Dada la contundencia de las evidencias que se disponen sobre los bajos niveles salariales en República Dominicana y de la tendencia al deterioro de los salarios mínimos y medios reales, el caballo de Troya del CONEP para sus propuestas “flexibilizadoras” son los costos o compensaciones extra salariales (impuestos de nómina de seguridad social, NFOTEP, cesantía, vacaciones, etc.).
Uno de los principales argumentos de la cúpula empresarial para justificar la reforma en curso al Código de Trabajo es que el país tiene “la carga laboral más alta” (65% en promedio) en toda la región de Centroamérica y Caribe, los cuales estarían incidiendo en la baja generación de empleos y afectando la competitividad de la economía dominicana en relación con nuestros mayores competidores de Centroamérica y el Caribe, al ser los más altos en la toda la subregión.
Las estimaciones y cálculos sobre costos laborales no salariales que se han realizado y que pueden realizarse con los datos disponibles de encuestas y registros administrativos difieren significativamente. El porcentaje que en promedio representan dichos costos en relación con los sueldos y salarios bases varía de acuerdo a la fuente, en un rango que va de 29% a 144%. Las estimaciones más divulgadas y publicitadas por la cúpula empresarial son las realizadas por ADECCO en los años 90 y las del año 2014 del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). De acuerdo con el estudio de ADECCO (empresa privada internacional en recursos humanos con efímera franquicia en República Dominicana), los costos legales representan alrededor de 65 por ciento de los salarios bases. Casi duplicando esta estimación, el CREES calcula que en promedio los costos no salariales totales serían el 143.68% de los salarios base.
De otro lado, basado en los registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el OBCMETRA hemos calculado que para el año 2011 los montos de las compensaciones y otros beneficios a los trabajadores se elevan a 62% de los gastos en salarios y sueldos: 45.8% corresponden a otros gastos de personal; 7.1% a aportes a seguros de salud, 7.6% a planes de pensiones; y 1.5% en retribuciones complementarias. Sin embargo, en los sectores manufactura, comercio y agropecuaria en conjunto los gastos no salariales representan el 57.6% de las erogaciones por salarios y sueldos.
Sin embargo, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central, hemos estimado que el porcentaje de todas las compensaciones y beneficios recibidos por los trabajadores –incluidos los desembolsos obligatorios de los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a INFOTEP-, representan sólo el 29% de sus salarios bases. Los desembolsos por vacaciones, dividendos, bonificación, cesantía, preaviso, regalía pascual, beneficios marginales y pagos en especie que habrían de hacer las empresas son apenas el 7.63% de la masa salarial. Un cálculo previo del economista Rolando Guzmán para el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD) del Ministerio de Trabajo sitúa en 46.7% los costos no salariales.
Con respecto a las enormes diferencias entre las estimaciones de costos no salariales provenientes de los registros de DGII con las que se obtienen en OMLAD y en el OBCMETRA, es evidente que o los trabajadores están sub declarando los ingresos que reciben de las empresas por cesantía, preaviso, bonificaciones y otros beneficios y compensaciones, o los empresarios están sobre declarando dichos gastos o costos, contrario a la evidente sub declaración de sus ingresos por utilidades.
De de ser fiables los datos de ingresos laborales que reportan los trabajadores entrevistados a los encuestadores de la ENFT, los costos laborales no salariales, en relación con los salarios bases que pagan las empresas a sus trabajadores en República Dominicana serán relativamente muy bajos en comparación con la media regional, y en particular, con respecto a los niveles en los países de la subregión de Centroamérica y el Caribe. En promedio, el costo mínimo de contratar a un trabajador de manera formal representa, en promedio, un 39% del producto interno bruto (PIB) por trabajador en la región (BID, 2015).
Por el contrario, si los niveles de costos laborales no salariales que resultan de las declaraciones de las empresas a la DGII fuesen ciertos, ello significaría que los empresarios se estarían apropiando, mediante la evasión y la elusión, de beneficios y compensaciones que pertenecen a los trabajadores asalariados. Lo mismo ocurría si fuesen correctas las estimaciones de cesantía, preaviso, bonificación y vacaciones del CREES y ADECCO.
Aún cuando tuviesen visos de plausibilidad los exagerados cálculos de cesantía que hacen ADECCO y el CREES, los costos totales laborales de la mano de obra en República Dominicana permanecerían por debajo de la inmensa mayoría de países de la región. De otro lado, tomando como referencia el salario mínimo de ley, y sumándole la contribución a la seguridad social del empleado y el empleador a dicho salario, el BID estima que el costo laboral como porcentaje de la productividad media (PIB por trabajador) en República Dominicana es de menos del 20%, casi la mitad del promedio en ALC (cerca de 40%), por encima del costo laboral en las economías de los países de OCDE, pero por debajo de las economías de Centroamérica y del Caribe, que son las que más compiten con las exportaciones de República Dominicana (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Panamá.
El costo del despido: cesantía y preaviso
Un costo laboral de especial importancia es la cesantía, sin lugar a dudas, uno de los temas más controvertidos en las relaciones laborales en República Dominicana desde principios de la década pasada cuando se inician las discusiones y negociaciones sobre la nueva Ley de Seguridad Social. Considerada por el CONEP como el más gravoso u oneroso "pasivo laboral” para los empresarios, la propuesta de recorte de los montos de cesantía planteada por dicha organización es la más polémica de las propuestas de modificación al Código de Trabajo que se han presentado a la fecha.
De acuerdo a la estimación que realizamos en el OBCMETRA con los datos de la ENFT, bajo el supuesto de una tasa de despido anual de 20% el porcentaje de los desembolsos por cesantía equivaldría al 5.57% de los montos salariales. Si a este sumamos el costo del preaviso, estimado en 0.70%, el costo total del despido sería el 6.34% del salario base. Incluso, aún bajo el supuesto irrealista de que en un año de ejercicio fiscal la tasa de despidos de las empresas sea de un 100%, o sea, que despidan a todos sus empleados, nuestra estimación de los desembolsos por cesantía que harían las empresas en relación con la masa de salarios queda muy distantes de los estrambóticos porcentajes acumulados por los empleados más antiguos, según CREES: apenas erogarían en el 27.8% de la masa salarial a sus ex-empleados por dicho beneficio.
Estas estimaciones del costo de cesantía están por debajo del promedio regional anualizado de 8.4% que estima el BID para ALC, en términos del flujo de costos que los empleadores deberían prever para un potencial despido. De acuerdo con la estimación del BID para 21 países de la región, al momento de despedir a un trabajador, el costo de despido (stock) promedio regional (calculado para un trabajador con cinco años de antigüedad) representa el 42% del salario anual. República Dominicana se ubica por debajo de este promedio, sólo por encima de Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad Tobago y Jamaica en la subregión de Centroamérica y el Caribe.
Con respecto a los costos de nómina de la seguridad social, indudablemente que a partir de la implementación del régimen contributivo en el año 2007 se han incrementado los costos laborales de las empresas. No obstante, el significativo aumento de la productividad laboral, combinada con el estancamiento del salario real en los últimos 10 años ha compensado con creces esos incrementos en los costos laborales, toda vez que se ha reducido el costo laboral total unitario.
Otro indicador eficiente del impacto que tienen los costos laborales en las empresas es el cociente que resulta de comparar dichos costos con las utilidades de las mismas. ¿Qué peso tienen los costos laborales en las utilidades de las empresas? Los costos laborales en República Dominicana representan el 40% del monto de todas las utilidades netas de las empresas, por debajo de la mayoría de países de la región: sólo en 5 países de los 17 países de la región incluidos (Haití, El Salvador, Santa Lucía, Belice y Trinidad Tobago tienen proporciones de los costos laborales con respecto a las utilidades de las empresas por debajo de la que tiene República Dominicana.
Estas evidencias no confirman, sino que más bien refutan los datos y argumentos del CONEP respecto a los altos costos de la mano de obra (“sobre costos laborales”) en República Dominicana.
Ahora bien, la interrogante clave es si el aumento de los costos de nómina, junto con el probable incremento de los eventuales desembolsos por cesantía desde fines de los 90 ha afectado la generación de empleos formales en República Dominicana. Pese a las evidencias reunidas a la fecha, tanto de datos de encuestas como de tipo anecdóticos de empresarios, se carece aún de resultados concluyentes al respecto, sobre todo a nivel microeconómico, y en particular en las micro y pequeñas empresas (MYPEs).
En síntesis, visto desde la perspectiva del proceso productivo, como costo laboral, las remuneraciones al factor trabajo en República Dominicana no están afectando la rentabilidad ni la competitividad de las empresas. Particularmente los costos no salariales (contribuciones a la seguridad social, vacaciones, cesantía y preaviso eventualmente, y otras compensaciones no salariales) no están incrementando la carga laboral en un nivel superior al que predomina en la región, como sostiene la cúpula del empresariado.
Particularmente, el argumento de que los bajos los salarios son inevitables para continuar atrayendo la Inversión Extranjera Directa (IED) y preservar la competitividad externa es falaz. Tampoco los costos no salariales (contribuciones a la seguridad social, vacaciones, cesantía y preaviso eventualmente, y otras compensaciones no salariales) están incrementando la carga laboral en un nivel superior al que predomina en la región, como sostiene la cúpula del empresariado.