En medio de la pandemia del coronavirus o Covid-19 que azota en estos momentos a la humanidad, el doctor Miguel Suazo, pionero de la Bioética en la República Dominicana, ha estado aireando el tema de la ética y la bioética y haciendo aportes innovadores. Yo solo quiero sumarme a este esfuerzo y tratar de elucidar algunos aspectos de la temática a la luz del develamiento de la realidad que van haciendo los acontecimientos.
Un primer aspecto que me parece pertinente abordar desde la perspectiva ética y bioética es el de la salud pública y más concretamente, el de los sistemas de salud. Según puedo apreciar, esta pandemia mundial ha revelado, que nadie está en mejor capacidad para lidiar con una crisis como esta que el sistema de salud pública. Como único garante de que la atención y los recursos de salud lleguen en forma equitativa a todos aquellos que los necesitan.
Esto significa, en consecuencia, que la salud de la gente, y los sistemas de salud que la garantizan para todos, tienen que ser un bien público. En este sentido, la práctica médica, y en general, todos los servicios de salud y de salubridad no pueden seguir siendo un instrumento para el lucro privado. Pero del mismo modo, tampoco pueden seguir siendo monopolios privados para el lucro, las investigaciones químicas, médicas y farmacológicas, así como la producción de fármacos y su distribución a la población. Ello, en el entendido, de que el bien social y colectivo debe estar por encima de lo privado e individual.
Esto no quiere decir que, en la sociedad actual, basada en la propiedad privada de los medios de producción de bienes y servicios, se deba proscribir el ejercicio privado de la medicina y otras prácticas relacionadas con la salud. Tampoco que se viole el derecho privado e individual. Sin embargo, en algún momento se tendrá que legislar para que en situaciones de emergencia como la actual, los centros privados de salud, así como de producción y distribución de fármacos, puedan ser subordinados al sistema público de salud por el tiempo que sea necesario. Desde luego, bajo las condiciones que establece el sistema jurídico nacional.
En este sentido, la Constitución de la República, en su Artículo 51, numeral 1, deja claro que, si bien ninguna persona puede ser privada de su propiedad, esta puede ser declarada de utilidad pública o de interés social por causa justificada. Asimismo, el Artículo 61 consigna el derecho a la salud integral de todas las personas. El numeral 1 de este artículo establece que:
El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.
Las prerrogativas éticas de todas las personas en el ámbito de la salud, planteadas desde la perspectiva de su autonomía, bienestar y felicidad, no pueden realizarse sin la intervención garantista de las leyes y del Estado como responsable ante la sociedad y los individuos. La presente crisis que ha traído la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las profundas debilidades y falencias del sistema de salud pública de muchos países, y en particular, de la República dominicana. Esto coloca en situación de mayor riesgo a las personas más vulnerables física, económica y socialmente.
En consecuencia, para que el Estado pueda hacer cumplir de manera responsable el derecho a la igualdad establecido en el Artículo 39 de la Constitución de la República, y de manera particular, garantizar la salud de todas las personas, debe hacer más énfasis en el fortalecimiento del sistema de salud del país. Ello implica, un mejor diseño de las políticas sociales en el ámbito de la salud; el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salariales del personal de salud; más inversión en la capacitación y especialización del personal médico; el mejoramiento de la infraestructura de salud, particularmente, laboratorios, clínicas y hospitales; más inversión en investigación médica y de salud en general; mejorar los sistemas de producción de medicamentos y de su distribución a la población, entre otros. Todo esto implica la destinación de mayores recursos al desarrollo y sostenimiento del sistema de salud pública nacional.
Sin ese fortalecimiento, que conlleva una reestructuración profunda del sistema de salud, la cuestión ética fundamental de la salud pública, que consiste en la distribución justa y equitativa de los servicios de salud a toda la población no podrá realizarse. Y el derecho a la igualdad consignado en el artículo 39 de la Constitución, no pasará de ser letra muerta. Porque no hay manera en que el Estado pueda garantizar adecuadamente el acceso a la salud de todas las personas y mucho menos, en una situación de crisis y emergencia como la actual, con el deplorable estado del sistema con que contamos hoy día.