Han sido cerradas las cajas de cobro de cuotas de recuperación en los 168 hospitales públicos del país. Felicitamos al Ministro de Salud Pública por tan notable medida.
Se ha colocado en la caja de cada hospital público, un letrero que dice: CLAUSURADA.
Se ha eliminado una medida violatoria a la Constitución de la República que establece que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas (…) así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.(el subrayado es nuestro)
Desde hace muchos años se había establecido el cobro en los hospitales de la llamada cuota de recuperación que representaba un agravio a la clase desposeída del país. Muchas veces los pobres no podían ir a los hospitales públicos y si iban normalmente tenían que ponerse en manos de usureros. Un paciente podía llegar a pagar en un hospital público hasta la suma 3,500 pesos. Para consultas tenía que pagar entre 20 y 30 pesos y para cualquier estudio la suma podía sobrepasar los 1,000 pesos. Todo esto fuera de las medicinas que tiene que comprar, pues no olvidemos que aunque en los hospitales existen las farmacias del pueblo, allí tan sólo se ofrecen medicamentos básicos.
El ministro de salud pública dijo que el año pasado los pobres del país pagaron por cuotas de recuperación en los hospitales públicos, 851 millones de pesos. Esto significaba un gran abuso porque además de todos los aumentos que hemos venido recibiendo, al bolsillo de los pobres, el Estado le aplicaba este impuesto indirecto que representaba una suma cercana a los mil millones de pesos, en un año, algo alarmante.
Funcionarios de hospitales les preocupa el hecho de que ahora quede sin sueldos o sin empleo un personal que se encarga de la limpieza y otras áreas administrativas, lo mismo que temen por la ausencia de material importante para hacer determinados procedimientos, análisis y estudios los cuales a la fecha se han pagado y comprado, con la cuota de recuperación. Esperamos que esto no suceda. Hemos visto la declaración del ministro de salud pública de que el gobierno dispuso la distribución de 600 millones para suplir lo que se recibía por la referida cuota de recuperación.
Precisamente esta carga a la clase pobre y muy pobre del país tiene su origen en que no llegan las partidas presupuestadas a los hospitales o llegan de manera tardía o incompletas. Albergamos la esperanza de que conjuntamente con la buena medida ya relatada, eso sea superado. Uno de los casos más patéticos es el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez ubicado en Santiago, que da cobertura a una región muy amplia y poblada. Tiene muchos años sumido en una crisis profunda por la ausencia de recursos, incumplimiento de las obligaciones y de las promesas del gobierno, por la politización en el mismo y por la corrupción.
Cómo es posible que en nuestro país sea una constante que los hospitales públicos o no reciban sus partidas presupuestarias o las reciban tardíamente o incompletas? Desde hace décadas en nuestra administración de salud han estado presentes cuatro componentes: la indiferencia y desidia del gobierno, la no supervisión adecuada, la politización y la corrupción.
Esperamos que la buena noticia que representa la eliminación de la cuota de recuperación no de pie a lamentaciones y se traduzca en una disminución de los precarios servicios de salud, que opere el fortalecimiento de dichos servicios, que el presupuesto asignado llegue cada mes a los hospitales públicos, que el gobierno central supla de inmediato esas partidas que se cubrían con la cuota de recuperación, que se fortalezca la supervisión para que los dineros no se vayan a bolsillos de particulares, que se elimine la politización en los hospitales públicos y que se ofrezca un servicio oportuno y de calidad a las clases pobres de nuestro país.
Hay que seguir profundizando los cambios en el sistema de salud, para que este sea cada vez más accesible, de mayor cobertura al universo de ciudadanos y de más calidad. Solo así, alguna vez, podremos decir que está garantizado el derecho a la salud de todos y todas, en la República Dominicana.