No sería exagerado si en una medición de aplicabilidad de la Constitución de la República por parte de las autoridades, los niveles serían muy bajos por una razón más que evidente: la práctica inconstitucional como sistema es más rentable y ventajosa.
En el país existe lo que muchos científicos y filósofos llaman "sistema paralelo político funcional marginal", en otras palabras miles de leyes y varias reformas constitucionales pero en la práctica es lo contrario: un Estado débil e infuncional (Max Weber).
Ese mal institucional está en Latinoamérica también, es endémico en mayor o menor grado, aunque es preciso reconocer que en algunos países se han logrado notables avances logrados por una ciudadanía vigilante y exigente.
El peso de la práctica paralela inconstitucional lo sufre nuestra ciudadanía desesperada y hastiada al ver que"nada funciona", aunque nuestra Constitución establece que nuestro Estado es un "Estado democrático de derecho".
De hecho miles de ciudadanos han mostrado su descontento ante una especie de "inorganicidad" de que adolece el Estado dominicano, incapaz de resolver incluso los problemas básicos como la energía eléctrica y el acceso al agua potable, el mejor ejemplo y el más reciente lo fue la "gran marcha contra la impunidad o marcha verde.
Hay una gran protesta silente motivada por la impotencia ante los graves problemas que acarrean la corrupción y la subsecuente impunidad. Esa es la causa de la inaplicabilidad de la Constitución que establece los valores éticos y morales por los que debe transitar la nación.
Con razón decía Tácito que "mientras más corrupto es un pueblo, más leyes tiene", esos estados son "correctos" en apariencia, leyes duras pero que no se aplican o su aplicación es de manera selectiva.
Tenemos un sistema paralelo inconstitucional, apoyado por prácticas corruptas e insanas realizadas por líderes políticos que coinciben el Estado como un botín.
Ese sistema paralelo que incluye también acuerdos aposentados y transfuguismo, ha traído como resultado que nuestro país no tenga un orden y respeto a la normativa constitucional y las leyes adjetivas.
La esperanza para cambiar el status quo, lo vemos en el inicio de un nuevo despertar de la ciudadanía dominicana la cual es mayormente silente pero sigue avanzando. Aunque falta camino por recorrer, en un futuro no muy lejano, veremos cambios notables.