poder Judicial, Justicia y Razón. Todo lo anterior acompañado de una labor de activista a favor de los derechos de las personas, me colocan en una posición de, sin falsa modestia, afirmar que poseo las competencias profesionales y humanas necesarias y pertinentes para hacer un trabajo a la altura de lo que la nación y las personas que la habitan se merecen.
Ese será nuestro interés primordial; velar por el respeto a las personas de forma individual y a la sociedad en su conjunto.
Mi compromiso es que, si resulto honrada con la designación, trabajaré con un equipo dispuesto a que la Defensoría del Pueblo sea el espacio por excelencia trabajando en la prevención de actos violatorios de derechos y encaminando los recursos legales para la persecución de su no cumplimiento. Atender, orientar y asesorar a los habitantes del país en la comprensión de que la dignidad es un bien que nos es intrínseco, nos pertenece. Trabajaremos para superar la visión de que la administración actúa desde el favor político o la caridad pública; para proporcionar el acceso a la administración de justicia en los casos que, por señalamiento de la ley, corresponde.
Mi formación profesional, la no vinculación a ningún partido político, tal y como exige la ley para esta posición, y mi dilatada hoja de servicios en el gobierno central y el Poder Judicial, me colocan como una candidata idónea para esta función.
Aspiro a ser tomada en cuenta por el pluralismo político a cargo de la designación.