Durante la dictadura de los doce años (1866-1978), la politiquería en la relación dominico haitiana llegó al relajamiento de un tema tan importante, a la pérdida de autoridad y a la corrupción generalizada de los aparatos institucionales ligados al diseño y aplicación de medidas de control, y esto propendió a facilitar la corrupción en civiles y militares relacionados con la regulación de entrada, estadía y salida de nacionales y extranjeros, especialmente chinos y haitianos. Convirtiéndose primero en ventana de pingues beneficios y luego en fuente de acumulación de capital y lujosas fortunas para los jefes de los organismos correspondientes. Consolidado el negocio de tráfico de personas desde el propio Estado ya quedan involucrados el mismo Presidente de la Republica, congresistas, ministros, militares, y familiares y relacionados de estos.
Junto a la corrupción en el manejo de los inmigrantes, creció la demanda de mano de obra en el sector de la construcción y la recolección de cacao, café y arroz, que la fracción agraria de la burguesía saludó con beneplácito, pues los bajos salarios pagados permitían reducir los costos de producción significativamente y de tal manera incrementar la tasa media de ganancia y la acumulación de capitales. Elementos centrales de la conducta de los grupos de poder, aun cuanto con ello pongan en crisis las instituciones del Estado.
La problemática se complicó con el crecimiento y modificación de la composición orgánica del capitalismo dependiente dominicano que ha ido requiriendo de mayor mano de obra y esta es suplida por inmigrantes indocumentados, que abaratan el costo del trabajo con el consiguiente perjuicio para el proletariado nacional, creándose un complicado cuadro de explosión demográfica, desorden administrativo del Estado y el fortalecimiento de las mafias binacionales que operan el tráfico de personas en la frontera.
En la actualidad la migración interna, emigración de dominicanos e inmigración de indocumentados chinos y haitianos dan cuenta del caos estatal (organizado) en materia de manejo de control territorial y migratorio; otra muestra del fracaso histórico de la lumpen burguesía dominicana.
La expresión política de esas limitantes estructurales han sido los gobiernos reformistas, perredeístas y peledeístas y sus respectivas faltas de controles institucionales que han llevado al país a convertirse en refugio seguro de delincuentes de todos los niveles al tiempo que constituye una presión/competencia a las y los trabajadores dominicanos, agravándose el panorama social nacional caracterizado por una alta tasa de desocupación, bajos salarios y exclusión de la seguridad social.