Dentro de las funciones de un oficial de cumplimiento se encuentra la de capacitar a sus colaboradores en materia de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (LAFT), con la finalidad de formar al personal para evitar, en última instancia, la inserción en el sector formal de fondos que tienen su origen en dichas actividades.
El programa de capacitación de un sujeto obligado, en épocas como las nuestras, debe considerar la utilización de herramientas modernas de comunicación en la tarea de prevención de los delitos de LAFT.
Una de estas herramientas es, precisamente, el uso de la comunicación institucional destinada a formar a colaboradores, la cual puede también extenderse a clientes, a potenciales clientes y proveedores de productos y servicios. Es importante contemplar y adoptar dentro de los programas de cumplimiento, una estrategia comunicacional de prevención LAFT.
Por medio del uso de la comunicación institucional podemos incluir los temas de cumplimiento en áreas distintas de la cumplimiento, logrando que todos los empleados de un sujeto obligado asuman y compartan las responsabilidades de cumplimiento, convirtiéndose en brazos extensivos de la función de cumplimiento (lo que a su vez permite que las actuaciones delictivas puedan ser detectadas con mayor rapidez y ser elevadas a las autoridades competentes con mayor eficacia y celeridad).
Por su parte, cuando se incorpora la estrategia comunicacional de cara a nuestros clientes y proveedores, ayudamos con el fortalecimiento de la imagen corporativa y con la visión empresarial de evitar (con los medios a su disposición) el uso de los sectores formales en la comisión de los delitos LAFT.
En paralelo, los efectos que puede producir esta forma de operar frente a clientes con potenciales lazos a delitos sancionados son, a título de ilustración, que la empresa representará un riesgo elevado, por lo tanto buscará opciones “más seguras” para sus fines, lo que se extiende hacia un fortalecimiento del sector si aunamos los esfuerzos desde el sector privado.
A los fines de establecer una adecuada estrategia comunicacional de prevención de LAFT es necesario focalizar la misma en el personal identificado como el “público meta” (bien sean éstos clientes, proveedores o empleados, y éstos a su vez dependiendo de las funciones que realizan). Tener delimitados cuáles son nuestros clientes y en qué sector éstos se desarrollan, permite conocer nuestro “público externo” cuyo riesgo debe ser mitigado.
Para definir adecuadamente la estrategia comunicacional de prevención debemos tomar en consideración algunos aspectos o recomendaciones:
En primer lugar, debe dejar claro su contenido, que sea pertinente y aprovechable para el receptor del mensaje. La capacitación focalizada en el personal o empleados debe, como mínimo, comprender los principios básicos o el ABC de la prevención (los cuales han de profundizarse dependiendo de las labores realizadas por el empleado y su interacción con el cliente), la cultura de prevención específica de la empresa en la que presta sus servicios, los riesgos y las amenazas asociados al LAFT (por citar algunos, los riesgos legales, reputacionales, de contagio, metodologías específicas usados en el sector en el cual se prestan los servicios).
En segundo lugar, deben identificarse los recursos y las herramientas con las que contamos y que tenemos disponibles (recursos tecnológicos, correos electrónicos, páginas web, redes institucionales, medios audiovisuales -videos, anuncios, entre otros-).
Como tercer factor, y un elemento esencial y clave en la cultura corporativa de cumplimiento, es la relevancia que a este tema le confieran el Consejo de Administración o Junta Directiva de la sociedad.
Es vital entender la importancia que puede tener incorporar la comunicación en la lucha contra LAFT, así como comprender cómo las comunicaciones (en especial en la era de la tecnología) pueden fortalecer la prevención siendo un medio de fácil acceso y que precisa menores costos en cuanto a su implementación que otros medios.
Este tipo de recurso, simple en primera vista, puede influir en la mitigación de importantes e invaluables costos para el sujeto obligado y la sociedad en general. Incluir la comunicación institucional como herramienta de prevención puede marcar la diferencia en el compromiso de todos (incluyendo el sector privado) en la lucha contra el LAFT.