La movilización por la educación dominicana parte, sepamos, de una base que no ofrece muchas ventajas. Mientras que en España o en Chile la reivindicación de los derechos sociales como las pensiones o la escuela estatal se sostienen en una experiencia histórica (la conciencia de la clase dominante de la necesidad del pacto social, aún con los peores recortes aplicados en dictadura), en República Dominicana la marcha es, puede decirse, desde el kilómetro 0. 

Hay que construir una noción de la escuela pública, o sea, la reivindicación por la educación (en general) se volverá superflua, abstracta, a la hora de dar cuentas de un horizonte de inserción en la vida digna de las masas de ciudadanos excluidos. Identificado en su expresión más concreta, para una dimensión específica de la vida social, defender la escuela es reivindicar que exista el Estado. Ese Estado que la tiranía no tuvo el rol histórico de constituir y que la democracia dominicana vive como amor platónico en el contexto del desarrollo escaso, lento y limitado del país. 

Junto a esa "invención" en el imaginario político colectivo del Estado, recuperado del baúl de los recuerdos de un tenue antecedente en el período de 1961-1965, la otra gran fortaleza de la movilización por el financiamiento educativo es su capacidad articuladora para una política, como la llamaría Hostos, orientada al "poder social". 

Desde el campo de la filosofía, Slajov Zizek retoma las ideas que el psicoanálisis ha aportado a la política y plantea el papel fundamental que tienen las ideas en esa vivencia exclusiva de los humanos, llamada por los griegos "la ciudad". La política –a su juicio- se mueve en la medida que el espacio de lo "universal", el ideal de lo "de todos", está "vacío", en permanente disputa para ser "llenado" por determinadas ideas, proyectos de sociedad, que logran encarnar o no el dilema de su tiempo. 

A medida que los partidos políticos dominicanos dominantes privaticen sus agendas y sus estrategias, y la ausencia de sentido y seguridad de la vida colectiva de la mayoría se acreciente, la reivindicación de la responsabilidad de las partes con el todo, de los más afortunados y los tomadores de decisión con los más vulnerables y los más (como la educación) y su derecho a vivir dignamente en un país donde se cumpla la ley, tiene toda la aptitud para colmar ese espacio "vacío" que logre interpretar el "ser" de una política que, se supone, está sustentada en el favor popular. A la inversa, la gran falencia de la clase política dominicana, mucho más allá de cuántos pesos más, cuántos pesos menos, está en no poder mostrar resultados satisfactorios respecto a qué se ha hecho para construir los espacios de convergencia y solidaridad de una sociedad fragmentada, y las bases de credibilidad en que eso es lo que se quiere. 

Por eso, el potencial de trascender un reclamo al parecer meramente financiero. Mientras el viejo movimiento social fetichiza el acto de protesta por una demanda puntual, local y sectorial, de la pequeña victoria "aquí" y "ahora", deslegitimándose en agendas corporativas, el nuevo movimiento social se podrá constituir hablando de derechos, actuando sobre las agendas que tienen que ver con qué nos hace personas dignas y qué no, en una sociedad en que, se dice, somos (o deberíamos ser) todos iguales. Mientras lo viejo reclama del gobierno resolver administrativamente los conflictos, lo nuevo debe poner al Estado ante el gran ausente, lo público, sin lo cual pasa a ser un monstruo a temer en el mundo de sálvese quien pueda, o mejor: quién más pueda. 

En Chile o en España se mueven los ciudadanos por la reconquista de lo público. En sociedad como la dominicana es el proceso de conquista lo que está en juego. Es decir, primeros, pequeños y a la vez gigantes pasos.