Uno de los elementos sobresalientes del paquete de políticas promovidas por el Consenso de Washington fue la independencia de la banca central, la que se consagró mediante la desvinculación política de los bancos centrales del poder ejecutivo, la que produce la confianza de la población. Esta propuesta tuvo como telón de fondo el excesivo financiamiento a la política fiscal, responsable de los graves procesos inflacionarios que vivió la región latinoamericana.
Pese a que los actuales funcionarios del Banco Central (BC) enarbolaron como lema “la confianza” como fuente de sus políticas, luego de dieciséis años de gestión resulta pertinente hacer un balance para saber si ganaron la confianza que pregonaron a partir de los resultados de sus políticas.
La confianza del poder ejecutivo se anidó en una política monetaria que favoreció el gasto público a través de los intentos de fijar el tipo de cambio o de mantenerlo con poca variación. Para esos fines, se mantuvieron restringidos los agregados monetarios, y se asumió que el incremento de las tasas de interés promovería la inversión extranjera, así como la entrada de capitales de corto plazo y, por otro lado, se asumió que el empobrecimiento de la población motivaría el envío de remesas al país, todo lo cual terminaría fortaleciendo el sistema cambiario.
En este contexto, se practicó una política fiscal expansiva para estimular el crecimiento económico, apoyado básicamente por el consumo. Extrañamente, el crecimiento no generó empleos, aumentó la pobreza y la distribución del ingreso no tuvo cambios sustanciales. El BC produce las estadísticas de desempleo y como resultaba imposible conciliar el elevado crecimiento económico con la misma, decidió modificar su metodología de recopilación de los datos. A pesar de que el cambio metodológico, la economía no pudo resolver el problema de la pobreza y la desigualdad. Entonces, se propuso otro cambio de metodología en la recopilación de los datos de pobreza y distribución del ingreso, esta vez incorporando los beneficios de las políticas sociales en el ingreso monetario de los hogares pobres y de esa manera, esclaviza al presupuesto público a la reducción de la pobreza y libera a las empresas del problema de distribución de la renta.
Otro aspecto de singular importancia en la construcción de la confianza es el mantenimiento de la independencia del sector que se regula. El BC es una entidad reguladora del sistema bancario que ha sido capturada por los regulados, con quienes ha construido fuertes sentimientos de confianza. Esta práctica regulatoria goza de amplio apoyo de buena parte del sector privado dominicano a tal grado que se ha trasladado a otros sectores de la economía, tal es el caso del sector eléctrico, salud, seguros, pensiones, entre otros. Este hecho, lejos de promover la competencia estimula la concentración, aumenta excesivamente la ganancia y lastima el bienestar del resto de la sociedad a través de la extracción de rentas.
La captura del regulador en el mercado bancario queda de manifiesto en la flexibilización del Reglamento de Valoración de Activos (REA), con ribetes similares a lo que ocurrió en el período 1996-2000 que, como sabemos, constituyó la antesala de los fraudes bancarios.
Durante la presente administración del BC, se ha modificado en varias ocasiones el REA. El BC reconoce como capital el 50% de los préstamos que adquiere la banca y los clasifica como capital subordinado y, para colmo, esos préstamos se utilizan para calcular el índice de solvencia del sector bancario. En otras palabras, la banca se capitaliza sin que sus socios hayan puesto un solo centavo. De aquí la generalizada admiración y confianza de algunos banqueros y en general, de la mayoría del sector privado por la presente administración del BC.
De la misma manera, el BC ha beneficiado a algunos bancos mediante la colocación exclusiva de títulos del BC. Esta exclusividad le genera una atractiva renta (beneficios sin inversión), elimina la competencia en el mercado de activos financieros, estimula la concentración del sistema bancario y el sector fortalece su confianza en el BC. Como ejemplo, asuma una emisión de títulos del BC por RD$5,000 millones, si estos certificados se colocan al público con descuento de 2%, la ganancia de los bancos es de RD$100 millones, sin riesgos y sin invertir un solo centavo.
Por otra parte, el BC administra un sistema cambiario muy costoso para beneficio de la política de deuda externa del gobierno central, de los importadores y de la repatriación de beneficios. Pero la política de intervención del mercado cambiario tiene efectos negativos sobre los contribuyentes, por cuanto la mayoría de los dominicanos pagan con sus impuestos el costo de la política cambiaria. El siguiente ejemplo ilustra esta afirmación; inicialmente los instrumentos financieros emitidos por el BC, con garantía de recompra y a una tasa de interés del 18%, se destinaron a la compra de dólares de algunos bancos comerciales, proporcionándoles una renta fácil y sin riesgos. Los intereses de estos certificados los paga el gobierno y éste se financia con impuestos.
Estas operaciones del BC han elevado su deuda con el público en más de US$7,600 millones durante 2005-2019. Los intereses (déficit cuasi-fiscal) que paga el BC por este monto de deuda constituyen aproximadamente el 80% del gasto corriente para el 2018 (en el 2019, los estados financieros no incluyen el detalle del gasto corriente). Con lo cual la promesa del BC de resolver el problema del déficit cuasi-fiscal, principal ingrediente de la confianza, no sólo no se resolvió, sino que se agravó.
De la misma manera que ha sido un fracaso la capitalización del BC, lo ha sido también la reducción del déficit cuasi-fiscal. Por un lado, el gobierno cumplió sólo en algunas ocasiones con las transferencias al BC; sin embargo, con esos recursos nunca se recompró un título para reducir su stock en el mercado ni mucho menos con los ingresos percibidos por la venta de los activos de los bancos fraudulentamente quebrados. Asimismo, resulta difícil que el BC se recapitalice, porque su actual gestión no ha podido reducir el déficit operacional que oscila en torno a los RD$40,000 millones por año.
Ante el fiasco de su gestión financiera, el BC promueve en el Congreso una nueva Ley de Capitalización, esta vez, por unos RS$620,000 millones (equivalentes a US$10,656 millones a la tasa oficial) que, en caso de aprobarse, significaría un empeoramiento de la situación financiera del gobierno central que, considerando el deterioro de la calificación de riesgo de los bonos dominicanos en los mercados internacionales, implicaría una limitación severa para el financiamiento del déficit fiscal.
Otro de los mitos de la campaña de la confianza del BC radica en la estabilidad en el mercado cambiario. La compra de divisas por parte del BC ha sido frecuente durante estos últimos dieciséis años, con la intención de estabilizar el tipo de cambio y premiar al gobierno y a buena parte del sector privado con el sacrificio de todos. Desde enero del 2005 hasta la fecha el BC ha utilizado la suma de US$19,310.97 millones de sus reservas internacionales, equivalentes al 76.4% de la deuda pública externa del país. Durante este mismo período el tipo de cambio oficial se devaluó significativamente al pasar de RD$28.69 por un dólar americano en enero del 2005 a RD$58.18 al 20 de junio del 2020; el BC no publica información del tipo de cambio del mercado paralelo de divisas ni de las limitaciones de demanda de divisas impuestas por la banca.
El FMI ha reiterado al BC que necesita alrededor de US$16,000 millones de reservas internacionales si pretende estabilizar el tipo de cambio, pero solamente dispone de la mitad de ese monto. De seguir el regulador bancario capturado por los regulados, cabría esperar que continúe endeudándose para mantener el nivel de ganancias de algunos bancos y de los importadores.
Algunos sectores empresariales tienen mucha confianza en las autoridades del BC, puesto que su agenda política ha favorecido al sector privado y al gobierno, pero esta institución no inspira confianza en el resto de los dominicanos, ya que ha perjudicado profundamente al resto de la población. Este este es otro de los cambios inminentes que debe afrontar el nuevo gobierno. Esperemos y veamos si se produce.