En la primera parte del presente artículo repasamos la enorme cantidad de recursos que mueve el narcotráfico y el daño que causan las drogas a la salud de los consumidores. Ponderamos, a la luz de ensayos como la del editor británico Tom Wainwright, el parecido que guarda un cartel de las drogas con cualquier otro mercado legalmente establecido.
Existen en el narcotráfico una serie de elementos que coloca a los carteles en la misma posición de cualquier industria, con la diferencia de que estos, en la mayoría de las legislaciones, comercian con sustancias prohibidas.
Si los cárteles son empresas que operan con las mismas formulas del mercado, entonces deben considerarse los conceptos de oferta, demanda, producción, intermediarios y operarios como elementos existentes en el predicho mercado negro.
Es así, como en una eventual legalización de las drogas, el narcotraficante pasará a ser el empresario, los traficantes de niveles medios serán comerciantes, las drogas productos, y los cárteles empresas.
De acuerdo con el criterio de algunos, específicamente la de los sectores y grupos más liberales, las drogas deben ser despenalizadas. Los que así piensan, consideran que los efectos de una eventual legalización traerían más cosas positivas que negativas y que muchos de los problemas generados por el narcotráfico quedarían resueltos al efecto. Dicho pensamiento obedece, de alguna manera, a la creencia de que los problemas colaterales a la comercialización de las drogas no derivan del consumo mismo, sino de la prohibición.
De igual manera, los activistas a favor de la legalización pretenden defender el derecho inherente que tienen las personas de elegir sobre sus propias vidas; cuestión que se relaciona con el derecho fundamental de la libertad. Si una persona se decide al uso de estupefacientes, pues ese es su derecho, y el Estado no debe intervenir prohibiéndole el consumo.
No obstante, los que así opinan no reconocen la función reguladora que tienen los Estados y sus principales atributos; los cuales van desde el monopolio de la fuerza y las facultades punitivas.
Los derechos, incluso los fundamentales, tienen circunstancias de excepción, sobre todo aquellas que vienen dadas por situaciones de hecho donde el Estado debe intervenir.
Al interponer el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida como un recurso argumentativo en favor de la legalización, debe medirse entonces aquella prerrogativa con el derecho fundamental de la salud, el cual se ve afectado con el consumo.
Es así como el Estado puede, excepcionalmente, suspender derechos a las personas en aras de proteger otros derechos superiores o garantizar el bien común y la paz social. Lo propio ocurre en los casos de condenas penales, donde el derecho a la libertad se suspende, y en los Estados de Excepción, que una vez promulgados se recesan algunos derechos.
El problema con las drogas es que son altamente nocivas para la salud humana, y aunque algunas sean depresoras o estimulantes, casi todas generan adicción.
La lucha contra las drogas no debe encaminarse por los senderos de la rendición, pretendiéndose con ello resolver el problema por la vía fácil legalizando algo que terminará por enfermar a todos los consumidores, sino más bien por la redefinición de políticas públicas más efectivas que ataquen verdaderamente el problema y produzcan resultados más positivos.