Algunos de nosotros hemos experimentado la sensación que genera enfrentar personalmente un proceso legal: sea civil, penal, laboral, comercial, de tierra, u otro; muchas veces nos vemos en esa situación sin buscarlo o porque intencional nos vemos envueltos en una posición inesperada.
Rabia, impotencia, dolor, frustración o, por el contrario, esperanza, valentía y confianza de que se haga justicia, son parte de las emociones que acompañan a la persona cuando debe presentarse ante una autoridad del sistema de justicia en busca de respuesta ante su caso. Esto debido a que, como ciudadanos esperamos recibir de parte de nuestras autoridades, quienes son las llamadas a actuar ante un hecho ilícito y proteger el derecho fundamental que ha sido vulnerado, una respuesta efectiva a cada caso y a cada individuo particular.
República Dominicana, constituida como un Estado Social y Democrático de Derecho, tiene como función esencial la protección efectiva de los derechos de las personas y se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, siendo una responsabilidad esencial de los poderes públicos garantizar su protección, según los artículos 5, 7, 8 y 38 de la Constitución Dominicana.
Esa estructura que hace efectiva la protección de los derechos humanos en un Estado es el estado de derecho, concebido como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia”. (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. S/2004/616).
Lo anterior significa que todos los individuos deben desarrollar su vida en sociedad de conformidad a las buenas costumbres, las leyes que lo rigen y, de la misma manera, corresponde a las instituciones del Estado garantizar y proteger sus derechos a través de las autoridades. Así, cuando un derecho fundamental de una persona se ve transgredido o violentado de su disfrute pleno, corresponde al actor competente del sistema de justicia dar respuesta eficaz a su situación con el fin de protegerlo.
Sucede que, en nuestro sistema de justicia actual persisten algunas deficiencias en responder a la víctima del delito como pronto auxilio a su pedido, en protección de sus derechos. Han sido muchas las veces que he visto y escuchado personas que han sufrido un daño o una evidente vulneración de sus derechos no querer presentarse ante las autoridades a denunciar el hecho y poner en marcha un proceso penal, simplemente porque dudan que la autoridad competente “haga algo” en su caso.
Sin una respuesta efectiva del sistema de justicia para la protección de los derechos fundamentales y las garantías contempladas en la ley, en particular para los más empobrecidos y vulnerables, se torna difícil la confianza de la población a este sistema.
Penosamente, los sistemas de justicia de la región latinoamericana funcionan de forma deficiente a la hora de hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y esto influye negativamente en la confianza que genera en los ciudadanos el acudir ante estos para hacer valer sus derechos.
Las razones de porqué las personas desconfían del sistema de justicia pueden ser múltiples, pero entre ellas sin duda, la más común, es la falta de interés o proactividad de la autoridad competente en procurar justicia. Provocar que tu caso personal, particular o de repercusión social provoque interés de persecución y justicia en los actores clave del sistema de justicia dominicano puede ser desalentador ante los resultados de persecución y condena que registra nuestro sistema de justicia versus los casos que no pasaron a ser más que una hoja en un escritorio.
Desde mi experiencia en un caso en el que fui víctima de estafa, la falta de interés por parte de la autoridad competente en responder de manera efectiva ha resultado en que, aún cinco años después, no haya obtenido una respuesta definida, todo por consecuencia de la lentitud, tardanza y poco interés de quien promueve y pone en marcha la acción pública, quien garantiza y protege derechos.
Y es en ese sentido que, mientras el ciudadano particular no vea cómo el policía ejerce una investigación proactiva que busca resguardar la seguridad ciudadana, un Ministerio Público que procure dar el mismo valor a los casos de poca monta como los de gran magnitud sin importar quién, un tribunal que aplique correctamente el peso de la ley y el compromiso estatal de brindar atención integral y permanente con oportunidades sociales y públicas a quien ha sufrido un daño, será difícil lograr la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Recuperar esa confianza no ha de ser tarea fácil, pero tampoco difícil; basta con que la autoridad ejerza con voluntad y eficiencia su rol conforme mandato institucional y con esto se va arando el camino al aumento de la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Si los actores claves emprenden acciones tendentes a garantizar derechos de la sociedad y/o de la persona particular, comienza a nacer una esperanza en la sociedad. Esperanza basada en que el sistema de justicia está respondiendo, y que, si el ciudadano se acerca a denunciar o a buscar ayuda, la podrá encontrar.
Un sistema de justicia que responde como protector de los derechos del individuo y de la sociedad, defendiéndolo con interés y con fervor, tiene un impacto directo en la ciudadanía que le anima a confiar en este sistema. En la medida que el sistema de justicia responda con la independencia, autonomía y poder que le ha sido conferido, aumenta directamente su credibilidad y la confianza de sus ciudadanos. El estado de derecho proporciona una estructura a través de la cual el ejercicio del poder de estos actores claves se someten a normas convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos.
El sistema de justicia dominicano busca recuperar la confianza de sus ciudadanos, garantizar el acceso a la justicia y la protección de sus derechos fundamentales.
A ti que me lees y que eres un actor clave del sistema, ya sea en tu rol de auxiliar de la justicia, policía, juez, fiscal, abogado, psicólogo, trabajador social que trabajas para el Estado a fin de brindar servicios ciudadanos, te animo a que sólo trabajes en función del poder que te ha sido conferido, en protección de los derechos de los ciudadanos, de los indefensos y de los más vulnerables. Tu respuesta impactará significativamente el aumento de confianza que se genere en esa persona por el servicio que tú has brindado, porque el sistema de justicia le ha respondido.
Con la confianza latente en el sistema de justicia por parte de la sociedad y el sistema salvaguardando de manera eficaz los derechos fundamentales, la justicia para todos será imparable.
*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.