Hace pocas semanas el nobelizado Mario Vargas Llosa publicó un artículo excelente en el periódico español El País, titulado "Piqueteros intelectuales". Trataba el intento, por parte algunos intelectuales afectos al gobierno argentino, de impedir su participación en la Feria del Libro celebrada en Buenos Aires. El Nobel, cuyas posiciones políticas no comparto, respondió con la prosa elegante que le caracteriza, dejando en evidencia que una Feria del Libro es el lugar menos apropiado para que se ponga de manifiesto la intolerancia contra la disidencia.
Para Vargas llosa, el intento de censurarle es peligroso porque: "Los vetos y las censuras tienden a imposibilitar todo debate y a convertir la vida intelectual en un monólogo tautológico en el que las ideas se desintegran y convierten en consignas, lugares comunes y clisés". Y tiene toda la razón del mundo, las sociedades democráticas requieren de una cultura de debate sólida, en la que las opiniones sean juzgadas por su sustento en la lógica y los hechos. Da igual que existan opiniones chirriantes, la libertad de expresión existe precisamente para proteger a los incómodos, los que señalan las cosas que no se quieren escuchar desde el poder. La censura es inaceptable, sobre todo, en una actividad que celebra el intercambio de ideas y opiniones en forma escrita, como es una Feria del Libro.
Como suele suceder, parece que a los dominicanos nos pasó por encima todo el debate en torno a la participación del último Premio Nobel de Literatura en la Feria del Libro de Buenos Aires. Lo digo porque, en un acto de tradicional intolerancia y autoritarismo, el día de la inauguración de la XIV Feria Internacional del Libro se "invitó a salir" de la misma a un grupo de ciudadanos que portaban sombrillas relativas al 4% por la educación. No se trató de una manifestación, ni de actividades que interrumpían el normal discurrir de la Feria. Sólo portaban señas que identifican el reclamo.
Hay un dato que, por grave, hay que señalar: Al hacerse esto se está violando una sentencia en amparo dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario el día 2 de diciembre de 2010. Sentencia que ordenaba el cese de cualquier actividad tendente a limitar o vulnerar el derecho de la Coalición por una Educación Digna a manifestarse.
Pero además, y sobre todo, los ciudadanos debemos ver más allá. Se trata de un gesto de intolerancia promovido desde el Estado, atendiendo al criterio de que los ciudadanos, mientras más calladitos, más bonitos. De nada valen el principio democrático ni la Constitución, lo importante es imponer el consenso. La respuesta debe ser alzar la voz aún más, hasta que no pueda ser ignorada. Hacer ciudadanía de verdad, la que incomoda a los intolerantes.
Claro, tanto en el caso de Vargas Llosa como en el de la Coalición por una Educación Digna, al final pudieron ir y manifestar su opinión. Pero no antes de que se les viera el refajo a algunos.