Proteger íntegramente los derechos de los ciudadanos, profesionalizar a los servidores y conciliar el interés general con el particular. Estos aspectos componen la tríada elemental para el éxito de cualquier gestión en la Administración Pública y precisamente materializarlos aún continúa siendo un reto que las estrenadas autoridades gubernamentales deberán enfrentar.
La fractura de cualquiera de los tres elementos citados, indefectiblemente produce actuaciones administrativas defectuosas, ilegales y dañinas que, tarde o temprano, terminan siendo examinadas por la lupa revisora de los tribunales que escrutan el correcto ejercicio de las facultades de la Administración y, en caso de determinar la incorrección declaran su invalidez, su validez y, bajo ciertas circunstancias, condenan a la reparación de los perjuicios padecidos por los ciudadanos afectados.
Este panorama coloca de relieve la importancia que tiene el asesoramiento jurídico para prevenir la antijuridicidad administrativa y lo crucial que resulta ser para la defensa de los intereses institucionales, que al final es una medida indirecta de proteger los derechos e intereses ciudadanos, pues se evita que el poder público incurra en actos lesivos hacia estos últimos.
Las instituciones del sector público deben gestionar una defensa jurídica cuya intervención no se limite a la representación del Estado por ante los tribunales, sino procurar un asesoramiento jurídico activo que de manera dinámica y constante aporte criterios técnicos durante la iniciación, tramitación y finalización de toda la actividad de la Administración.
La creación de protocolos, la estandarización de procesos, la recopilación y actualización de información relevante, la gestión del conocimiento, la planificación presupuestaria y la capacitación del personal consultivo, la emisión preceptiva de informes, así como la publicación de reglas transparentes y consensuadas que permitan al ciudadano comprender de antemano los procedimientos de elaboración de actos y normas administrativas. Estas son algunas de las tantas maneras para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, que al final redundaría en el bienestar ciudadano.
La defensa de la Administración Pública, pero no cualquiera, sino la integral, es la vía para allanar el obstaculizado camino a la protección de los derechos de los administrados. El deficiente patrón de arbitrariedades, por acción u omisión, que impacta negativamente a la ciudadanía complejizando su relación sector público debe ser desde ya atacada. Apostemos al asesoramiento preventivo para reducir los lamentos de los reclamos judiciales.