En toda América Latina, a lo largo de la última década, hemos visto la intensidad  en los debates y discursos alrededor del fenómeno de la corrupción pública. Miles de conferencias, seminarios y foros han agotado agendas que han traído como resultados la firma de compromisos, iniciativas y marcos legales de carácter regional y mundial.

A la par de estos esfuerzos y con un poquito de demagogia, algunos países han avanzado en la adecuación de su normativa y en la elaboración de estrategias nacionales para prevenir y combatir de manera más coherente un flagelo que por su naturaleza representa una carga invisible para el gasto público, la cual impacta siempre en las políticas de corte social, que se supone deberían ser la prioridad de inversión para cualquier Gobierno de nuestra región.

Por su aspecto ético-moral y el grado de tolerancia social (arraigo), para  nuestros países puede ser complicado definir de manera correcta el término “corrupción pública”. Es como una venda en los ojos permeada por el interés superior de no querer aceptar una realidad, que no permite llevar a profundidad acciones, siempre por lo regular se encuentra una “barrera”, que es consustancial el ejercicio del Poder (toma de decisiones).

Una aproximación teórica y conceptual sobre esto, la encontramos en la obra del profesor  Joseph S. Nye, el cual define la corrupción pública como: "toda conducta que se desvía de losdeberes normales inherentes a la función pública, debido aconsideraciones privadas tales como las familiares, de clan o de amistad,con objeto de obtener beneficios personales, en dinero o en posiciónsocial". 

Viendo lo anterior y quizá por nuestra débil cultura de transparencia, es difícil interiorizarlo y aceptarlo como algo reñido con la Ley, a veces parecería que muchas personas en nuestras sociedades “admiran” a este tipo de personajes, esos que se benefician de la burocracia, de lo público, de lo que es de todos.  Frases como: “Que hábil, inteligente y listo es”, “ese no fue pendejo y se forró de billetes”, etc. Son parte de un lenguaje común que se da en todos los estratos sociales, seguro usted lo ha escuchado en su medio o con algún relacionado.

En el caso de países donde la cultura del crimen organizado y la corrupción pública van de la mano, se da un fenómeno peligroso que le podríamos llamar “capofilia”, donde la admiración a lo ilegal se nutre de los problemas estructurales de la educación y los valores. Es aquí cuando comienza el verdadero problema que tendrá repercusiones a largo plazo y con costos sociales muy altos, a continuación veremos algunas de las motivaciones de esto:

  •  La tolerancia social de la corrupción le envía un mensaje a las llamadas “generaciones del cambio”. Son estas generaciones las que se supone deberían hacer  las cosas diferentes. Lo preocupante es que los más jóvenes están adaptando una cultura de lo rápido y fácil, que a la larga puede resultar desastroso para el futuro de cualquier nación. Por ejemplo: contenidos mediáticos de consumo masivo y sin restricciones pueden estar enviando mensajes “negativos”. Ahora ya las telenovelas no solo son historias amor, también vemos a los mafiosos en su “lado humano”, con la “sensibilidad” a flor de piel.
  • La admiración de los niños y jóvenes sobre lo negativo y lo ilegal es otro de los mensajes que se están enviando desde lo público. Yo quiero ser político, porque solo así puedo tener lo que ellos tienen y ostentan. La función pública se ve como una aspiración, solo para beneficiarse de ella y no para servir.
  • El mensaje desde la familia: Al niño se le aplaude y festeja su “picardía”, el “tigueraje” y esa “habilidad” para aprovecharse y sacar ventaja de algo que no es suyo. Esto va creando personas que harán todo por conseguir el objetivo sin esfuerzo y alejados de la legalidad.
  • El mensaje de la Justicia, la impunidad que genera la corrupción pública es algo alarmante. Pocas investigaciones, pocas cuentas claras, muchas vacas sagradas en Latinoamérica La justicia está diciendo: “Haga lo que usted quiera, que nosotros sabremos hacer lo que usted nos diga”.

Toda esta conjunción de conductas  y mensajes desgraciadamente están llegando a los más jóvenes; las redes sociales y lo instantáneo de la comunicación hace que todo sea más rápido, pero no más fácil. Creo que la máxima responsabilidad para prevenir que una sociedad sea secuestrada por la inacción, apatía y la alta tolerancia a lo ilegal debe ser compartida, dos (2) puntos:

1.- La responsabilidad del que ostenta el poder público en la construcción de su mensaje,  es aquí donde se puede ver la intención de servir, si hace lo contrario está utilizando su posición  para un beneficio temporal y propio,  no le interesa su sociedad.

2.- Los bases sustentadas en valores, esto hace que los niños y jóvenes pueden tener las habilidades necesarias para diferenciar lo bueno de lo malo. Con una solidez suficiente, desde la familia, las generaciones del cambio pueden ir avanzando y logrando las transformaciones que se necesitan y urgen.

En sentido figurado y sin hacer apología de la violencia, debemos proponernos enérgicamente: eliminar el mensaje y al mensajero/a. Este puede ser el principio para el fortalecimiento de una ciudadanía más responsable y preocupada por el futuro que siempre viene, a veces más rápido de lo que nosotros quisiéramos.