Vuelve el tema de la corrupción a la palestra. Esta vez es gracias a la ley sometida en la Cámara de Diputados por Cristóbal Castillo, con la cual se eliminaría el DPCA y se crearía la Procuraduría General Anti-Corrupción. En sentido general y al juzgar por lo que se ha vertido en la prensa sobre dicho proyecto, me luce beneficioso realizar un estudio detallado de esta ley para garantizar que las propuestas administrativas y funcionales que la misma requiere sean realistas. De ser así, los beneficios de un órgano independiente a cargo de velar por la pulcritud en la administración pública es una acertada propuesta, aun cuando Hotoniel Bonilla haya tirado el grito al cielo.
La idea que la Procuraduría General Anti-corrupción sea un órgano autónomo y no responda a los lineamientos de la Procuraduría General de a República (trabajaría en conjunto con, no debajo o subalterna a) le daría la latitud necesaria para iniciar procesos de investigación en casos donde se sospecha de corrupción. Hoy en día, el DPCA está atado al "tempo" investigativo y operacional que le dicta la Procuraduría General de la República, elemento que ha llegado a entorpecer el desarrollo de investigaciones. La creación de la Procuraduría Anti-Corrupción, por lo menos en teoría, simplificaría la ejecución de investigaciones otorgando una libertad intrínseca a ese organismo para ir tras quienes violen nuestras leyes en cuanto a corrupción se refiere.
Otro aspecto positivo es que dicho proyecto de ley contempla la incautación de todos los bienes obtenidos por individuos que, ejerciendo una función en la administración pública, hayan incurrido en actos de corrupción. La medida es apropiada, ya que la misma le permitiría a las arcas nacionales recuperar parte o todo el capital que fue malversado por quien sea responsable de actos de corrupción.
Como respuesta a este proyecto de ley, Hotoniel Bonilla ha arremetido contra Castillo, diputado responsable de someter dicha iniciativa al pleno. De seguro Bonilla se ha molestado porque la iniciativa contempla la eliminación del DPCA por lo que califica como "falta de actuación". En eso la propuesta tampoco se equivoca, pues Bonilla pasó a ser desde que inició en sus funciones un espectador más de la obra teatral titulada " Se lo llevaron to' " (y si me equivoco, le pido a Hotoniel Bonilla que me desmienta con pruebas en mano, apuntando cuantos casos de corrupción ha destapado el DPCA bajo su dirección). La responsabilidad de esta ineficacia debe ser compartida tanto por Bonilla como por las instancias de nuestro sistema judicial, las cuales han alegadamente recibido expedientes de corrupción sin arrojar resultado alguno.
Esto último me recuerda otro elemento: no hacemos nada con tener una nueva ley conjuntamente con una nueva entidad autónoma dedicada a combatir la corrupción, si al final del día nuestro sistema judicial permanece inerte a la hora de someter a los responsables de violar dicha ley. Lo que me atrae de la propuesta de una Procuraduría Anti-Corrupción es su autonomía para conducir investigaciones, pero las mismas no servirán de mucho si continuamos teniendo jueces amañados, tráfico de influencia en nuestro sistema judicial, y poca gerencia a la hora de someter casos propiamente documentados a la justicia.
Ahora bien, ¿qué me parece inapropiado en dicha ley? Que en esta iniciativa se prevea que las infracciones prescribirán a los 10 años de haber sido cometidas. A mi entender, cualquier individuo a quien se le confía un cargo para servirle al pueblo dominicano que haya incurrido en actos de corrupción, debe ser llevado ante los tribunales, así pasaren 20 años. No me complace ese lapso de 10 años y es necesario extender el mismo.