Recientemente el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo Merán, informó que se proponía hacer un listado de aquellos candidatos a puestos electivos en la próximas elecciones que favorecen el aborto y a la comunidad gay, para leer sus nombres en las iglesias y pedir a la feligresía que no vote por ellos, creando una seria controversia que involucra no solo temas religiosos sino constitucionales.
El artículo 208 constitucional establece que “el voto es personal, libre, directo y secreto”. Pero dice más: “Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.” El texto no puede ser más claro.
Cuando un líder religioso, sin importar la religión que sea, ordena a la feligresía, en nombre de Dios, que no debe votar por un candidato o candidata porque así lo manda el Señor, o porque al hacerlo se aparta de su camino, no cabe duda de que está coaccionando a los votantes que son creyentes de esa religión, que entonces, para no “pecar”, obedecen estas instrucciones superiores (en lo espiritual), y el voto deja de ser libre como manda la Constitución.
Imaginemos que mañana se permita a los militares y policías votar (porque algún día alcanzaremos el nivel de madurez e institucionalidad que nos permita devolverles ese derecho), y que el Jefe de la Policía y el Ministro de las Fuerzas Armadas impartieran una orden para que no se vote por aquellos candidatos que, siguiendo con el ejemplo, propongan eliminar las fuerzas armadas. ¿Cómo se entendería ese mensaje? Nadie alegaría que se está utilizando el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, pues lo que se estaría haciendo es coaccionando el derecho al voto. Pues estoy seguro que con la religión pasa exactamente lo mismo, y con mayor eficacia pues se está invocando nada menos y nada más que el nombre de Dios.
No solo se afecta el derecho de los electores a votar en libertad, es decir sin coacción, sino que se afecta el derecho de los elegibles a que no se les discrimine por razones religiosas, que es un derecho también garantizado por la Constitución.
Los candidatos y candidatas para las próximas elecciones deberían ser los primeros que protestaran por esta idea del pastor Lorenzo Merán, pues aunque no les afecte debido a sus posiciones sobre estos temas, estarían permitiendo una práctica discriminatoria, desde una posición de poder, en ese caso espiritual, que mañana podría llegarles a afectar por sus posiciones sobre otros temas.
Pero algunos candidatos que nunca han tenido en su agenda de trabajo estos temas, se han percatado de que existe cierta tendencia de la población a las posiciones conservadoras y de buenas a primeras se han convertido en paladines de la “moralidad”, insuflando el ego de algunos líderes religiosos para obtener ventajas electorales. Luego de las elecciones ya veremos como irá decayendo el interés de estos paladines sobre estos temas.
Existe una clara diferencia entre Fidel Lorenzo Merán, el ciudadano, opinando sobre por cuál candidato o candidata votará o entiende que se debe o no votar, y por cuáles razones, a Fidel Lorenzo Merán, el pastor, desde un púlpito, hablando en nombre de Dios, instruyendo a no votar por determinadas personas porque contradicen la palabra de Dios.
La relación entre la religión y la política (y el Estado) ha dado mucho de qué hablar a través de los tiempos. El derecho positivo ha debido incluso intervenir para evitar excesos, como es el caso de la disposición constitucional que prohíbe la discriminación por razones religiosas.
Nuestros líderes religiosos deberían seguir el ejemplo que está dando al mundo, a todas las religiones, el papa Francisco I, quien ha preferido un discurso de tolerancia, de acercamiento, en vez de uno de odio, de expulsión, de discriminación, de rechazo, como han preferido algunos en nuestro país.