Desde hace tiempo las comisiones gubernamentales creadas por el Poder Ejecutivo para investigar y calmar a la población ante hechos muy cuestionados por la opinión pública, no van más allá del objetivo con que fueron creadas: una solución coyuntural para jugar al olvido.
Generalmente estas comisiones están conformadas con personas de cierto liderazgo social y económico, en la mayoría de los casos y la experiencia que ha tenido la población es que no logran llegar a sus objetivos. Un mecanismo político de "adormecimiento de inquietudes sociales".
Naturalmente el caso de Punta Catalina no escapa a esa práctica usada desde hace décadas. Hace poco fue creada una comisión para dar respuesta a las inquietudes y cuestionamientos que ha generado este proyecto.
Recordamos que uno de los escollos más fuertes para llegar a un consenso en el Pacto Eléctrico, fue precisamente la falta de información que se tenía acerca de esta obra. En los momentos actuales es casi imposible mantener detalles bajo estricta discreción de un proyecto de esa magnitud.
Me opuse públicamente a la comisión creada en el caso de Punta Catalina porque no es el mecanismo idóneo para que la ciudadanía sepa y pueda tener de manera efectiva el derecho y acceso a la información que es una prerrogativa constitucional, ya que esta iniciativa gubernamental encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado entre sus integrantes había un "conflicto de intereses".
Hago la salvedad de que en ninguna manera juzgo o cuestiono la reputación ni mucho menos la moral de cada uno de los integrantes. Lo que no estoy de acuerdo es con el mecanismo de "solución" al problema.
Lo ideal hubiera sido que desde el principio de esta obra la población hubiera contado con todos los detalles pertinentes de la misma en los renglones relacionados a la ejecución y al costo.
Ahora existe el inconveniente de que ante el clímax de los cuestionamientos y las dimensiones continentales del caso Odebrecht, una marcha anticorrupción programada para el próximo día 22, se buscó la solución coyuntural de crear esta comisión.
Debería ser práctica constante y consuetudinaria que el Poder Ejecutivo sea abierto con todas las posibilidades de que cualquier entidad de la sociedad civil o ciudadano pueda tener acceso a las informaciones en detalle de una obra importante del Estado.
Si los gobiernos siguen con la práctica negativa de la discrecionalidad y falta de transparencia, no saldremos del círculo vicioso de que una vez llegada la crisis de los cuestionamientos de la sociedad, se tenga que crear una comisión.