De acuerdo al Proyecto de Ley sometido por el Poder Ejecutivo, las AFP solo podrán cobrar o recibir ingresos por “una comisión anual sobre el saldo administrado cobrada mensualmente”. La nueva comisión será de hasta 1.4% en el 2019 y bajará 0.05% cada año, hasta llegar al 0.85% en 11 años. A partir del 2031 será revisada para ajustarla a la proyección de los fondos administrados.
A simple vista, para muchos esta propuesta constituye un paso de avance, ya que cambia dos comisiones por una, y además sustituye el límite del 30% actual, por una comisión de sólo el 1.4% el cual, además, se reducirá hasta el 0.85% en 11 años. Pero la realidad será otra muy distinta, debido a que se cambia radicalmente la base del cálculo.
Entre el 2014 y el 2018 el patrimonio gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), prácticamente se duplicó (1.974 veces) al pasar de 238,590.5 millones a 471,048.9 millones, con un promedio anual del 18.0%.
Cada año este aumento fue mayor: 49,313.4 millones en el 2015 y 63,145.2 millones en el 2018, una tendencia que permanecerá durante los próximos 12 años, debido a que todavía son pocas las pensiones otorgadas, en relación a los cotizantes activos.
Estimando un crecimiento promedio del 17% entre el 2019 y el 2022, el patrimonio aumentará 2.14 veces, pasando de 471,048.9 millones en el 2018 a 1,008,343.9 millones al 2023. En adición, aun bajando el crecimiento anual al 15.48% del 2023 al 2028, el patrimonio llegará a 1,969,776.8 millones, 6.28 veces el nivel del 2018.
En cualquiera de los escenarios, el cambio propuesto no reducirá el monto de la comisión de las AFP. La razón fundamental es que, mientras la comisión se reducirá en un 3.57% en el 2020 hasta un 5.55% en 2031, el fondo de pensión continuará creciendo entre un 17% y un 15.5% anual, durante el mismo período, por lo que la reducción sólo será aparente.
Basado en esas proyecciones conservadoras, de aprobarse la propuesta del Poder Ejecutivo, las comisiones de las AFP continuarán creciendo, a expensas del patrimonio de millones de esforzados trabajadores asalariados, de los cuales la inmensa mayoría es víctima de los bajos salarios y de la inestabilidad laboral.
En estas condiciones, las verdaderas beneficiarias serán las AFP al preservar sus jugosas ganancias. Entre el 2019 y el 2023 el monto de la comisión se multiplicaría 1.96 veces, al pasar de 6,418.8 millones en el 2018 a 12,604.3 millones al 2023, y se triplicaría al 2028 al ascender a 19,697.8 millones, 3.07 veces en sólo 10 años.
En adición, de aprobarse este proyecto que establece una comisión sobre “el saldo administrado”, las AFP quedarían totalmente liberadas del riesgo de las inevitables fluctuaciones de la rentabilidad real. Sus beneficios no dependerán de su desempeño, sino únicamente del crecimiento exponencial del fondo de retiro.
Y, como siempre, los verdaderos perjudicados serán los trabajadores asalariados, ya que sobre sus hombros recaerá todo el riesgo de la rentabilidad real. En el esquema actual, que se pretende eliminar, si la rentabilidad se reduce, también se reduce la comisión de las AFP, pero ahora ésta se mantendrá invariable, aunque no aumente el patrimonio de los trabajadores.
Si en el esquema actual de ganar-ganar según el desempeño, el esfuerzo de las AFP siempre ha sido insuficiente, con este cambio el mismo sería prácticamente nulo, ya que de antemano su ganancia estará asegurada, pase lo que pase. Lamentablemente, esa ha sido la experiencia en la mayoría de los países donde existe capitalización individual.
Dada la trascendencia y el interés sobre el Proyecto, considero pertinente que las autoridades nacionales presenten los estudios financieros y actuariales sobre los que se fundamenta su propuesta, a fin de edificar a la opinión pública y a los trabajadores sobre los beneficios esperados del cambio.
Igualmente, solicito a los miembros del Congreso Nacional realizar vistas públicas sobre el tema, en la búsqueda de la mejor solución para los trabajadores dominicanos quienes, como principales protagonistas del SDSS, deben conocer a fondo el impacto del Proyecto y las diferentes opciones para asegurar una pensión digna y sostenible.