«La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia»- Bertolt Brecht.
En mi artículo de la semana pasada afirmábamos que el sonado caso de ODEBRECHT representaba una formidable oportunidad para revertir las prácticas dolosas en la Administración Pública. También para enviar señales claras a la ciudadanía de que las violaciones a la ley no quedarían una vez más sin el castigo correspondiente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las evidencias expuestas. Al mismo tiempo, el desenlace de este proceso debería ayudar a propiciar los ajustes institucionales y legales que demanda urgentemente la garantía de no más impunidad en la sociedad dominicana, pero mirando el fenómeno más allá de ODEBRECHT.
- La prisa, mala consejera
Como somos ricos en malos antecedentes en materia de corrupción, es normal que se exigiera rapidez en el conocimiento de los nombres de los sobornados, olvidando que era más importante asegurar la elaboración de un expediente de calidad que pudiera sobrevivir a las acometidas de los buenos juristas contratados. Por otro lado, la prisa en conocer nombres y en establecer ataduras entre las contrataciones de obras y la reelección, pone en clara evidencia el interés político de ciertas agrupaciones hoy intensamente empeñadas en invalidar moralmente al PLD con miras a las elecciones de 2020.
En realidad, estos grupos, forjadores por igual del sistema clientelista que conocemos, no les interesa en absoluto la construcción de un antecedente robusto que prepare el terreno para una solución jurídico-institucional global y definitiva del problema, sino invalidar políticamente al principal contrario, estremecido por los malos ejemplos de algunos de sus más connotados dirigentes. Al margen de esas intenciones, para nosotros está claro que el PLD se invalidaría políticamente a sí mismo en el mismo momento en que no fuera capaz de promover un cambio de rumbo definitivo y contundente.
La realidad es que la efectividad condenatoria de cualquier juicio siempre ha estado en función de la inversión del tiempo necesario en averiguaciones competentes adicionales sobre los indicios (que no son pruebas) presentados; del examen, análisis interdisciplinario y constatación de los hechos asociados; de la demostración de la plena coincidencia entre los hechos alegados y la realidad, y de la inclusión, sobre el pilar de todas estas premisas, de la red completa “interconectada” de los seducidos al delito.
Vale la pena puntualizar que la información entregada en apoyo al sometimiento solo contiene indicios, no pruebas documentadas (que son la base para el logro de la convicción del tribunal), y más bien se trata de una descripción del mecanismo corruptor, no una incriminación basada en pruebas de cargo “más allá de toda duda razonable”.
Esperemos que el Ministerio Público, contando ahora con la holgura de un plazo de ley de ocho meses para la preparación del procedimiento preparatorio, haga un trabajo de calidad jurídica a toda prueba y despeje las dudas sensatas que han sido esparcidas por los ciudadanos y los medios, tal y como lo demanda la importancia política, institucional y social del tema. En adición, recomendamos que el señor Rondón, sin dudas el “Santo Grial” del proceso en marcha, sea bien resguardado en la cárcel más peligrosa y obscena del país. Si llegara a ocurrirle algo se afectaría la única fuente viva fundamental de valiosos detalles y hechos adicionales incriminatorios.
- Corrupción: un sistema, muchos resortes, muchos actores
En todo caso, ODEBRECHT solo revela las actuaciones en un ámbito, el de las contrataciones de obras y sus condicionalidades. Eso es bueno, pero para una solución o mitigación forzosa del fenómeno de la corrupción, debemos tomar en cuenta la compleja amplitud del problema, todas sus aristas institucionales y funcionales, el tipo de sistema democrático donde ella tiene lugar.
No estamos viviendo en los Estados Unidos o Alemania, sino en una democracia débil y vulnerable, con una fracción importante de su representatividad política visualizando al Estado como uno de los mejores escenarios posibles para salir del anonimato barrial o provincial y amasar fortunas con solo llamadas cifradas, asentimientos silenciosos y complicidades en las sombras. Esta democracia, siempre propensa a la corrupción y a la genuflexión, adolece de serias fallas institucionales, de añejas y aciagas prácticas vejatorias del orden jurídico, de la debilidad o inexistencia de instrumentos eficaces de fiscalización y monitoreo, y de dispositivos de rendición de cuentas funcionales y pasibles de auténticas auditorias.
En este contexto, la corrupción como sistema define el siguiente mecanismo como común denominador de las democracias deformadas y dependientes, con soberanías en extinción: ganar (oligarquía nacional o empresas extranjeras)-ganar (masa selecta de funcionarios públicos)-perder (el interés nacional, los electores).
Siendo así, la corrupción, y con ella el soborno, define una especie de sistema complejo de avenencias multilaterales ilícitas: desaparición de expedientes criminales, libertad de confesos narcotraficantes y de delincuentes peligrosos de otra estirpe, compras de sentencias, sobrevaluaciones de las obras, contrataciones interferidas de obras públicas, amarres en torno a las compras importantes del Estado, caos en las vías públicas, movimientos de drogas y personas, tráfico de armas, dispositivos ilegales y abusivos de enriquecimiento al vapor de los altos y medianos oficiales en los cuerpos armados, irritantes negocios con las propiedades públicas, logro de determinados designios ideológicos o geopolíticos, etc.
El “trabajo” o la gestión que “garantiza” evadir, minimizar o burlar la aplicación estricta y no discriminatoria de las normas y procedimientos en todos los ámbitos de la vida nacional, siempre se ha pagado en República Dominicana por debajo de la mesa de manera excesivamente lucrativa.
Esta perspectiva sugiere una reforma democrática de gran calado, que sea el resultado de un ejercicio serio y sistémico de escrutinio de la sociedad dominicana actual. De él deben derivarse soluciones categóricas, efectivas e integrales, capaces de revertir el ya muy perceptible movimiento hacia la destrucción nacional.