Es un error plantear en este momento la ilegalidad de la JCE no porque no hay bases jurídicas serias para hacerlo, sino precisamente por ello y me explico. Desde que la presente JCE fue elegida, organizaciones como el Movimiento Cívico Participación Ciudadana manifestaron que dicha Junta no tenía bases constitucionales firmes porque se estaba eligiendo a sus integrantes sin apoyarse en el nuevo marco jurídico que exigía la nueva constitución del 2010. Nadie le hizo caso.
Posteriormente, todo el mundo, incluso el PRD, se volcó en reconocimientos a la JCE. Hasta ese momento las cosas andaban bien, pero ciertamente, el mal de fondo estaba presente desde la creación misma de la JCE. Más, sin embargo, nadie –salvo PC como ya dije- se daba cuenta de ello, o no quería reconocerlo.
Los problemas surgieron luego, cuando el Presidente de la JCE obligó a García Fermín a la renuncia y en su defecto fortaleció al Lic. Frías ampliando sus funciones. Eso desató la crisis. Las actuaciones personalistas del magistrado Rosario, su terquedad en mantener al licenciado Frías al frente del área de cómputos y muchos otros hechos por todos conocidos, en la práctica crearon un manto de dudas legítimas frente al contenido de las acciones del magistrado Rosario y, por vía de consecuencias, sobre la propia JCE.
Las cosas han llegado tan lejos que se ha creado una risible situación: la JCE y sobre todo su presidente, dicen que este organismo es soberano y que no recibe presiones de nadie. En la práctica los partidos mayoritarios negocian una solución al impasse. Una parte de la iglesia católica dice que la solución es sacar del juego al responsable de cómputos, incluyendo a importantes prelados, el cardenal Monseñor López Rodríguez defiende la JCE. Importantes personalidades del mundo empresarial en la práctica piden una decisión sensata y llaman a que el Señor Frías salga de la escena. El gobierno y el PLD pasan a una torpe defensa de Frías, acentuando las dudas sobre el proceder de la JCE.
En fin, se crea un clima favorable a la negociación que beneficia al PRD, pues obliga al PLD a negociar, al tiempo que a la JCE la fuerza a recuperar una imagen de credibilidad. Es natural que en la negociación el PLD asumiera en principio un rostro duro, pues su posición era débil. El PRD llegaba a la negociación con el beneficio de la duda planteada sobre las acciones de la JCE que daba la imagen de favorecer al PLD. Lo único que el PRD tenía que hacer en esas circunstancias era continuar calmadamente las negociaciones, esperar e ir condiciendo la escena al reconocimiento de lo obvio: que el Lic. Frías debe salir de la JCE como la solución más sensata y prudente. Acompañando a esta solución desde luego que vendrían otros acuerdos que dieran un premio de consolación al magistrado Rosario y al propio PLD, pero el pleito político podría resolverse con una prudente victoria del PRD.
La decisión del PRD de intimar como ilegal a la JCE –sin negar que la misma tiene bases jurídicas fundadas- introduce un pelo en la sopa y quiebra la estrategia y la suma de éxitos previos arriba descritas. Si es cierto que este cuestionamiento jurídico a la legalidad de la JCE se hizo sin acuerdo con la dirección del PRD, la decisión fue un doble error: además de tirar al cesto de la basura el espacio ganado en la negociación, retaba a las autoridades del PRD, pues las desconocía. También es cierto que la reacción del Presidente del PRD, en el marco de la campaña fue un desacierto, pues como la disputa de la que se trata se concentra en el tema electoral, no se puede negar el derecho del candidato del PRD a tener la prerrogativa en el manejo de la disputa, ya que lo que está en juego es su candidatura.
Nada de esto se ha hecho. Miguel Vargas ha actuado desconociendo que el candidato es Mejía y que si bien al presidente del PRD le asiste el derecho institucional a reclamar la prerrogativa de su mandato como principal autoridad del partido, no debió desconocer que era el equipo de campaña el que estaba manejando la negociación, aunque formalmente fuera el secretario general del PRD el que presidiera la comisión negociadora de ese partido. Del lado de Mejía sobra decir que, teniendo ganada la negociación que debe conducir a la salida de la JCE del Lic. Frías, y en la práctica poder alcanzar un cambio en la correlación de fuerzas en la JCE que la obligara a flexibilizar posiciones, su intimación judicial le hace perder terreno ganado y para colmo le abre un frente interno de conflictos.
El PRD, estando en la posición de partido favorito para ganar los comicios del 2012, no puede permitirse ruidos y desgarraduras internas, pues todos perderían en este ejercicio, de salir derrotados en las próximas elecciones. Se impone la sensatez. Hipólito y Miguel deben hablar y ponerse de acuerdo, dejando de lado el coro de seguidores, escuchando sus propias voces, asumiendo compromisos que preserven la unidad de la organización y su triunfo casi seguro en el 2012.