Partiendo de que en esta vida nada es totalmente absoluto, el grado óptimo de corrupción no es cero, aunque debe tender a cero. Todo tipo de corrupción resulta, a la corta o la larga, lesiva para la sociedad, esto implica que crea “costos sociales”, que deben ser atendidos, por lo que se generan otros costos. Minimizar esta combinación de costos requiere la aplicación de políticas que tiendan a generar equilibrio, que a fin de cuentas se supeditan a la institucionalidad. La aplicación de la ley, la dictadura de la ley. Definitivamente, se reducen costos sociales al reducir la corrupción, pero también se incrementan como consecuencia de la lucha contra la corrupción, aunque sería más adecuado llamar es estos últimos inversión y no costos. 

Basándonos en el excelente libro “Controlando la Corrupción” de Robert Klitgaard, en cual nos ha servido de consulta en este trabajo, en su capítulo 2, ofrece un ejemplo de lo que sería la cantidad optima de corrupción. Propone un supuesto en el que se relacione el costo social marginal de una actividad corrupta a la cantidad total de esa actividad que se manifiesta en la sociedad o en una organización.

Dice: “La primera unidad de corrupción puede portar un costo social pequeño. Pero conforme la corrupción empeora, conforme la cantidad total de actividad corrupta crece, cada unidad adicional puede implicar costos sociales siempre mayores. Por ejemplo, los costos pueden crecer en términos tales que quiebren las normas de conducta, que creen mayores ineficiencias, que empeoren la distribución de ingresos y poder, etc.” Continúa explicando que el resultado puede ser apreciado en una curva ascendente al suponer el costo social marginal de la reducción de la corrupción, en un escenario en que se dieran pocos focos de conductas corruptas, entonces su determinación puede resultar costosa.

Ante un escenario de actos de corrupción diversos y coexistentes en la mayoría de las operaciones económicas, resulta de más fácil detección “y puede resultar relativamente barato el tomar medidas que reduzcan la corrupción por unidad”. Esto hace suponer “una curva de costo marginal descendente para la reducción de la corrupción.” El punto de encuentro de esas dos curvas denota la combinación del menor costo de actos corruptos y del trabajo realizado para reducir la corrupción. A ese punto se le denominaría “Cantidad Optima de Corrupción”. En este esquema intervienen, a manera de conclusión, las variables: costo social marginal, costo de la corrupción y el costo de la erradicación de la corrupción, a través de estos se obtiene la ya citada “Cantidad Optima de Corrupción”.

Klitgaard, agrega que “Las formas exactas de las curvas no son cruciales para el punto cualitativo. La corrupción puede revelar costos sociales marginales constantes, y una curva diferente para el costo social marginal de la reducción de la corrupción pueda mantenerse”. Asegura que en casi la totalidad de los cortes de las curvas el número óptimo de esfuerzos no tiende al infinito y la cantidad optima de corrupción nunca tenderá a cero.

Los seres humanos necesitamos educarnos continuamente y es vital para crecer, avanzar y desarrollarse contar con leyes que garanticen el desenvolvimiento de las ideas y proyectos que surjan producto de las múltiples necesidades que cada día se multiplican. Esas normas deben ser cumplibles y las autoridades tienen el deber de hacerlas cumplir vigilando el apego a las mismas por parte de los sujetos obligados, pero también viabilizando su cumplimiento, ayudando a que se cumplan. Esto sin contemplaciones ni tibios privilegios.

En 2005, mientras acontecía el juicio a los directivos de ENRON, se celebraba la 16th Conferencias de Examinadores de Fraudes, en Estados Unidos. En el marco de esta se llevó a cabo una encuesta, de una muestra de 208 participantes. Una de las preguntas fue: “Cuál es la medida más efectiva para prevenir o detectar el fraude institucional?” Las respuestas me sorprendieron y las utilice durante mucho tiempo en algunas presentaciones y cursos. Comparto los resultados: 41% indicó que lo más importante es que el Consejo Directivo este consciente y resuelto a cumplir con las normas legales, dando el ejemplo y diseminando en “efecto cascada” ese compromiso hacia los otros niveles. 22% que exista una real lucha contra la corrupción y que se condene a quienes violen las leyes. En el último lugar, por ser la menos votada como opción efectiva, un 1% señaló las regulaciones gubernamentales. Esto en clara alusión a que las leyes siempre han estado ahí, lo importante es cumplirlas y hacerlas cumplir. Este es, sin dudas el disuasivo más efectivo.

Milán Kundera, en su novela “La insoportable levedad del ser”, apunta: “…en este mundo todo está perdonado de antemano, por tanto, todo está cínicamente permitido…que valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma. Si el hombre sólo no puede vivir más que una vida, es como si no viviera en absoluto.” Cierto la vida terrenal es una y única, por lo que no admite ensayos, aunque tampoco absoluta, pues sus actores no somos infalibles. Cada persona debe asumir una conducta responsable en función de las normas establecidas, que son las que nos señalan el orden correspondiente. Aquellas que transgredan ese orden en detrimento de las demás y en busca de su bienestar deben ser castigados con sanciones disuasivas que denoten lo que implica el violar la ley. La institucionalidad cataliza la equidad y los que ahora vivimos tenemos el inalienable deber de dejar un mundo mejor a los que les toque seguir viviendo.