La convocatoria hecha por el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, al Consejo Nacional de la Magistratura ha abierto la posibilidad de que en nuestra nación se instaure una nueva era judicial, en momentos en que muchos hablan de crisis institucional o situación de déficit democrático, contexto ante el cual muchos sistemas políticos, a lo cual no está ajeno la República Dominicana, han promocionado una controversia pública acerca del papel que deben cumplir los jueces en los procesos de depuración institucional.
Precisamente por el papel que les corresponde jugar a los jueces hoy día, es que adquiere mucho mayor importancia el proceso de selección de aquéllos que deberán integrar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, pues todos y cada uno de ellos serán los responsables del fortalecimiento institucional, el cual no depende solo de la nueva Constitución y de otras leyes sino, sobre todo, del cambio de conducta política, empezando por sujeción recta al imperio de la Ley. Este es el problema mayor para crear y fortalecer la institucionalidad, y en esta cuestión los jueces están llamados a ejercer un rol protagónico.
En este sentido afirmamos, que detrás de cada violación a los derechos humanos existe un juez o jueza que ha revalidado por acción u omisión dicha violación, por lo que la escogencia de los jueces y las juezas se convierte en una cuestión de máxima trascendencia para la vida de los pueblos.
De ahí que la movilización ciudadana para incidir en el ejercicio judicial resulta imprescindible en tiempos de violaciones a los derechos fundamentales, ampliando los criterios sobre la justicia y sus principios con la participación social, aunque esto implica la conciencia de la sociedad sobre sus derechos y su capacidad de reivindicarlos, ejerciendo la verdadera ciudadanía y la participación política. Y en esto último se inscribe esa necesaria manifestación ciudadana que debe procurar que se instale un proceso de escogencia de los jueces de las Altas Cortes que sea coherente con el concepto de pluralidad democrática.
Apelamos porque el referido proceso de selección que deberá reglamentar próximamente el Consejo Nacional de la Judicatura sea a la altura de un debate democrático, caracterizado por ser abierto, plural, participativo y transparente, pues si bien la decisión de quiénes deben ocupar tales funciones judiciales descansa por mandato constitucional en los miembros de dicho órgano político, no menos cierto es que tal escogencia ejemplarizaría el modo en que actuarían dichos tribunales una vez sean puestos en posesión los jueces que resultaren designados, de manera que en la selección debe prevalecer el interés nacional. Esto último es lo que justifica la participación de la ciudadanía.
Hoy más que nunca, tenemos la obligación de garantizar en el marco de nuestro Estado de Derecho las condiciones adecuadas para proseguir el esfuerzo de construir una República Dominicana más fuerte, próspera, justa y democrática que queremos todos.