En la entrega anterior, había argumentado de manera muy sucinta que, desde la perspectiva del crecimiento económico y la acumulación de capital, el SXX y parte del SXXI se ha caracterizado por una pobreza persistente, inamovilidad y desigualdad social junto a un retraso relativo de los principales indicadores de bienestar frente a los demás países del mundo, dado el nivel de riqueza por habitante.
A partir de la década de 1980, después de una transición socialmente dolorosa se establece un modelo basado en las exportaciones de servicios. La nueva lógica económica sigue gobernada por las exportaciones empujadas por el turismo y las zonas francas, lo cual, en contraste con épocas anteriores, pertenece a un sector privado dinámico, que incorpora a otros actores empresariales (la banca, construcción, entre otros). Esa dinámica refuerza la concentración del poder económico, social e institucional, lo cual robustece la institucionalidad deficiente y capturada por grupos económicos.
A su vez el sistema político se hace cada vez más clientelar y sofisticado (en cuanto a la forma) a través de una corporación política voraz que se caracteriza por la desviación de fondos, la corrupción y la impunidad, para lo cual captura el sistema de arbitraje de la sociedad (las Altas Cortes) y lo subordina a sus intereses. Esta situación influye en la mala calidad del gasto público y en un régimen de incentivos poco transparente y de resultados dudosos.
La consecuencia es un crecimiento económico con poco encadenamiento productivo (empleos y de mala calidad e impacta poco en la reducción de la pobreza) y una competitividad sistémica deficiente (altos costos por ineficiencia institucional: transporte, energía, financiero, etc.) lo cual convierte a los bajos salarios en una única fuente de competitividad.
El resultado social es una dinámica de concentración del ingreso, bajo salario social (baja calidad de la salud y educación públicas), persistencia en la pobreza, poca calidad en la mano de obra, desigualdad territorial y un gran desequilibrio de poder que se refuerza en una institucionalidad subyacente (concentración de los medios de comunicación, de poder político, captura de los árbitros, entre otros).
El Siglo XXI empezó en la República Dominicana con una grave crisis financiera en 2003-2004. Cabría preguntarse: ¿afectó la crisis financiera 2003-2004 la dinámica de crecimiento y acumulación de capitales? La respuesta es no, pero si tuvo un impacto social desastroso. Expliquemos.
La crisis financiera fue el resultado de un fraude bancario (Baninter). El Baninter captaba depósitos del público y luego lo transfería a un banco virtual (no regulado) que tenía pasivos, pero con activos dudosos o inexistente. Para crear la arquitectura financiera del fraude se necesitaron varios años e iba a explotar en cualquier momento, pues el pago de intereses de los certificados y depósitos se hacía cada vez más con nuevos depósitos. De forma que el banco formal tenía actividad por RD$25 mil millones y el banco virtual por RD$55 mil millones (más de 2 veces el banco formal).
Al estallar la crisis del Baninter había tres posibilidades, las tres de grandes impactos sociales por la magnitud del fraude: una pérdida del 20% del PIB en un año.
- Dejar que el mercado ajustara al sistema financiero. El riego era la quiebra del sector, con la perdida de todo el ahorro y el patrimonio líquido de la población.
- Hacer un “corralito” como en la Argentina (diciembre de 2001), reteniendo los depósitos y cambiándolos por instrumentos de más largo plazo. La Ley Monetaria y Financiera abría un espacio (Articulo 64), ya que creaba un fondo de contingencia, garantizando depósitos hasta RD$500 mil. Sin embargo, el fondo no estaba creado ni reglamentado. Aunque se habló de esto como posibilidad, en la opinión pública dominicana había una campaña contra el “corralito” y en la memoria todavía estaba fresca lo que había pasado en Argentina. En todo caso, se corría el riesgo de un retiro masivo en todos los bancos, creando una quiebra en cadena de todo el sistema y destruyendo el ahorro de la población.
- Pagarles a todos los depositantes sin discriminar. Lo que se hizo. Fue también una mala decisión porque provocó una gran inflación y devaluación de la moneda, que se convirtió en una pérdida significativa del patrimonio familiar, aunque benefició al sector exportador.
Quiero insistir en que cualesquiera de las decisiones eran mala y de graves consecuencias para la población por la magnitud de la pérdida: 20% del PIB. Ahora bien, lo que si reflejaba este fraude era la debilidad de las instituciones dominicanas en varios niveles:
- ¿Cómo fue posible que la supervisión bancaria no se diera cuenta del problema? La arquitectura de ese fraude requerido muchos años y las magnitudes envueltas eran enormes.
- La captura del Estado por los empresarios. El dueño del banco tenía un gran poder político y acceso directo al Presidente de turno y al anterior, creando un manto de impunidad y empujando la flexibilización de normas (hacia regalos a políticos, pagaba sueldos enormes, etc). Lo peor es que la captura del Estado está presente con igual o más intensidad hoy.
- os gobernantes irrespetaron e irrespetan las instituciones, situación que se profundiza en el tiempo. El Presidente Mejía, literalmente compró una reforma constitucional para su reelección lo que le hizo perder la credibilidad para enfrentar una crisis financiera donde lo principal era restaurar la confianza. El extremo, es la experiencia actual donde la corporación política gobernante ha capturado las Altas Cortes, creando un reino de impunidad para beneficiar a allegados (empresarios y políticos) dejando a la sociedad dominicana sin árbitros. Peor aún, el Presidente Medina repitió la misma hazaña de comprar una reforma constitucional, y ha profundizado el régimen de reparto de bienes públicos e impunidad.
¿Cuál fue el impacto económico y social de la crisis 2003-2004?
El resultado de la crisis financiera fue un gran deterioro en la calidad de vida. Los niveles de pobreza monetaria alcanzaron casi a la mitad de la población. Entre 2001 y 2004 se produjo una gran inflación (el nivel de precios se duplicó), así como una fuerte devaluación (tipo de cambio se multiplico por 2.5 veces), el desempleo ampliado alcanzó un máximo de 18.4% en 2004, lo que significó que casi 724 mil personas estuvieran desempleadas. El PIB real percapita cayó en -2.5% en 2003, pero creció en 1.3% en 2004. Es decir que en los dos años de crisis el PIB percapita se redujo leventemente en -0.6%.
Es de notar que el aparato productivo no se vio afectado. Inclusive la devaluación fue un estímulo importante para el sector exportador que multiplicó sus ingresos por efecto de la devaluación. Tan pronto como se recuperó la estabilidad macroeconómica se recuperaron los ritmos de crecimiento, pero se ha mantuvo elevado los niveles de pobreza.
¿Cuál ha sido el impacto monetario?
Para que se tenga una idea de las implicaciones monetarias de la decisión, baste decir que entre 1947 y 2002, el saldo de la base monetaria (dinero emitido y depósito de encaje legal) era de RD$38 mil millones y a diciembre del 2003, en apenas 12 meses se había duplicado (RD$77 mil millones). Para recoger ese dinero, el Banco Central emitió certificados (inicialmente a elevadas tasas de interés y de rápida maduración) acumulando un saldo de deuda de RD$60 mil millones en diciembre 2003 (US$3,429 millones).
A partir de ese momento el Banco Central debió tomar una decisión:
- Generar más deudas, emitiendo certificados (recoger pesos) para “fijar” el tipo de cambio (inicialmente hasta revaluar) a pesar de que en 2004-05 muchos precios relativos se habían ajustado y, por lo tanto, ya no bajarían (los precios no caerían de manera proporcional a la revaluación del peso), de manera que la revaluación no impactaría a los precios internos y ni a los salarios, pero si la competitividad de las exportaciones.
- Reconocer los nuevos precios relativos que se habían formado en la crisis 2003-04, así como el nivel del tipo de cambio o revaluar menos el peso, lo cual se traduciría en una emisión menor de deuda (certificados)
La opción del Banco Central fue, inicialmente revaluar y casi “fijar” el tipo de cambio, así como bajar la tasa de inflación casi a “cero” para lo cual había que emitir deuda (emitir certificados), llevando el saldo de los certificados de RD$60 mil millones en 2003 a alrededor de RD$416 mil millones (US$9,043 millones) en 2016.
Los intereses que se pagan por esa deuda alcanzan más de RD$30 mil millones anuales, dando origen al déficit cuasi fiscal del Banco Central, que representa alrededor de 1.4% del PIB. Cada año se le adiciona a la deuda los intereses que no son pagados por el Gobierno a través de nuevas emisiones de certificados.
¿Qué tiene que ver la deuda del Banco Central con el desarrollo y la calidad de vida de la gente? Pues que a la larga o la corta los intereses de esa deuda serán pagados con el presupuesto público restándole recursos al desarrollo. En otras palabras, la estabilidad macroeconómica de hoy será pagada con menos recursos para el desarrollo (o menos recursos para mejorar la calidad de vida) de mañana.
La semana que viene discutiremos el impacto del ambiente internacional y el DR-CAFTA, la que hemos definido la “ideología del progreso” en los gobiernos del PLD y las etapas de la economía de servicios.