La Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antoquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Valle, representadas por sus rectores, han firmado un documento en nombre de un segmento fundamental del mundo académico colombiano, a raíz de la crisis social generada por la propuesta de reforma fiscal del presidente Iván Duque.
La declaración se identifica con el movimiento social que se ha expresado en la protesta, en función de una deuda social acumulada prototípica de Latinoamérica. En el escrito destacan distintos temas comunes a la región.
El primer asunto es la necesidad de entender que toda reforma tributaria debe responder a una política fiscal integral consensuada por los distintos actores del espacio público. Uno de los graves problemas de las sociedades latinoamericanas consiste en la acumulación anual de déficits presupuestarios por parte del Estado debido a la ineficiencia burocrática, el derroche de recursos producto de la hipercorrupción y las deudas externas asfixiantes que dificultan la inversión en el desarrollo social.
La solución recurrente de muchos gobiernos es intentar resolver el referido problema cargando a la ciudadanía con impuestos que, en el círculo vicioso de la ineficiencia y la hipercorrupción, terminan despilfarrándose y generando nuevos déficits donde terminan financiadas las viejas y corruptas oligarquías.
Un segundo tema fundamental del documento lo constituye el problema del acceso general a unos servicios de salud públicos equitativos y de calidad. Las deficiencias anteriormente señaladas han pulverizado las posibilidades de un sistema de protección social con cobertura general. Al mismo tiempo, la euforia neoliberal de los años ochenta impulsó un espíritu privatizador que ha generado servicios encarecidos y carentes de sensibilidad humana. La reciente crisis de la pandemia del COVID-19 nos muestra la necesidad de tener un sistema de salud estatal generalizado y eficiente.
Otro problema fundamental del texto es la consolidación de las sociedades democráticas. Con sus especificidades históricas, las distintas sociedades latinoamericanas han sufrido una tradición mesiánica, autoritaria y de transgresión a los límites que configuran la independencia de los poderes públicos con una marcada tendencia a la clausura de los espacios dialógicos y al abuso de poder.
No quiero concluir este artículo sin destacar el llamado del documento a luchar por el derecho general de la ciudadanía a la educación y al acceso equitativo del conocimiento. Como ha ocurrido con la salud, en América Latina se ha distorsionado el propósito de la educación, orientada fundamentalmente a generar mano de obra para el mercado y no a formar personas integrales, críticas y dialogantes.
Garantizar una educación pública general de calidad es imprescindible para cortar la cadena de la inequidad social, pero al mismo tiempo, para impedir la generación de situaciones de injusticia epistémica o de agravios como sujetos de conocimiento con sus secuelas de daño psicológico, social y político.
Las universidades colombianas coautoras del documento han dado un ejemplo del papel que deben jugar las instituciones educativas latinoamericanas como compromisarias del saber y del deber social, propiciadoras del análisis y del debate público.