Resulta preocupante la forma alegre e irreflexiva como se está tratando el tema de la división política del territorio de la República Dominicana. Considero francamente aberrante la actitud de algunos legisladores que tratan de asignar categorías de municipio y distrito municipal en función solo de intereses políticos particulares.
Lo primero es entender la cuestión territorial en su doble vertiente de geografía física y geografía política. En ambos casos, tanto por separado como en el análisis conjunto de estas dos categorías, tiene que procurarse el objetivo de la racionalidad y el criterio de la lógica en busca siempre de una mayor eficiencia en la administración del espacio territorial.
Lamentablemente no existe en nuestro país un marco legal adecuado sobre esta materia. Las decisiones sobre delimitación de distritos municipales, municipios y hasta de provincias, se toman en función de ponderaciones que se realizan en el nivel legislativo, pensando únicamente en la creación de cargos burocráticos y puestos de trabajo para la distribución del presupuesto nacional.
Estas aspiraciones, a veces francamente dislocadas, suelen verse apoyadas en el hecho de que, en ocasiones, la excesiva concentración y centralización del poder político en los centros geográficos, llámese capital de provincia o del municipio cabecera, hace que las pequeñas comunidades periféricas que aspiran a recibir los beneficios del desarrollo, no encuentren la atención debida de las autoridades, y entonces, desde el punto de vista de estos grupos locales, deviene como una necesidad el tener sus propias autoridades, electas por ellos mismos, con su pedazo del pastel presupuestario administrado por ellos mismos. Pero aquí ya estaríamos hablando de otro tema, la participación democrática y el presupuesto participativo, lo cual apuntaría hacia otra manera de encarar el problema, que no la recurrente y desatinada propuesta de partición cuasi irracional del territorio.
¿Hasta dónde la fragmentación política del territorio podría ayudar a un buen gobierno local y una mayor participación democrática? Obviamente, si se trata de un crecimiento desorganizado de la estructura territorial, en poco o nada podría ayudar. Es preciso realizar un mayor esfuerzo de planificación integral del espacio urbano y rural. Sería deseable asumir como herramientas de trabajo los planes de integración regional y de mancomunidad municipal. Un buen ejemplo de esto es lo que ha ocurrido con el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Cuando se realizó la partición del territorio, este hecho en sí no fue necesariamente negativo. Se ha conseguido con ello una mayor eficiencia en la administración de cada uno de los municipios que conforman el Gran Santo Domingo. Pero ahora se habla de la necesidad de integración funcional operativa a través de una mancomunidad municipal, capaz de coordinar los esfuerzos particulares de cada gobierno local, enfocados hacia los planes integrales de desarrollo de toda la mancomunidad.
En estos momentos se hace necesario revisar los criterios y premisas que sirven de base a la ponderación de la jerarquía política de una demarcación territorial. Una comunidad, pequeña o grande, es un lugar geográfico habitado por ciudadanos que realizan actividades económicas y sociales. Como tal, es lógico suponer que se pueda aspirar a un grado superior de organización político-territorial, en función de su nivel de desarrollo económico y social.
Hay que considerar también el tema demográfico, o sea, la cantidad de habitantes, pero este número siempre estará determinado por el desarrollo de la actividad económica y la capacidad de multiplicación de las fuentes de trabajo que esa actividad económica genera dentro de la comunidad. Si se da un determinado nivel de desarrollo económico y social, ello implicará un incremento de la población local y ese desarrollo conjunto podría conllevar a una aspiración de elevación de la categoría política territorial, en función del aporte de esa comunidad en la economía nacional. Como vemos, sería más bien un proceso natural, que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos, en donde pequeñas comunidades sin ningún tipo de autogestión económica ni potencialidad demográfica están aspirando a que se les conceda una jerarquía política territorial que no se correspondería con su nivel de desarrollo socioeconómico ni poblacional.