Es terrible pensarlo, pero la tendencia visible es que el país llegue a las próximas elecciones con una Junta Central Electoral con menor credibilidad que la que presidió el Dr. Manuel García Lizardo y que devino en la crisis electoral del 1994.

En aquella ocasión, antes de la votación muy poca gente creía en la JCE y, transcurrida la misma, al descubrirse que se había votado con un padrón electoral falsificado, se generó una crisis política que culminó en un acuerdo para realizar nuevas elecciones y, mientras tanto, darle dos años más al Dr. Balaguer. A todo aquello se le pretendió dar visos de legalidad por medio de una modificación constitucional, que pretendía que lo que se hizo fue "acortar" un período en vez de alargar el otro.

Obviamente muchas cosas han cambiado tras aquel evento, y no es que pensemos que la historia puede ser similar, pero el hecho es que hemos vuelto a una JCE que merece poca confianza, y eso no entendemos a quien puede beneficiar. O al menos, quién puede tener interés en que así sea.

El problema original se planteó con las irregularidades en su proceso de escogencia, cosa que en su momento sólo el movimiento cívico Participación Ciudadana parece haber visto, cuando le advertía al Senado de la República, hace más de un año, que no osara elegir los integrantes de la JCE sin antes cumplir los requisitos constitucionales.

En ese momento el PRD dormía su siesta, o más bien, no tenía tiempo para estas "pequeñeces" tan ocupado en sus conflictos internos. Ahora despierta, cuando un grupo de asesores de su candidato reclama la ilegitimidad de la Junta.

Sin embargo, la ilegitimidad y la poca credibilidad pública de la JCE no viene precisamente de la posible inconstitucionalidad en su elección, sino de sus propias acciones. No se entiende la terquedad en el tratamiento de la dirección del Centro de Cómputos, posición que requiere una absoluta confianza de los participantes en las elecciones. Tampoco se entiende su obstinación en dificultar la observación electoral independiente.

Es cierto que la malquerencia de algunos integrantes de la Junta contra Participacion Ciudadana viene de lejos, y tiene su origen, no en el tema de la transparencia electoral, sino de su lucha por la transparencia en otros aspectos. Pero podría traducirse a lo electoral.

Además, si su intención es hacer correctamente su trabajo, jamás podría temer al ojo acucioso de la ciudadanía. Y mucho menos cuando se trata de una organización que a lo largo de 18 años de observación electoral, ha dado seguimiento a ocho procesos de elección nacional, incluyendo uno de dos vueltas, y a varios procesos de elección primaria de los partidos. En ese lapso el país ha estado dirigido por gobiernos de tres partidos diferentes, y Participación Ciudadana lo único que ha hecho es un tremendo aporte para prevenir la repetición de traumas y conflictos tan marcados como los vividos por la sociedad dominicana tras las elecciones de 1990 y 1994.

Durante ese largo período, la relación de Participación Ciudadana con la JCE se ha caracterizado por la crítica constrictiva, pero también por la colaboración, y de esa relación entre amor y odio ha resultado ganando la ciudadanía y el propio organismo electoral, cuya legitimidad se venía elevando.

Se hicieron conteos rápidos de los resultados, siempre apegados a la legislación y a las normas dictadas al efecto, con resultados que a la postre coincidieron con los cómputos finales de la JCE.

Ahora dice la Junta, a través de algunos medios y voceros a su servicio, que Participación Ciudadana lo que pretende es un monopolio de la observación electoral, justamente cuando es dicha organización la que siempre ha buscado movilizar en torno a ese propósito a cuantas personas y entidades nacionales e internacionales, de los más diversos ámbitos, se interesen por la transparencia de las elecciones.

Lo que sí debe ser visto con recelo es que la JCE intente dirigir su propia observación, contratando sus "observadores" o bien buscándoles financiamiento de entidades internacionales, o del propio Gobierno Dominicano o de algún partido o candidato. Participación Ciudadana está consciente de que, en aras de su credibilidad pública, no puede aceptar dinero de ninguna de esas fuentes, por lo que siempre lo gestiona por sus propios medios, a través de instituciones extranjeras y de personalidades y empresas nacionales que compartan sus inquietudes y principios.

Estoy convencido de que ninguna organización seria del país se prestará a ese juego. Y si al final lo hiciese, un informe de observación o un conteo rápido resultante de una "observación electoral" ejecutada así, tendría muy poca credibilidad pública.