“El precio de la grandeza es la responsabilidad” —Winston Churchill.
Como puede colegirse de los innumerables trabajos publicados en esta columna, el autor comparte plenamente la visión de una minería responsable y sostenible; este enfoque, que viene enriqueciéndose y renovándose durante los últimos dos decenios, no mira de soslayo los urgentes problemas de las sociedades productoras de minerales, metálicos y no metálicos, especialmente en el caso de los países en desarrollo.
Uno de los grandes retos de estas sociedades es el ambiental. Enfrentarlo exige medidas de conservación y protección de las cuencas hidrográficas y sus acuíferos, aseguramiento del cumplimiento de estándares y buenas prácticas internacionales, monitoreo y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas del sector primario, control más efectivo y reutilización de los desechos urbanos, direccionamiento razonable y planificación del crecimiento urbano, observancia del orden territorial, programas sectoriales de vigilancia y reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) y reforzamiento de la educación ambiental de los ciudadanos. Obviamente, estas obligaciones, que deben ser coordinadas por los gobiernos, supone la cooperación y el apoyo del sector privado en todas las líneas de actuación previsibles.
Hemos afirmado que los países que disponen de importantes reservas de recursos minerales deben aprovecharlos de manera responsable, haciendo prevalecer una visión intra e intergeneracional mediante la priorización de iniciativas de mediano y largo plazo que repercutan positivamente y de manera comprobable en la construcción de las bases de una economía competitiva, innovadora e inclusiva.
Lo cierto es que el contexto de una cultura clientelista-patrimonialista e instituciones vulnerables en las que predominan con frecuencia los enfoques personales y utilitaristas, las negociaciones antinacionales y las maniobras ilícitas, sería difícil traducir en hechos beneficiosos para la sociedad la visión de una minería responsable y sostenible. Junto a todo ello, tampoco ayudan las posiciones de los ambientalistas fundamentalistas, de modo particular su invitación a que la sociedad elija entre minería o ambiente, propuesta que no conduce a ninguna parte.
Necesitamos un giro radical en el cumplimiento de los compromisos y deberes del Estado. En materia minera, este giro implicaría ir más allá de los convencionales argumentos en defensa de la minería que resaltan sus indudables contribuciones a la producción nacional y al incremento de las exportaciones, las recaudaciones tributarias y el empleo productivo. La defensa más idónea de ella debe residir ahora en la demostración irrefutable de sus resultados e impactos en el desarrollo en un marco de responsabilidad y eficiencia institucional; en cómo la renta estatal minera se traduce en más desarrollo y asegura mejores condiciones de vida para las futuras generaciones; en cómo ella puede efectivamente respaldar el esfuerzo para llegar a un país con menos pobreza y desigualdades; finalmente, en cómo apoya las iniciativas de un Estado atrevidamente emprendedor que apuesta al conocimiento.
Este planteamiento resume la convicción de un grupo de técnicos y profesionales que parten del reconocimiento de que los recursos no renovables poca incidencia han tenido en la motorización del desarrollo económico sustentable y que algunos de sus resultados, en innumerables casos, pueden considerarse como perturbadores. No obstante, a diferencia de los fundamentalistas anti mineros, no extraemos de ello la conclusión peregrina de que los minerales no puedan ser beneficiosos para las economías bajo los términos explicados; peor aún, que por definición no pueden mejorar la calidad de vida de la gente, ser aprovechados respetando el medio ambiente y aportando beneficios razonablemente justos a las empresas y gobiernos actuantes, tal y como lo demanda la funcionalidad democrática.
Tan posible es sembrar minería como sembrar arroz o yuca, todo va a depender de la convicción nacional que prevalezca sobre los modos más efectivos de garantizar un balance ambiental razonable del aprovechamiento de las sustancias minerales, y también, como se ha señalado, de que exista la determinación política de que esa siembra se demuestre en términos relativos, es decir, canalizando la renta estatal al fomento de productividades crecientes, priorizando el conocimiento e impulsando la investigación y el desarrollo en exploración, minería, procesamiento, tecnologías ambientales, reciclaje y sustitución de bajo impacto en beneficio de las generaciones futuras.
Sobra decir que el rol activo del Estado en materia minera implica un mayor nivel de responsabilidad de las empresas. Al margen de lo que le corresponde en relación con la función del Estado como regulador y vigilante, ellas deben rendir cuentas a la sociedad sobre sus políticas y prácticas responsables en los ámbitos económico, medioambiental, social y de gobernanza, destacando las prácticas tecnológicas y de gestión promisorias, la atención permanente al tema de los relaves, entre otros, dentro de un contexto institucional liderado por funcionarios comprometidos con la nación y su desarrollo.