En su discurso del día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) convocó a un diálogo que no tenía claro quiénes participarían y parecía restringido a discutir las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, pero ahora el Consejo del Poder Judicial (CPJ) está llamando a una “Cumbre Judicial Nacional, por lo visto sin restricciones en los temas a tratar y en los sectores a participar, lo que es un paso en la dirección correcta.
El propósito de esta Cumbre, según se lee en el documento que figura publicado en la página del CPJ, es el de “escuchar propuestas de mejoras puntuales en el sistema de administración de justicia” y estarán invitados a participar “los diversos sectores que convergen en la sociedad dominicana”.
He sido el primero en criticar la forma en que el Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los jueces de las Altas Cortes, entre ellas a los de la SCJ, pero me guste o no son los jueces designados y su competencia es clara y debe ser respetada, pues los tiempos de los golpes de Estado han quedado atrás.
Es cierto que deberemos ser más activos para evitar que ocurra lo que ocurrió en las últimas designaciones de los altos jueces, pero ahora debemos concentrarnos en tratar de mejorar el sistema de justicia y no hay forma de hacerlo sin la participación de los jueces, fiscales y legisladores que tenemos.
Nunca he estado de acuerdo con negar la posibilidad del diálogo, aunque muchos me tildan de ingenuo porque es cierto que tantas veces el diálogo se ha utilizado para reducir las presiones ciudadanas del momento sin intención de producir cambios verdaderos. Aún así, sigo siendo un defensor del diálogo, pero entendiendo que se debe estar muy atento para denunciar su utilización como simple divertimento.
Cuando el magistrado Mariano Germán Mejía llamó al diálogo, criticamos que no estaba claro quiénes participarían y cuál sería la agenda y ahora que estos temas se comienzan a aclarar, se debe participar en darle forma a esa Cumbre Judicial Nacional para que se realice correctamente y de allí salgan resultados que reten la voluntad de quienes tienen la competencia para ejecutarlos.
En una democracia participativa ningún órgano público hace un favor cuando se dispone a escuchar a la ciudadanía, organizada o no, sino que cumple con su obligación. También es cierto que las acciones que se deban tomar y ejecutar en el ámbito de políticas públicas, no corresponden a la ciudadanía sino a aquellas personas elegidas o designadas para tales fines, excepciones hechas del referendo y plebiscito contemplados en la Constitución. Pero la ciudadanía tiene el derecho de vigilar que sus autoridades actúen correctamente y de denunciarlos cuando no.
Por eso no debe preocupar la nota que aparece en el llamado a la Cumbre que señala que “ese diálogo debe girar siempre bajo la órbita de que corresponde implementar las mejoras al órgano rector del Poder Judicial y, que por tanto, todo papel protagónico de cara a la administración de justicia es de exclusiva competencia del CPJ.” La clave de todo esto estará en que se logre un consenso sobre las mejoras que necesita el sistema de justicia (incluyendo jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, etc.), y la implementación de tales mejoras