Entre Molinos y Gigantes

Sobre la Corrupción II

Por Heiromy Castro

Es de León Tolstoi la preclara frase: “No hay situación a la que un hombre se acostumbre, principalmente si todos los que lo rodean viven en iguales condiciones.” Llamando la atención sobre la inercia social que descansa sobre la experiencia de estar rodeados de personas y grupos que viven en condiciones iguales, las que por muy distinta que sea la situación de cada uno, la simple repetición de las mismas cosas hace costumbre y suprime la pasión por un cambio real, más no por el cambio de actores.

Una vez alcanzado cierto equilibrio, por imperfecto y hasta injusto que sea, no se percibe en los muchos de los conglomerados sociales el deseo real de cambios positivos. Quizás, esos grupos, hasta les irrita el cambio. Todo esto generó los movimientos políticos alternativos que se amparan en lo que llaman el “Socialismo del Siglo XXI”, que no es más que una variante burda de un populismo nocivo, corroído por la misma corrupción que sus gestores atacaron históricamente.

Según el informe de Transparencia Internacional (TI): “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe. Barómetro Global de la Corrupción 2017”, sobre “¿Qué dicen las personas en la región?”, textualmente indica:

1. La corrupción está en aumento. La mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. Tres cuartas partes o más de los encuestados en Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostiene que la corrupción aumentó (entre el 78% y el 87%). En cambio, solamente dos de cada cinco personas en Argentina y Guatemala sostienen lo mismo (el 41% y el 42%, respectivamente).

2. Se percibe a policías y políticos como los más corruptos. Aproximadamente la mitad de los encuestados señalan que casi todos o todos los policías y los políticos son corruptos (47% en ambos casos), una proporción mayor a la adjudicada a cualquier otra institución sobre la cual consultamos. Las personas que viven en Venezuela son las más proclives a considerar que la policía es sumamente corrupta (73%), y en Paraguay, los ciudadanos sondeados son los más propensos a responder que sus representantes son sumamente corruptos (69%).

3. Los gobiernos tienen un desempeño deficiente. Más de la mitad de las personas manifiestan que su gobierno mantiene un mal desempeño en la lucha contra la corrupción (53%). Solamente el 35% sostiene lo contrario: que el gobierno está actuando eficazmente. Los habitantes de Venezuela y Perú sondeados son los más proclives a dar una calificación negativa de su gobierno: aproximadamente tres cuartas partes de ellos (76% y 73%). En cambio, solamente alrededor de un cuarto de las personas encuestadas en Guatemala dicen que su gobierno está haciendo un mal trabajo.

4. Casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó soborno (lo cual equivale a más de 90 millones de personas en los 20 países encuestados). Los encuestados en México y República Dominicana constituyen el porcentaje mayor de entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los 12 últimos meses (el 51% y el 46%, respectivamente). Los índices de soborno son sustancialmente inferiores en Trinidad y Tobago, donde solamente el 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso.

5. Los índices más elevados de soborno se observan en relación con la atención de la salud y las escuelas. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales públicos y escuelas públicas en los 12 meses previos a la encuesta pagaron un soborno (el 20% y el 18%, respectivamente). Estos son los índices más altos entre los seis servicios (escuela pública, hospital público, documentación personal, servicios públicos, policía y tribunales) sobre los cuales preguntamos.

6. Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias. Solamente el 9% de las personas encuestadas que pagaron sobornos efectivamente denunciaron el hecho ante las autoridades. De los que sí denunciaron este tipo de hechos, el 28% sufrió consecuencias negativas.

7. Siete de cada diez están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. La mayoría afirma que la acción de los ciudadanos comunes podría incidir significativamente en los resultados en la lucha contra la corrupción (70%). Las personas entrevistadas en Brasil son las más propensas a sentirse empoderadas para combatir la corrupción (83%), seguidas inmediatamente por los encuestados en Costa Rica y en Paraguay (ambos 82%).

8. Respuestas críticas y respuestas positivas de toda la región. Dentro de las cinco preguntas claves incluidas en la encuesta, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela registran las respuestas más negativas, mientras que Ecuador, Guatemala y Uruguay muestran las más positivas (ver pág. 28).

Sobre la base de los principales datos que arroja esta encuesta, la experiencia y conocimientos de la región, formulan las recomendaciones siguientes:

1. Tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos. Los gobiernos deben asegurar que las tarifas oficiales de los servicios públicos se exhiban públicamente de manera clara. Los gobiernos deben optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios. Los gobiernos deben invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos. Los gobiernos deben asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos y su nivel de satisfacción como usuarios.

2. Preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción. Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos. Los gobiernos deben crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción, incluida su libertad operativa y física, tanto de iure como de facto. Los gobiernos deben permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información.

3. Fortalecer las instituciones que imparten justicia. Los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas. Los gobiernos deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción. Los gobiernos deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias.  Los gobiernos deben eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción.

4. Sanear la institución policial. Los gobiernos deben fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializadas, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución.

5. Proteger a los denunciantes. Los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia. Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles. La legislación que adopte el gobierno debe asegurarles a los denunciantes cuya vida o seguridad se encuentre en riesgo, así como a sus familiares, el derecho a recibir protección personal.

En la próxima entrega, plantearemos cómo se calculan los Índices de Corrupción y otras propuestas correctivas reales.

Noticias relacionadas

Por

Noticias relacionadas

Comentarios
Seguir leyendo

Lo más leído

Más noticias

Síguenos en nuestras redes