Las organizaciones comunitarias fueron siempre la voz que se levantaba en defensa de los intereses del barrio, de la comunidad. Hoy estas agrupaciones están sumidas en una crisis institucional sin precedentes. Los líderes locales no saben qué hacer, si reclamar a las autoridades o seguir relegados.
Si deciden protestar frente a las autoridades locales quedan desenmascarados. Si deciden lo contrario, es decir, recuperar la autoridad perdida, igual tienen que vérselas con el gobierno local en los respectivos municipios y con el gobierno central también. La encrucijada tiene a los líderes comunitarios desorientados.
La incertidumbre, consecuentemente, los tiene buscando culpables donde sólo hay motivos para fortalecerse como organización. Que la pandemia del Coronavirus impide la movilización, dicen. Que el toque de queda frena las reuniones en las noches, se quejan. Que los miembros y dirigentes no saben bregar con Zoom y las plataformas digitales, se lamentan. Que la gente sólo está en “gozadera” total y no quieren asumir compromisos, se desahogan…
Los dirigentes locales, para decirlo claro, justifican su irresponsabilidad y su visión estrecha en estos y otros argumentos que no tienen ton ni son. Con esta retahíla de justificaciones pretenden esconder que fueron ellos mismos que hipotecaron la libertad de las organizaciones que dirigen. Veamos.
Las agrupaciones comunitarias se acostumbraron a coger las luchas por el lado fácil. Implantaron tres patrones básicos:
Primero, los dirigentes grupales invirtieron la lógica de las luchas por las reivindicaciones de la comunidad. Es decir, que en vez de organizar un proceso ascendente –asambleas por sectores, marchas barriales, visitas a las autoridades, denuncias públicas, etc.–, hasta desembocar en una huelga, se fueron por el último paso. De ahí que por cualquier quítame esta paja los grupos locales convocan, presurosos, una huelga.
Segundo, los líderes locales cambiaron las prácticas de cobrar cuotas periódicas a los miembros de sus grupos y, en cambio, extendieron las manos como pordioseros a las dadivas de las autoridades de turno. Luego de mendigar recursos a los funcionarios locales y a los políticos del patio, vino la negociación del salario –botella–, del presidente de la organización. Las dos conquistas personales la presentaron a la membresía como logros institucionales. Los integrantes se resistieron a ver que con esa práctica se estaba vendiendo el alma de la agrupación al Diablo.
Tercero, el financiamiento económico al grupo y a su presidente por parte de funcionarios y políticos trajo, en consecuencia, que los dirigentes se eternizaron en sus puestos.
Al llegar el tiempo de cambiar la directiva uno que otro integrante dijo –este fulano debe seguir siendo presidente porque él es que tiene las relaciones para resolver-. Y fue así que se impuso la reelección sin límites. El presidente reelecto una, dos, tres veces. Pero sería cuestión de tiempo para que él se creyera el dueño y señor de la agrupación.
Estos patrones de comportamiento tienen a los líderes comunitarios con el rabo entre las piernas.
El traspaso de gobierno del PLD al PRM puede representar una excelente oportunidad para que las agrupaciones retomen el norte a seguir. El liderazgo comunitario debería identificar los beneficios de pasar de un gobierno con poder absoluto, a otro con poder condicionado. También deberían reflexionar en los retos que impone ser gobernados por un partido todavía en formación, a serlo por otro sólidamente estructurado. En virtud de esa realidad veamos algunos retos.
- Iniciar un proceso de recomposición de la junta de vecino, la asociación, el centro de madres, etc.
- Buscar asistencia de otras agrupaciones con experiencia en procesos reorganizativos.
- Definir un pliego de demandas reivindicativas en orden de prioridad y las opciones aplicables para su solución.
- Una vez decidido los cambios de rigor se impone renegociar con las autoridades la relación comunidad-autoridad pública. Esto incluye el posible apoyo financiero a la organización, nunca a las personas.
- Consolidar la práctica de la alternancia en las posiciones de dirección, incluyendo al presidente o presidenta. Si el movimiento organizativo de base asume éstas, entre otras sugerencias, verán crecer su poder para negociar ante las autoridades de turno y para lograr la resolución de los problemas más importantes de la comunidad.
Las autoridades, por el otro lado, tendrán un buen referente para determinar cuáles soluciones llevar a cada comunidad. Si los ayuntamientos se emplean en la solución de los males priorizados por las comunidades, sin dudas, esas acciones repercutirían al llegar las elecciones.