El reciente asesinato de un coronel policial mientras inspeccionaba un punto de venta de drogas en Bani ha estremecido a la nación. No es solo la perdida de una vida humana lo que ha producido consternación. Alarmantes han sido también las revelaciones que dan cuenta del alegado contubernio de las fuerzas policiales con el narcotráfico. Y es que por dondequiera se oye que, en materia policial, atravesamos por una de las mas graves crisis nacionales. Tan mayúsculo desafío requerirá de estrategias creativas que destierren las ineficaces practicas del pasado.
De los reportes de prensa y de televisión se desprende la impresión de que existen cientos de “puntos de drogas” en el país. La gente de la calle entrevistada lo confirma sin ambages (https://acento.com.do/2011/actualidad/2266-policias-y-soldados-dominicanos-estan-cada-vez-mas-metidos-en-el-trafico-de-drogas/). Se reporta también que estos pagan “peaje” a las autoridades policiales y judiciales para operar sin cortapisas. Tal situación viene de lejos: ya en el 2010 FINJUS la había denunciado (http://hoy.com.do/finjus-afirma-el-narcotrafico-tiene-pais-al-borde-caos/). Hoy día la comidilla es que existe una estructura de protección y encubrimiento del narcotráfico mediante un maridaje entre autoridades y narcotraficantes que involucra los altos estamentos policiales y judiciales. Y el mismo presidente Medina acaba de confirmar que el narcotráfico ha permeado a las fuerzas armadas y la policía y que gente de cuello blanco está involucrada (https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/hay-gente-de-cuello-blanco-en-el-narcotrafico-apoya-cambios-pn-IO11868451).
Con relación al asesinato del susodicho coronel se pronunciaron en el Senado dos prominentes senadores confirmando estos alegatos. Su estridente acusación vinculó específica y directamente a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y uno de ellos involucró también al Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y a la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional (PN). Un sinnúmero de comentarios de la radio y la televisión han amplificado esas denuncias. La respuesta de las autoridades ha sido la de algunos cambios de mando en la PN (http://hoy.com.do/director-policia-reacciona-ante-violencia-y-rota-mandos/) y la DNCD (después de su extraño alegato de haber intervenido 20 veces el punto de droga de Bani donde ultimaron al coronel (https://listindiario.com/la-republica/2019/01/14/549372/dncd-dice-punto-de-drogas-donde-mataron-coronel-ramos-fue-intervenido-20-veces). Pero estas usuales medidas, aunque recurrentes, pocas veces han conllevado eficaces correctivos.
Esta escalofriante situación debe generar una profunda preocupación. Si a ella añadimos que las encuestas reportan que la ciudadanía percibe a la delincuencia como su principal y más lacerante problema, la conclusión no puede ser otra que confrontamos una grave crisis nacional. Una de las funestas consecuencias es que ya existen más de 300,000 usuarios de drogas en el país, la gran mayoría jóvenes (https://www.diariolibre.com/actualidad/republica-dominicana-tiene-mas-de-300-mil-consumidores-de-diferentes-drogas-DE5305151). Y casi siempre los muertos de los “ajustes de cuenta” y de los intercambios de disparos con las autoridades los ponen los pobres.
No sorprende entonces que las iglesias y otras voces de la sociedad civil insistan en que debe haber una profilaxis de la PN y del Ministerio Publico. Esos reclamos son siempre contestados alegando los cabezas de esas instituciones que han sacado de ellas a las manzanas podridas (https://www.diariolibre.com/actualidad/director-pn-dice-ha-cancelado-a-1-400-por-faltas-CI10187151). Pero la persistencia del problema es una demostración fehaciente de que las respuestas usuales no han dado resultado. Con la simple separación de aquellos que han delinquido no se ataca frontalmente las practicas de contubernio con el crimen que, a todas luces, imperan actualmente. El reto consiste en crear los valladares necesarios para que los protagonistas del contubernio no sigan actuando en complicidad y para que los entes persecutores del delito se ocupen de prevenir y combatirlo.
La prioridad de la intervención sanadora debe ser, entre la PN y el Ministerio Publico, la de la primera entidad. Esto así porque ella es la fuerza de choque que tiene la misión persecutoria primordial, tanto en lo territorial como por lo numeroso de su personal. Ambas instituciones tienen sus marcos legales y protocolos de actuación bien definidos, pero sería más fácil conseguir que el Ministerio Publico se ajuste a ellos que la PN porque sus agentes no siempre tienen los niveles de entrenamiento y educación requeridos. Por eso la crisis del encubrimiento y protección del narcotráfico, al igual que la de la delincuencia común, debe afrontarse como un reto fundamentalmente policial.
¿Es razonable esperar que el presidente de la Republica resuelva el problema? Seria razonable pedir su intervención, pero no seria razonable pedir que sea su sola intervención lo que resuelva. El nombramiento de un nuevo jefe policial (o de la DNCD) o el establecimiento por decreto de algunas disposiciones que reglamenten mejor su actuación no lograrían el cometido. Ante el generalizado involucramiento de agentes, oficiales y fiscales en la comisión de los delitos no se podrá esperar que las mismas medidas del pasado tengan los resultados buscados. Es necesario “pensar fuera del cajón” y desarrollar una estrategia de intervención creativa.
La cooperación internacional viene a la mente como un recurso subutilizado. En el pasado la PN ha recibido la ayuda de asesores extranjeros, mas notablemente de EEUU y de Colombia. También se conoce que la DNCD trabaja en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA) de EEUU. En ocasiones inclusive ha habido colaboraciones de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen y de la European Drug Enforcement Agency. Pero todas –excepto tal vez la de la DEA—han sido de asistencia técnica de corta duración. En ningún caso se ha responsabilizado a ninguna de estas entidades por la acción directa de hacer cumplir las leyes y combatir el delito. Esas entidades no tienen esa misión ni pueden abrogársela.
Podría pensarse en pedir ayuda a INTERPOL, la policía internacional. Pero su misión es similar a la de las agencias mencionadas: prevenir y combatir el crimen a través de la cooperación e innovación en materia de policía y seguridad. Se enfoca básicamente en la cooperación (bilateral, global o regional) entre las policías de los 194 países miembros para perseguir el crimen transnacional. Su asistencia técnica incluye especialidades tales como la criminalística, negociaciones con secuestradores, investigación de homicidios, comunicaciones y patrullaje. El entrenamiento básico sobre estos temas es lo que reporta mejores resultados.
La crisis descrita no se resolverá ni siquiera aplicando diligentemente la nueva ley de reforma policial. Es necesario elaborar una estrategia global como la que adopto Singapur para estos fines (https://www.youtube.com/watch?v=lVcI93n27kM). O por lo menos deberá comenzarse por la contratación por diez años de la gerencia del Departamento de Asuntos Internos de la PN con la policía de Singapur, dándole jurisdicción simultanea sobre la DNCD y una autonomía que evite interferencias de los altos mandos. Tal “outsourcing” no enajena la soberanía nacional, pero si pudiera defenestrar el necroso contubernio citado mas arriba. En esta época de globalización los nacionalismos trasnochados no podrían impedirlo. Pero el presidente de la Republica no puede hacerlo sin el correspondiente empoderamiento de la sociedad civil. La crisis nos concierne a todos.